El regadío es un sector estratégico. O esencial, como lo ha calificado el Gobierno. Los sucesivos decretos relacionados con el COVID-19 han dejado claro que la actividad del regadío no puede parar, porque es clave para garantizar el abastecimiento alimentario. Pues bien, ese carácter esencial y estratégico del regadío, acreditado durante la pandemia, encuentra bastante poco reflejo en el trato que recibimos de las administraciones en la planificación del Agua, donde claramente los regantes hemos de anteponer ante el relato ecologista y de la nueva (in)cultura del agua, que los auténticos defensores del medio ambiente como garantes de su mantenimiento y conservación somos los propios regantes.
Este maltrato en la planificación nos ha llegado últimamente a través de dos ejemplos y casos muy claros en la Cuenca del Guadalquivir, que suponemos se extiende al resto de cuencas. El primero al que quiero referirme es el del Plan de Gestión de Riesgos e Inundaciones de la Demarcación del Guadalquivir, que realiza una delimitación abusiva de las zonas inundables, basado en modelos teóricos que no tienen en cuenta la realidad ni tampoco consideran las obras de regulación y de protección de avenidas ejecutados en siglos pasados. Son declaradas 60.000 has de zona inundable en la Cuenca, de las cuales 52.000 están en el ámbito rural y 8.000 en zonas urbanas. En total hay 54.000 has de uso agrícola. El 90% de las zonas inundables son de uso agrario y, de esas 54.000 has, más de 40.000 son de regadío. Estamos hablando por tanto de una medida que va principalmente contra la agricultura y particularmente contra la agricultura de riego, la que más riqueza y empleo genera. Aún más abusiva y confiscatoria es la delimitación del dominio público hidráulico “probable”. Frente al concepto de dominio público hidráulico que comprende el cauce y sus riberas vegetadas, los planos del actual plan de riesgos e inundaciones proponen una delimitación del dominio público hidráulico que se aleja a veces hasta a más de 1 kilómetro y 1,5 kilómetros del cauce, afectando a miles de hectáreas que en la actualidad son terrenos privados, fértiles vegas inscritas en el Registro de la Propiedad. Hay 11.900 has en zonas rurales afectadas, de las que la mitad, más de 6.000 has, son de riego. Zonas todos de propiedad privada, que podrían hacerse públicas tras el correspondiente tramite de apeo y deslinde, todo ello sin compensación o contraprestación alguna para los legítimos propietarios. Mayor espíritu confiscatorio y de apropiación de lo ajeno no existe en este plan estatal, que pretende hacerse con lo ajeno, sin saber las consecuencias sociales y económicas que generaría. Esperemos por lógica, que las “aguas vuelvan a su cauce”, y se respete lo privado o una revolución social está servida en bandeja.
Los últimos planes estuvieron orientados a la satisfacción de la demanda, y Europa exige ahora centrarse en los objetivos ambientales
El segundo ejemplo es el de la planificación hidrológica. Se encuentra abierto el nuevo ciclo de planificación hidrológica de las cuencas de competencia estatal y en el período de consulta pública pudimos conocer lo nunca visto ni imaginado: el Ministerio de Transición Ecológica no solo no incorporaba nuevas obras de regulación a la próxima planificación, sino que retiraba de ella las presas aprobadas en planes anteriores y que hasta ahora no se han ejecutado. Es decir, que en lugar de proponer nuevas inversiones y garantizar fechas concretas para la ejecución de obras comprometidas hace seis años, lo que se propone el Gobierno es eliminarlas directamente de los papeles. La explicación recibida, que los últimos planes estuvieron orientados a la satisfacción de la demanda de agua y que Europa exige ahora centrarse en los objetivos ambientales. Un argumento que tendría algún sentido si efectivamente se hubieran ejecutados esas inversiones, pero el caso es que seguimos como hace seis años, o incluso en algunos casos, más de 20 años en los planes hidrológicos, sin ejecutarse.
De modo que doble maltrato: en la planificación y en la ejecución de la planificación. Lo que se planifica a favor de los intereses del regadío no se desarrolla. Y además como no se está dispuesto a cumplir con lo planificado, se desplanifica. Y en esas estamos: en la política del complejo ecologista, en la que dirigentes y funcionarios parezcan estar competiendo en ver quién exhibe más credenciales ecologistas y quién pone más piedras en el camino del regadío. De la utilidad, de la eficacia y del interés público, mejor ni hablamos porque aquí lo único que parece que cuenta es aparentar. Y lo cool es el discurso verde, el discurso de los caudales ecológicos, el discurso de la recuperación de costes, el discurso de hay que aprender a convivir con las sequías.
Luego, a la hora de la verdad, lo esencial sea el regadío. Triste, muy triste.