Existe un consenso global que uno de los tantos efectos de la sequía y del cambio climático, es haber dejado al descubierto una institucionalidad pública y privada que no está apta para operar en los nuevos escenarios hídricos. Nuestro país no ha sido una excepción, tenemos un marco normativo e institucional que ha mostrado no contar con los instrumentos e incentivos adecuados para resolver la falta de agua y buscar la seguridad hídrica equitativa y el debido cuidado del medio ambiente, razón por la cual se han realizado una serie de reformas y otras están a la espera. De esta manera, la institucionalidad se ha transformado en parte del problema, más que parte de la solución.
Llevamos mucho tiempo “esperando” con urgencia los cambios que permitan resolver este nudo y una de las causas ha sido la inmovilidad del Estado y su lentitud para realizar las reformas necesarias. Pero también es cierto, que en nuestro país estamos enfrentando una serie de cambios paradigmáticos de cómo enfrentar un desarrollo más integral, equitativo, focalizado más en la comunidad que solo en el PIB. En esta etapa, que ha sido un poco convulsionada, uno de los hechos más relevante ha sido el proceso constitucional que, en lo referido al agua, la convención hizo una serie de propuestas en el texto constitucional basadas más en aspectos político e ideológicos que de análisis técnico y de realidad política, que junto a otras propuestas fue rechazada mayoritariamente por la comunidad, dejándonos nuevamente “en modo pausa" debilitando la prioridad política del agua para continuar con los cambios necesarios.
Sin embargo, con la conformación del “Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa” encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, se ha iniciado la implementación de los Consejos de Cuencas en todas las regiones del país, (CdC) a través de los Gobernadores, aun cuando la ley que los crea no ha iniciado su trámite legislativo.
La creación de un organismo de cuenca ya contaba con el respaldo transversal de los distintos sectores de usuarios, incluso, organismos internacionales (CEPAL, BID, OCDE) llevaban años sugiriendo su aplicación. Este es el avance estructural más significativo de las últimas décadas en materia de recursos hídricos, no solo porque se define a la cuenca como la unidad básica de gestión del agua y permite ser más eficiente en el uso de los recursos hídricos, sino que se está descentralizando parte del poder central, radicándolo en los territorios.
Con la incorporación de los actores públicos y privados de la cuenca en la toma de decisiones, se están acercando las soluciones a los problemas locales, entregando autonomía a las regiones y cuencas, eliminando gran parte de la burocracia existente, dando al agua un contexto concreto en lo territorial, ambiental, social y económico, obligando a los involucrados a buscar acuerdos entre las partes y compartir visiones de las aguas para la toma de decisiones, legitimando la nueva institucionalidad condición necesaria para su sustentabilidad, credibilidad y efectividad. Esta mirada descentralizadora y amplia, pero a su vez, integradora, colaborativa y sistémica, se concreta en un organismo público autónomo como serán los CdC.
¿Será suficiente para resolver la crisis hídrica? Sin duda que no, pero es una definición importante que permite empezar a configurar una nueva institucionalidad tipo botton up, que permite iniciar un tipo de gestión distinto de lo que existía en el ultimo siglo, donde las decisiones territoriales se toman directamente por los afectados de acuerdo a la normativa, las políticas públicas y planificación nacional, transformándose en un cambio que apalanca la regionalización y la adaptación de la nueva institucionalidad hídrica
Por otra parte, la implementación de estos organismos locales no será fácil, juntar distintos actores que muchas veces tienen visiones distintas, conflictos pendientes o antiguas diferencias entre ellos que no han sido resueltas y con servicios públicos centralizados sin una coordinación efectiva y desconectados de los territorios. Reunir y representar estos grupos de interés para incorporarlos a una gestión compartida donde el foco debería estar en el uso eficiente y equitativo de los recursos hídricos y sus fuentes, por sobre los intereses individuales, políticos o corporativos, no será fácil.
Sin duda, la implementación será el mayor desafío de las regiones que, además, tienen una fuerte expresión política y económica. Construir un proceso que requiere gestionar las aguas, necesita de dialogo, colaboración, resolver las diferencias y superar las desconfianzas para lograr visiones compartidas, de igual manera, la autoridad debe ser creíble, robusta técnicamente, políticamente seria y con mirada de largo plazo.
Finalmente, en este proceso se echa de menos una política pública transitoria, que acompañe y entregue un marco sobre el cual opere esta nueva institucionalidad para dar el sentido y contenido mientras se tramite la ley que los regule. Es recomendables que los liderazgos locales cuenten con un marco político funcional para evitar la captura de los CdC por actores o grupos locales con poder político o económico que impidan una sana institucionalidad y lograr su legitimidad. Por otra parte, deben existir incentivos y beneficios inclusivos para que el interés de los usuarios por participar sea superior a no participar, de no ser así, se pueden obtener organizaciones con asistencia pasiva sin participación, impidiendo el debate efectivo.
