La opinión pública española está muy sensibilizada con los problemas del agua y, por tanto, con todo lo relacionado con su uso en el sector agrario (80% del total). Pero la percepción social del regadío es cambiante según el ambiente meteorológico y político existente. Así, parecen ya lejanos los años del COVID, cuando la agricultura se consideraba una actividad esencial para la sociedad que debía protegerse. Ahora, por el contrario, en un momento de sequía extrema, no son pocas las voces que reclaman eufemísticamente un «redimensionamiento a la baja» de las superficies de regadío.
Por mi formación universitaria, creo que la gobernanza del agua y del regadío deben basarse en los datos objetivos. Por este motivo, resulta conveniente recordar los principales datos que avalan la importancia socioeconómica del regadío en España, de cara a valorar adecuadamente cualquier propuesta de «redimensionamiento».
La transformación en regadío permite un incremento significativo de la productividad agrícola y, con ello, de la rentabilidad de la actividad agraria. Según los últimos datos disponibles, el valor anual de la producción de una hectárea promedio de regadío en España (5.576 euros) es 5,4 veces superior a una hectárea promedio de secano (1.030 euros). Así, mientras una hectárea media de regadío en España genera una renta neta de 2.328 euros anuales, una hectárea media de secano apenas genera 484 euros de renta al año. Pero el regadío no solo permite unas rentas más altas, sino también más seguras, ya que reduce los riesgos climáticos derivados de la variabilidad de precipitaciones. Así, la disponibilidad de agua por parte del sector agrario supone para muchos agricultores la supervivencia económica, especialmente en las zonas con condiciones de aridez más severas. Por este motivo, en la mayoría de las zonas regables, la agricultura es el principal motor de desarrollo económico local. En este marco, la mayor rentabilidad del regadío no solo debe entenderse como un elemento generador de rentas privadas, sino también como un elemento que contribuye a la viabilidad económica de las zonas rurales donde está implantado, máxime allí donde existen dificultades estructurales para albergar otros tipos de actividades productivas.
La transformación en regadío permite un incremento significativo de la productividad agrícola y, con ello, de la rentabilidad de la actividad agraria
El regadío contribuye socialmente mediante la generación de empleo en el medio rural, al tratarse de una actividad intensiva en el uso del factor trabajo. Según las estadísticas más recientes, para generar un puesto de trabajo en el sector agrario se requieren 9,2 hectáreas de regadío, frente a las 41,6 hectáreas del secano. Además, debe tenerse en cuenta que el empleo generado en el regadío es más estable, al mantener una actividad laboral más repartida a lo largo del año, reduciendo con ello la estacionalidad de la mano de obra. El empleo así generado resulta un importante elemento de cohesión social, especialmente en las comarcas rurales, donde las alternativas laborales son muy limitadas, favoreciendo una estructura de la población más adecuada (población más joven y relación de géneros más equilibrada) y contribuyendo a la fijación de población en el territorio. Este hecho es especialmente relevante en la España vaciada, donde el éxodo rural solo se ha frenado en aquellas zonas donde el regadío está presente.
Los datos anteriores evidencian que cuando nos preguntamos si España puede permitirse 3,8 millones de hectáreas de regadío, en realidad nos estamos preguntando si podemos permitirnos reducir los 16.000 millones de euros de producción anual de alimentos o los 416.000 puestos de trabajo directos que genera el regadío en nuestro país.
En cualquier caso, todo lo anterior no es óbice para oponerse racionalmente a cualquier ampliación del regadío en zonas donde no haya suficiencia de recursos o no se disponga de derechos legales para el uso de agua. Pero esto es otro problema. Empecemos solucionando este último y se evidenciará que los 3,8 millones de hectáreas de regadío legales de España son sostenibles.