El ciclo del agua urbana, convencionalmente está integrado por cuatro servicios:
- Abastecimiento en alta, que incluye la captación, tratamiento y aducción del agua potable hasta los depósitos de cabecera.
- Distribución o abastecimiento en baja, mediante la cual se hace llegar el agua a los usuarios del sistema.
- Alcantarillado y canalización de aguas pluviales, o saneamiento en baja, ya sea en red unitaria o separativa.
- Saneamiento en alta, que incluye los colectores interceptores, las estaciones de tratamiento de aguas residuales y, eventualmente, los emisarios.
Abastecimiento y saneamiento son competencias municipales. No obstante, en algunas zonas densamente urbanizadas se ha llegado a un consenso práctico por el cual se han creado sistema de abastecimiento regionales –tal es el caso de Aguas Ter Llobregat o del Canal de Isabel II- que permiten optimizar la garantía de abastecimiento en relación al coste.
Por otra parte, hace ya muchos años se han desarrollado planes de saneamiento de cuenca o a nivel autonómico que permiten la financiación solidaria del tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de cuenca ha sido decisivo en una cuestión en la que la aportación de un municipio no revierte directamente en sus ciudadanos sino en la calidad general de agua de la cuenca. En Cataluña esa es una de las responsabilidades de la Agencia Catalana del Agua y del mecanismo financiero creado al efecto que, bajo distintas fórmulas, es vigente desde la década de los 80 del siglo pasado.
Los tramos en baja de esos servicios públicos tienen un fuerte componente urbanístico, pues su desarrollo está vinculado a la configuración urbana, a su densidad de ocupación y a su topografía. Y la financiación de las inversiones asociadas gravita sobre los aprovechamientos urbanísticos en desarrollo. La crisis económica ha añadido el componente solidario a la intervención municipal para garantizar el acceso universal al agua.
Complementariamente, y de forma paulatina, se van implantando nuevos elementos del servicio, como el aprovechamiento de aguas regeneradas, la gestión de las pluviales y del subálveo de las ciudades, como agua de servicio que aligera el consumo de aguas potables para usos que, como la limpieza, el riego o la refrigeración, no requieren esa calidad. Esos nuevos tramos van a permitir una mayor autonomía del ciclo local del agua respecto al ciclo general y por lo tanto, al coste de implantación de redes de distribución paralelas, un menor impacto ambiental de los usos urbanos.
En especial ese el gran destino de la aguas regeneradas, ya ampliamente implantadas en las zonas áridas de países desarrollados, como Israel o California. En ese caso, la tecnología permite su reincorporación al ciclo de aguas potables, y cerrar por completo una fracción del ciclo urbano.
Cada uno de esos servicios tiene su historia, su tratamiento económico y tarifario y consecuencias distintas desde el punto de vista de los costes y su imputación. Hoy por hoy, la parte más significativa se la lleva el abastecimiento, que supone algo más del 50% del coste total del ciclo que se traslada a los usuarios allí donde está completamente implantado. En los lugares en los que no hay mecanismos financieros para el saneamiento, el coste aparente del ciclo es menor y, naturalmente, el porcentaje de coste imputable al abastecimiento es mucho mayor.
Hay que tener en cuenta que durante muchos años la financiación europea ha sufragado inversiones, pero en algún momento habrá que contemplar los costes de reposición y de control de la calidad del servicio, aspectos en general poco contemplados.
El tratamiento separado de cada tramo tiene justificaciones internas como las ya indicadas y también un desarrollo futuro muy diferente según sea la historia y el potencial de cada zona.
De cara al futuro, sin duda serán necesarias grandes aportaciones de tecnología que van a definir un marco de interés mutuo entre administración y el sector. Es deseable que las empresas del sector propongan un planteamiento de su estrategia empresarial como simples prestadoras de servicios tecnológicos a los municipios. Por ahí, estoy convencido de que se abre un camino para la colaboración entre autoridades públicas y empresas privadas que, llámese CPP o como sea, tiene un gran futuro en el que cada parte aporte lo mejor de sí en un espíritu de colaboración que, reconociendo la primacía del interés público, encuentre un encaje correcto del interés privado.
