Uno de los aspectos de la gestión del agua en los que el consenso es más generalizado es la distancia observada entre su coste y el precio.
Se ha comentado desde muchos ámbitos la diferencia entre los costes reconocidos o escandallados para los servicios asociados al ciclo del agua y los precios aplicados a los usuarios de los mismos. Ese consenso no oculta el largo camino a recorrer para alcanzar acuerdos más concretos sobre el horizonte a perseguir.
En efecto, el coste final es el resultado de los distintos conceptos a incluir:
- El coste de explotación de cada servicio. Ese es el que con mayor frecuencia se reconoce.
- El coste de reposición de activos envejecidos. Con frecuencia no se reconoce o no se destina a ello la partida correspondiente.
- El coste de amortización de las inversiones. Hasta hace unos años, las inversiones se financiaban con cargo a cuotas urbanísticas, ya fueran por obra nueva, ya por contribuciones especiales impuestas a los beneficiarios. El mecanismo sigue ahí pero su uso ha disminuido notablemente debido a la atonía inversora general. Los fondos de cohesión y las aportaciones del sector privado han complementado esas dinámicas. Ordinariamente y cuando responden a préstamos, esas actuaciones sólo se amortizan financieramente.
- Los costes ambientales, entendidos como los de protección y restauración. Los más significativos son los de saneamiento, es decir de depuración de aguas residuales, pero qué duda cabe que la protección se extiende a otros ámbitos que generan coste; así, el respeto a los caudales ecológicos o las limitaciones a la extracción de agua. En buena parte de los casos, no existen cálculos realistas que determinen su importe ni un sistema de responsabilidades claro que induzca a su aplicación.
La determinación de esos costes supone su reconocimiento conceptual y el cálculo de su importe. A partir de aquí, la política de aguas debería incorporar señales a los costes aplicados, es decir un sistema de estímulos y penalizaciones que responda a las conductas deseadas –el reconocimiento del derecho de acceso al agua o incentivos a los consumos bajos- con descuentos o desgravaciones; y a las no deseadas, como el consumo excesivo, con penalizaciones.
En el balance, idealmente, deberían salir las cuentas. Esa aproximación es válida para cualquier uso de agua, no sólo para la urbana. No cabe pensar en una política realista para el agua cuando cada uso tiene sus propias tradiciones y también sus presiones específicas por parte de distintos grupos de interés. En particular, los sectores agrario y energético distan de cubrir ese conjunto de costes en el balance general, pues han sido objeto de políticas de fomento desde hace prácticamente un siglo.
En las circunstancias actuales, no tiene sentido para ningún sector que la escasez de agua se acompañe de imputaciones de coste que no sean realistas. Menos aún, que los precios sean subvencionados. Tampoco tiene sentido que determinadas partidas que forman parte del precio del agua no se destinen a mejorar su gestión.
Pero la identificación y asignación de costes a cada uso es la primera parte del problema.
Algunos de esos costes corresponden a pautas de consumo identificables bien establecidas. Otros, como la protección de los ecosistemas hídricos, corresponden a otros niveles de responsabilidad. Finalmente, tenemos una larga tradición de políticas de fomento que probablemente habrá que ir abandonando en el ciclo urbano del agua y en todos los demás.
Por ello, debe considerarse una segunda parte que se refiere a los mecanismos de financiación de esos costes: qué parte debe ser imputada a las tarifas, cual debe corresponder a fiscalidad finalista, como las tasas de alcantarillado o el canon de saneamiento y cuál debe ser financiada con transferencias de las administraciones superiores con capacidad financiera procedente de la tributación no finalista como el IRPF o el IVA.
El consenso sobre los bajos precios del agua es un excelente primer paso. Pero el camino es largo.
