La división tradicional de la actividad económica ofrece una visión intuitiva en la que el sector primario incluye actividades consideradas extractivas como la pesca, la minería o la agricultura. En esa visión, ese sector se caracterizaría por poner a disposición determinados bienes que la naturaleza ofrece, pero sin transformarlos de forma sustantiva. Otra característica tradicional se refiere a ellos como sectores intensivos en mano de obra y de escasa capitalización.
Esa visión, hoy obsoleta, se produjo por contraste a la del sector industrial, cuya misión es esencialmente transformadora de primeras materias en los productos acabados que el mercado demanda. La transformación industrial exige aportaciones intensivas de tecnología y capital. Las exigencias de asegurar su rentabilidad están en la base de los criterios de productividad que ha desarrollado nuestro mundo económico.
El desarrollo de los países industriales abrió la puerta a otras necesidades asociadas a la producción de bienes no cuantificables como bienes materiales: la salud, la escolarización, el transporte, entre otros, son elementos indispensables de una sociedad desarrollada. Esas necesidades se pudieron financiar con las mejoras de productividad asociadas al desarrollo industrial y ese sector emergente se denominó de servicios o sector terciario. Hoy es el que crea más ocupación y mayor aportación al PIB.
Una parte de esos servicios se reconocen como necesarios para el funcionamiento básico de la sociedad y se asumen por la administración a sus distintos niveles y con distintos grados de intensidad. Son los servicios públicos.
La evolución de la economía ha producido interacciones entre los tres sectores y ha modificado sus modos de producción. Pueden citarse algunos ejemplos:
- Los modelos productivos tradicionales de la industria han segregado algunas etapas de su proceso que se han identificado como servicios asociados. Antiguamente, cada industria tenía su oficina de proyectos, que hoy se producen en ingenierías especializadas. Su actividad ahora no se considera industrial sino del sector servicios.
- El sector primario ha aprendido que su productividad mejora sensiblemente si se hace intensivo en capital.
- En muchas ocasiones es difícil establecer una línea divisoria entre la producción de bienes materiales y la de bienes inmateriales. Es el caso de los bienes culturales, ya sean películas, música u otros. La asimilación de las formas de producir esos bienes y su puesta a disposición del mercado ha dado en llamarla industria del espectáculo.
En realidad, hoy apenas quedan actividades de cualquier sector que no sean intensivas en capital. ¿Se podría concebir el sector de las TIC sin las enormes capitalizaciones que requiere? ¿Se podría concebir alguna actividad sin su necesaria asociación a las TIC?
Pues bien, esas reflexiones se pueden trasladar al mundo de los servicios públicos, y en particular a los servicios asociados al agua.
El debate asociado a esos servicios públicos se centra habitualmente en torno a las formas de gestión, directa o indirecta, por parte de las administraciones. Sobre ese particular ya me he pronunciado en numerosas ocasiones y no me voy a repetir. Lo que propongo es un enfoque distinto, complementario y no excluyente de ese.
Estamos en momentos en que la escasez de agua ha enseñado las orejas y será imprescindible una reflexión sobre la optimización -en el sentido industrial del término- de los servicios asociados al agua
Lo que se espera de un servicio, sea público o privado, es un resultado. Si ese resultado es medible, nada impide asimilarlo a un producto material y evaluar su calidad, su coste e incluso evaluarlo en términos de productividad.
El abastecimiento de agua es un servicio público cuya misión es el suministro de agua potable a la población.
Ese producto, el agua potable, es objeto de fabricación industrial. Es así puesto que se parte de una materia prima, el agua captada, que sea cual sea su calidad, debe transformarse en un producto acabado cuyas especificaciones técnicas son muy estrictas: las que señala la normativa sanitaria vigente. Esa transformación se produce a través de una serie de operaciones más o menos complejas según la calidad del agua a potabilizar, que incluyen lo que en el lenguaje industrial se llaman operaciones básicas: filtración, decantación, desinfección y las que en su caso sean necesarias. La segunda parte del proceso es su distribución a los abonados al servicio hasta el contador de su domicilio.
Sea pública o privada su gestión, la característica intrínseca del modo de producción y distribución del bien no varía. Se trata de un servicio que requiere capital y tecnología, organización y gestión del conocimiento para asegurar el resultado: agua potable.
La condición de servicio público crítico suele poner el acento en la relación con el ciudadano -a través de los procesos de participación pública-, que a su vez es abonado al servicio -del que paga la tarifa por su uso. El ciudadano y abonado es, a su vez, elector. Es decir, tiene la capacidad de influir en la forma de organización y gestión del servicio a través de su voto.
Raramente, los debates públicos entran a fondo en las condiciones técnicas y financieras de producción y distribución del agua. Se dan por supuestas o se minusvaloran. A ello contribuye la resiliencia del servicio, es decir, el lapso temporal que suele transcurrir entre la toma de decisiones y la observación de sus consecuencias. Con frecuencia, la descapitalización de un servicio -ya sea financiera o de capital humano- tarda en manifestar sus efectos y se presta a evaluaciones polémicas. Lo cierto es que la asunción de esas complejidades organizativas es condición indispensable para la comprensión y optimización de la calidad de esos servicios, sea cual sea su forma de prestación.
Estamos en momentos en que la escasez de agua ha enseñado las orejas y será imprescindible una reflexión sobre la optimización -en el sentido industrial del término- de los servicios asociados al agua.
