La industria de la desalinización nacional lleva más de una década liderando proyectos en el extranjero y siendo un referente mundial. Sin embargo, este es un hecho poco conocido por la gente ajena al sector. La bibliografía analiza con precisión el funcionamiento técnico de una planta en todas sus etapas, así como todos los elementos técnicos de la desalinización, pero no existen estudios en revistas de alto impacto que analicen los contratos y condicionantes económicos para hacer un proyecto sea apto para obtener financiación. Hay una estructura o modelo jurídico y financiero que permite la viabilidad de un proyecto de desalinización y que, se presenta con distintas variantes en función de las diferencias específicas de cada caso. Para establecer un modelo general hemos estudiado diversos casos tomando la información de proyectos de Argelia, Túnez, Egipto, España y Australia.
En los contratos que se firman se condiciona en buena parte el coste de obtención del agua, pues estos pueden agregar complejidad o incluso, se pueden generar vacíos legales, así como riesgos. Destacan, por su importancia: el contrato de construcción y/o explotación, el contrato de asociación, el contrato de financiación, el contrato que regula el uso del terreno, el contrato de compraventa del agua y los acuerdos entre prestamistas y avalistas. De otro lado, los agentes que toman parte en el proyecto, así como su grado de implicación son un elemento central de un proyecto. Los agentes fundamentales son: el sector público, las empresas públicas en las que el Gobierno esté delegando, la o las empresas tecnólogas, la empresa que compra y distribuye el agua, los bancos y/o las entidades que aportan financiación.
El grado de implicación del sector público condiciona el nivel de garantía de casi todos los contratos que permiten el funcionamiento del proyecto
El grado de implicación del sector público varía en cada caso y condiciona el nivel de garantía de casi todos los contratos que permiten el funcionamiento del proyecto y, dependiendo del cumplimiento de dichos contratos tenemos la facilidad con la que se puede financiar el proyecto. Si el sector público tiene una baja implicación en el proyecto, quienes financian el mismo verán mayores riesgos que deberán cubrirse con avales, seguros y una serie de trámites que incrementarán el coste del proyecto (pudiendo incluso imposibilitar el mismo) lo que implicará un mayor coste de producción del agua desalinizada. Una mayor implicación del sector público proporciona mayores garantías de modo que se aminora el grado de complejidad necesario para llegar a acuerdos entre el resto de agentes. A modo de ejemplo, la empresa tecnóloga que va producir el agua quiere tener la garantías de que va a cobrar por el agua, pero si la empresa que firma la compra del agua no cuenta con el aval del Gobierno, sino que actúa por ella misma, probablemente no va a poder dar el nivel de garantía suficiente de pago por lo que, sería necesario realizar un aval. En un proyecto llevado a cabo en Argelia la empresa que compra el agua es AEC (Algerian Energy Company), pero el patrimonio de esta empresa es insuficiente para garantizar el pago del agua, lo que genera incertidumbre a la empresa productora, así como a quienes financian el proyecto. Para solucionar este problema el contrato de compraventa contó con la empresa SONATRACH (empresa argelina de alto patrimonio dedicada a explotar los hidrocarburos de Argelia) como avalista.
Para que un proyecto sea viable la primera condición es que la Sociedad del Proyecto tenga el derecho de producir agua desalinizada como resultado de un proceso público de licitación. La segunda condición es que exista un contrato de compra del agua desalinizada a producir. La tercera condición es que los firmantes tienen que tener solvencia económica para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones o, en caso contrario deben existir avalistas. Si todas las condiciones necesarias se cumplen se estudiará la financiación del proyecto lo que precisará unos pasos adicionales.
