El agua nunca fue cartel electoral positivo en Cataluña. En negativo, sí: la tenaz oposición al trasvase del Ebro —que contrastaba con la tolerancia al trasvase del Ter a la región metropolitana—. En ridículo, también: como las prioridades del primer tripartito, entre las que se proponía resolver el problema del agua con la prohibición de más campos de golf. O en las huidas hacia adelante, con la propuesta de trasvase del Ródano, que obligaba a un difícil tratado internacional entre los gobiernos español y francés.
El déficit de agua en la Cataluña urbana es bien conocido. Está establecido en los diversos documentos de planificación que nunca pasaron de estudios a programas financieros y ejecutivos. Incluso durante la fiebre independentista se reconoció en el Informe nº 9 del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Generalitat de Catalunya, julio de 2014) se proponía la modernización de los regadíos para obtener ahorro y eficiencia en el uso de l‘aigua en los canales históricos de Cataluña —Urgell, Aragón y Catalunya, Baix Ter, etc.—, de lo que resultaría una mayor disponibilidad de agua —estimada entre 146 y 225 Hm³/año— para el medioambiente y otros usuarios.
Esta perspectiva es doblemente ilustrativa, pues en la modernización del canal de Aragón y Cataluña no ha intervenido la Generalitat -ausente de sus obligaciones de cogobernar en el marco de la CHE la parte catalana de la cuenca del Ebro—, a la espera de una solución viable el canal d’Urgell sigue regando mayoritariamente como en el siglo XIX, y el Segarra Garrigues sigue a la espera de agua para poder regar.
La segregación formal entre la política agraria y la política de agua ha tenido el efecto de desequilibrar el uso del agua disponible entre los regadíos del país y entre los distintos grupos de usuarios, urbano, industrial y agrario.
Hasta la reciente sequía, las candidaturas no creyeron necesario el diseño previo de programas que propusieran una política hidráulica que encajara con la política económica y territorial, y que hiciera del agua un soporte sólido para el crecimiento económico y social e impulsara el equilibrio territorial.
Es posible que esta vez se ejecuten las infraestructuras que están sobre la mesa. Lejos todavía la ejecución de la mayoría de ellas, quizá las lluvias que están llegando permitan pasar el verano con menos aprietos y se mantenga el programa de actuaciones previsto.
No obstante, queda lejos la reforma de nuestra administración hidráulica y su orientación a la gestión efectiva de todos los recursos hídricos de Cataluña, a un planteamiento técnico y financiero que prime la eficiencia e incorpore la tecnología necesaria para ello.
Desde la crisis de 1990, Cataluña ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes. Ello significa que, en dotaciones de emergencia (200 litros/habitante y día) se necesitan 146 Hm³ más de agua, es decir, el doble de lo que producen las desaladoras hoy en funcionamiento. El resto, lo hemos aportado los ciudadanos con el ahorro que hemos sido capaces de hacer.
Desde esa época, el abandono agrario de tierras marginales ha incrementado la superficie de bosque y matorral en 300.000 Ha, en especial en las cabeceras de los ríos. La evapotranspiración ha aumentado y la aportación de nuestros ríos ha disminuido proporcionalmente en unos 900 Hm³ anuales.
He aquí algunos apuntes que obligan a pensar en política territorial y económica y sus relaciones con el agua disponible, ya sea caída del cielo o producida. Alguien tendrá que ocuparse de eso antes de que sea demasiado tarde.
