La Real Academia Española ofrece cuatro acepciones a la palabra mito:
- Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico.
- Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Por ejemplo, el mito de Don Juan
- Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima.
- Persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencia que no tiene. Por ejemplo, su fortuna económica es un mito.
Queda claro que el mito pertenece a la categoría de lo maravilloso, historia ficticia o, simplemente, por sentimiento o por ignorancia, el mito viene revestido de atributos que no se corresponden con la realidad. Por lo tanto la expresión falso mito es una redundancia amable sin duda atribuible a un uso poco cuidadoso del lenguaje y de su capacidad expresiva. En algunos casos, parece como si la palabra mito hubiera servido únicamente para suavizar la palabra falso (o como se dice en el resumen, “engañoso”) que, esa sí, se entiende bien. En otros casos, no queda clara la relación entre el tema tratado y los “falsos mitos”.
Así pues, con esa divisa, a lo largo de 2017 hemos asistido a una campaña que, aparentemente, pretendía derribar falsedades. O, mejor dicho, lo que sus promotores consideran falsedades. Hagamos un breve repaso de los temas, agrupados por su relación con el lema de la campaña:
- El agua no es infinita
- Tener agua potable en casa es una labor compleja
- El agua del grifo es igual (o mejor) que el agua embotellada
- La gestión, además de pública, puede ser mixta o privada
- El derecho al agua no significa que el servicio deba ser gratuito.
No tengo nada que objetar a esos enunciados ni alcanzo a comprender por qué se incluyeron en la relación de “falsos” mitos. A mi entender, esos episodios fueron un simple pretexto publicitario de los promotores de la campaña para explicar sus iniciativas y logros en cada uno de esos campos.
A esas formulaciones les acompañan otras que por su carácter equívoco merecen comentarios específicos:
- La gestión privada fomenta el empleo. Claro que sí. Pero no se olvide que lo que genera empleo es la actividad en sí, sea cual sea la forma de gestión. ¿O es que la gestión privada genera más empleo que la pública? Quizá eso significaría que es más ineficiente, o que en esa dinámica existe alguna motivación desconocida.
- Las empresas no sólo buscan beneficio económico. Las empresas privadas se crean para ganar dinero, esa es su razón de ser, y para ello se dotan de los mecanismos complementarios que les aseguren la maximización del beneficio. Si mezclamos objetivos finales y objetivos instrumentales, la afirmación es cierta. Para una empresa inteligente, la prioridad es la satisfacción del cliente, como forma de maximizar sus beneficios.
- Delegar la gestión no es privatizar. Primera confusión: ¿por qué se sustituye la palabra contratar por delegar? Pero la confusión de fondo no es esa. La intervención de un agente privado en la gestión del agua ha venido acompañada de sesgos substanciales. Entre los más frecuentes, la creación de dependencias económicas entre contratante y contratado que han condicionado intensamente el debido control a que debe someterse el contratista. Por otra parte, se han observado resistencias notables a facilitar información del servicio a su titular, y a veces, incluso resistencias a facilitar una transición ordenada una vez finalizado el contrato. Ahí están los riesgos, en la forma en que las cosas suelen suceder en nuestro país.
- No se corta el agua a nadie que no pueda pagarla. Aquí se mezcla la realidad –al que no paga se le corta el agua (y luego se le cobra por el reenganche)- con el juicio circunstancial de si puede o no puede pagarla. La crisis puso de manifiesto que mucha gente no podía pagar el agua y aparecieron diversos mecanismos para poder paliar el problema y reconocer el derecho básico al agua. Eso no significa que las empresas hayan desarrollado mecanismos solidaros por iniciativa propia ni que lo detraigan de su bolsillo, sino que se han arbitrado mecanismos tarifarios y fiscales que contribuyen a ese fin. No se conocen cuentas anuales de empresas que destinen fondos específicos a esa finalidad.
- Las empresas no fijan el precio del agua. Cierto, el precio del agua lo aprueban las ordenanzas fiscales y/o las comisiones de precios de cada comunidad. Las empresas proponen los escandallos de costes que dan soporte a esas decisiones, y esos costes dependen de factores internos del servicio –si el agua es rodada o hay que bombear, el ratio de inversión necesario, la fiscalidad asociada- y factores asociados a la forma de gestión, como el coste de los contratos vinculados o el beneficio de explotación. En otras ocasiones he propuesto –de momento sin éxito- un análisis riguroso de la estructura de coste de las tarifas de agua y sus condicionantes.
- El agua del grifo es barata. Es mucho más barata que el agua embotellada, cierto. De ahí no se deduce que su coste o los componentes de ese coste estén siempre justificados, sino que ese precio asequible explica por qué se ha convertido en refugio financiero apetecible para el sector privado.
- Las empresas gestionan con transparencia. Ya me he referido a ello anteriormente. Me encantaría poder defender esa idea.
