Es sabido que no es suficiente contar solo con razones técnicas fundamentadas para implementar cambios profundos o hacer reformas, es necesario que también existan otras condiciones. El Código de Aguas implementado el año 1981 en Chile es un buen ejemplo de esto, donde los aspectos técnicos se alinearon con el modelo político y económico predominante en ese momento. De igual manera, la reforma del Código de Aguas del año 2022, que se demoró más de 10 años y su aprobación, solo pudo ser obtenida en la medida que se alineara lo técnico y lo político.
En la actualidad, existen en trámite legislativo una serie de iniciativas en materia de aguas de distintos gobiernos y del parlamento, que no siempre están conectadas o coordinadas, como la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, regulación de la desalación, reutilización de aguas tratadas, las leyes y políticas ambientales y otras. Este año se incorporará una nueva iniciativa legislativa, la ley de los Consejos de Cuenca (OdC), mientras tanto, se ha iniciado la puesta en marcha de estos organismos en cada una de las regiones del país. Sobre este tema, en los últimos 30 años han existido varios intentos de implementación, tanto por el sector público o privado, sin embargo, ninguno ha logrado su objetivo.
Esta iniciativa se respalda técnicamente en la profunda y prolongada escasez de recursos hídricos, junto con el daño que estamos realizando a los ecosistemas acuáticos, poniendo en riesgo el acceso al agua de las personas, nuestra capacidad productiva y ambiental y la estabilidad social. Esta situación existe hace un buen tiempo y no hemos reaccionado con la urgencia necesaria.
El contexto actual del país, que podríamos denominarlo como de “transición” política, social y ambiental, propicia cambios concretos para enfrentar nuevos requerimientos de la sociedad y del medioambientales que son multisectoriales, como la falta de agua y alto aumento de la demanda de los últimos 30 años, el desarrollo del proceso de la nueva Constitución y su impacto, las exigencias de la comunidad de participación en el diseño de políticas públicas y los cambios tecnológicos, que nos permiten producir de una forma más eficiente sin impactar negativamente el medioambiente. Todo esto nos obliga a buscar nuevas formas de hacer las cosas y desarrollar nuevas capacidades y competencias.
Lo anterior nos está dibujando un nuevo contexto que, sin estar exentos de tensiones, nos está generando desconfianzas y un cuadro amenazante entre algunos actores y de expectativas u oportunidades para otro. En lo que sí existe cierto consenso entre el Estado, la mayoría de los actores del agua, algunas OUAs, academia e incluso ONGs, es la necesidad de una gestión integrada y participativa de los recursos hídricos en las cuencas. Esta visión se alinea con las recomendaciones de la ciencia y de organismos internacionales como la ONU, CEPAL, BID, BM y otros, entregando mayor fundamento teórico y político a la existencia de los organismos de cuenca.
Los factores críticos de este proceso son la falta de normativa, su financiamiento y la participación pública privada. Si no se logra incorporar a todos los actores de la cuenca como son los usuarios con o sin derechos de agua, no usuarios, academia, comunidades, sector municipal y público, no será posible construir un espacio institucional legitimado, que permita crear visiones y decisiones compartidas. Por ello, se ha optado por el mecanismo de la construcción participativa del OdC con las instituciones locales, bajo el liderazgo de los Gobiernos Regionales y no una organización construida e impuesta centralizadamente de algún ministerio, como se realizaron las anteriores.
La ley que de soporte jurídico a estas organizaciones, se enviará al congreso durante la puesta en marcha, pero podrá demorar 5 o 10 años. El sentido de urgencia exige que el liderazgo de los GORE sea el apoyo institucional y financiero, o busque financiamiento mientras se promulga la ley que les dé vida formalmente. La falta de normas de estas organizaciones es un aspecto que debilita este proceso, motivando a ciertas juntas de vigilancia (JV) y agrupaciones de canalistas desistan de participar o miran con recelos esta iniciativa. Sin duda están en su derecho y esa decisión es un riesgo para este proceso, pero también es un riesgo para los actores que se resten, no solo de perder el acceso a un amplio espacio participativo, que permite incidir en decisiones locales como la planificación hídrica, estar informado y evitar conflictos, entre otros.
Finalmente, en los últimos días una JV ha sugerido que ellos puedan cumplir con el rol de este OdC. Esta propuesta no es viable porque la JV tienen un rol muy preciso determinado por ley muy distinto a los OdC, que responden a la planificación a nivel de cuenca, la coordinación de lo público con el privado y una representación amplia de diversos actores. Por otra parte, es positivo que exista la separación de estos OdC con aquellos que tienen funciones operativas en la administración y distribución del agua en la cuenca.
