Los antecedentes analizados permiten un enfoque específico para los servicios del ciclo local del agua. En ellos se dan dos tipos de datos, los inherentes al propio funcionamiento técnico y económico del servicio, y los datos relacionales con sus abonados.
Los primeros incluyen informaciones tales como:
- características de los elementos físicos del servicio (capacidad, diámetro, material y otras especificaciones técnicas, año de instalación, historial de mantenimiento y averías, etc.).
- datos en relación al agua objeto del servicio, volúmenes, caudales, calidad sanitaria, presiones, etc.
- datos administrativos y contables, tales como personal, proveedores y el historial de relación, facturaciones, inversiones, existencias, y los correspondientes asientos contables,
Todos esos datos están dentro del perímetro del servicio y pueden considerarse datos de gestión. Sobre su uso y control cabe señalar que, en el caso de gestión privada, los problemas que suelen observarse se relacionan con una cierta cicatería del gestor en sus informe periódicos a la administración concedente, y la frecuente falta de diferenciación entre las cuentas de explotación de la concesión y la contabilidad general del concesionario, con lo que no es posible conocer el detalle económico de la concesión que es lo que importa a cada municipio. Sea como sea, los problemas en relación a ese tipo de información entran dentro del ámbito clásico de las relaciones entre concedente y concesionario. El enfoque adecuado de su conocimiento y control depende de la claridad del pliego de condiciones y de la efectividad con que se efectúa el seguimiento.
Los datos relacionales con los abonados son otra cosa, pues son objeto específico de protección, no sólo por su carácter constitucional (artículo 18.1: se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y 18.4: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos), sino por la regulación específica que desarrolló la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Claro que muchos de esos datos pertenecen también al ámbito de la gestión interna del servicio, como son las pólizas o contratos de abono al servicio, los historiales de consumo periódico que dan pie a la facturación o las incidencias de relación que puedan haber (altas, bajas, traslados, impagos, etc.).
El problema se agudiza con los contadores digitales pues permiten obtener más información del abonado que la estrictamente necesaria para facturar. Ello obliga a un replanteo sobre las condiciones y límites que deben establecerse a la obtención, propiedad y uso de esa información. La cuestión que se plantea tiene diversos aspectos:
- El perímetro del servicio. Es conocido que en muchos servicios de abastecimiento los contadores, su propiedad y mantenimiento, están fuera del perímetro estricto del servicio. En general han sido adquiridos por el abonado al servicio, al que se le cobra un precio por su mantenimiento. En otros casos son propiedad de una empresa vinculada al gestor, que factura por su alquiler y mantenimiento. La lectura y gestión de los datos derivados son objeto de tratamiento específico hasta la facturación, que con frecuencia efectúan empresas especializadas vinculadas al gestor. Raras veces el control municipal alcanza a conocer los detalles de esos vínculos ni tampoco la forma en que los datos pasan del exterior al interior del perímetro del servicio y el uso que de ellos se efectúa en otros ámbitos.
- Análisis coste beneficio. No se sabe de ningún análisis efectuado sobre el escenario de la digitalización de los contadores de agua. Ese es un trabajo que debería impulsarse desde las instituciones públicas con responsabilidad, y del que deberían desprenderse concusiones relativas a las condiciones de implantación, financiación y uso de los contadores digitales.
- Previsiones de implantación en los planes directores de abastecimiento. Esos planes definen las necesidades de inversión en los abastecimientos, ya sea para su renovación y mejora, ya para acordarlos con las futuras expansiones urbanas. Esas necesidades se cuantifican y se priorizan, a la vez que se define el sistema previsto para su financiación. Lógicamente, deben incluir una referencia a la digitalización de los contadores como una de las cuestiones esenciales para el futuro del servicio.
- La regulación de los tipos de datos, su propiedad, régimen de uso y el derecho de acceso de los diferentes actores del servicio.
- Financiación. No hay que olvidar que hasta el momento, nuestra relación con las empresas tecnológicas supone que recibimos servicios gratuitos a cambio de entregar nuestra intimidad. Lo que está empezando a suceder con los servicios eléctricos es que pagamos por la implantación de instrumentos de extracción de nuestros datos, lo cual es aún más peregrino, pues le da una vuelta de tuerca adicional a la situación conocida hasta el momento.
- Si comparamos con lo sucedido en el sector eléctrico, podemos observar analogías,
- La lectura remota continua opera de forma análoga a la de los contadores eléctricos.
- La posibilidad de desconexión o conexión remota del suministro.
- La comunicación con otros dispositivos.
- El envío de información de consumo y facturación en tiempo real a una red local.
Y también diferencias, pues:
- la comunicación no es bidireccional como la generación distribuida de electricidad, sino unidireccional pues los abonados no son ni serán productores de agua.
- los sistemas de tarificación avanzados aquí son una posibilidad a la que se abre la puerta y sobre la que no hay debates previos. Tarifas específicas como las nocturnas o de fin de semana, hoy son de imposible aplicación y en el futuro quizá se planteen.
No me cabe ninguna duda de la enorme importancia, las posibilidades y los riesgos que se abren. De ahí la necesidad de estudiar, conocer y regular la cuestión antes de que la realidad se nos venga encima.
