El inacabable debate sobre los modos de gestión de los servicios esenciales ha sido iluminado por dos fulgurantes destellos: Arabia ha detenido la privatización de Saline Water Conversion Corporation (SWCC) y Francia ha anunciado que pagará más de 7.000 millones de euros por hacerse con el 100% de EDF la empresa de la que ya posee el 84,5% del capital.
Algo ha pasado para que el mayor productor mundial de agua desalada haya decidido mantener el control de ese activo estratégico a través del fondo soberano del gobierno saudí. Con ello se da marcha atrás a la decisión de privatizar la SWCC que se había tomado en 2019. La explicación del ministro saudí de Medio Ambiente, Agua y Agricultura es que así mejorará el nivel de los servicios prestados y se contribuirá a la sostenibilidad, además de permitir las inversiones en el sector del agua que en 2025 han de permitir la producción de 14 Hm3 diarios de agua desalada.
Será interesante seguir los pasos de este cambio de orientación, pues aquí no se trata de un debate ideológico, inexistente en Arabia, sino de un planteamiento de carácter estratégico sobre un recurso vital que, en ese caso, requiere importantes cantidades de energía para ser obtenido y canalizado hasta los puntos de consumo.
El carácter estratégico también estaba implícito en el inicial proyecto de privatización de la entidad cuyo objetivo en 2019 era buscar el mejor equilibrio entre los beneficios esperados, que eran:
- Mejorar la calidad del servicio a los usuarios a los menores costes posibles.
- Atraer inversores y estimular la participación privada.
- Reducir los costes públicos
- Desarrollar el sector gracias a la creación de un ambiente muy competitivo y dar soporte a los aspectos locales.
- Simplificar la implementación del programa a fin de reducir tiempos y esfuerzos.
Pues bien, ese planteamiento es el que ha decaído, aunque es de esperar que los objetivos de calidad y de contención de costes y esfuerzos se mantengan.
Obsérvese que en ese caso no aparece el debate político entre derecha e izquierda al que estamos tan acostumbrados en nuestras latitudes, ni tampoco la necesidad financiera de recurrir al sector privado, que en nuestro entorno ha introducido confusión, pues no se trata de qué sistema de gestión es mejor, se trata de que nuestras administraciones locales se ven literalmente lanzadas a brazos del sector privado por las estrecheces de sus presupuestos y su escasa capacidad de endeudamiento, que obligan a hacer de la necesidad, virtud. Entre nosotros, la gestión pública sólo está al alcance de los pocos que pueden superar este filtro.
¿Qué ha pasado en Arabia? En ausencia de debate político y nadando en la abundancia de los petrodólares, sin duda ha sido el carácter estratégico del agua el que ha aconsejado retener el control público de la compañía, lo que no va a ser incompatible con la contratación competitiva de los soportes tecnológicos que sean necesarios. Lo que cuenta es el control del servicio y de la información asociada. Es decir, la capacidad de tomar decisiones con independencia y conocimiento de causa.
Francia ha dado un paso semejante con EDF, a pesar de que ya la controlaba con una participación muy amplia. Curiosamente esa decisión contradice la decisión estratégica tomada también en 2019, que se proponía dividir EDF en dos brazos, llamados azul y verde, en los que el primero abarcaría la energía nuclear, la hidroeléctrica, y la red de transporte - que se mantendría en el sector público- y el verde, con la distribución, las energías renovables y la comercialización, que pasaría a cotizar en bolsa bajo el nombre de Proyecto Hércules.
La mejor interpretación del paso dado ahora por Francia parece estar relacionada con la emisión de un mensaje político a un electorado que, a pesar de su victoria, ha puesto en entredicho el perfil tecnócrata del presidente Macron.
El proyecto de privatización de EDF, como el de Gaz de France, se inició ya en 2005. Como ya indicó su entonces primer ministro Dominique de Villepin, el objetivo era desendeudar el Estado, cuando ya por entonces Francia mostraba signos de vivir por encima de sus posibilidades.
La decisión de Macron pone de manifiesto la prioridad del control público sobre el endeudamiento en un contexto en el que renace la energía nuclear como energía “verde” susceptible de recibir fondos europeos, y en el que las renovables van mostrando progresivamente su gran potencial y su rentabilidad. Es decir, se abre la posibilidad de que la energía sea una fuente renovada de financiación del Estado.
Así pues, observamos decisiones comparables en entornos y contextos sociopolíticos y económicos distintos.
El mercado tiene indudables ventajas en ámbitos no esenciales. Pero sus limitaciones son obvias cuando se juega con las cosas de comer. Basta con observar los vaivenes de las criptomonedas para comprender las ventajas de la regulación que ejercen los bancos centrales. Basta con observar las decisiones de Arabia y Francia para comprender que el control y la gestión pública de las cosas esenciales, como el agua y la energía, son condición de supervivencia e independencia para cualquier sociedad.
