Bajo este sugerente título, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento publicita el “paquete” que desarrolló para mejorar el tema de saneamiento en el Perú, el mismo que está compuesto principalmente por la Política Nacional de Saneamiento (Decreto Supremo N° 007-2017-Vivienda), el Plan Nacional de Saneamiento (Decreto Supremo N° 018-2017-Vivienda), la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo N° 1280) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2017-Vivienda).
La iniciativa que llevó adelante el ex presidente Kuczynski y en la que parece que se reafirma el presidente Vizcarra, tenía una meta inicial bastante ambiciosa: lograr en el 2021 dotar de agua potable y alcantarill9ado al 100% de la población. Con esta finalidad emprendieron una reestructuración y reforzamiento de los entes directamente involucrados: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS (a través de su Viceministerio de Construcción y Saneamiento), Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
El MVCS se abocó a dar las políticas y normativas correspondientes, las mismas que en la práctica deben ser aplicadas por las EPS, con el apoyo de OTASS y la supervisión de SUNASS. La primera parte del plan se ha cumplido con relativo éxito, al dotar al sector de saneamiento de un nuevo enfoque político y normativo, sin embargo la parte primordial del plan (la aplicación y consecución de resultados) está en pleno proceso y ha presentado una serie de dificultades al toparse con la realidad del desigual nivel de desarrollo social, económico y cultural de nuestro país.
Esta complicada situación del sector de saneamiento ha llevado a que en el transcurso del gobierno de PPK se dieran cuenta de la imposibilidad de alcanzar su meta inicial y la hayan reducido a “lograr en el 2021 dotar de agua potable al 100% de la población”. Hoy en día la meta ha sido nuevamente modificada por “lograr en el 2021 dotar de agua potable al 100% de la población urbana”, lo que aún sigue siendo difícil de alcanzar a nivel nacional.
Si bien es cierto la OTASS y la SUNASS han crecido exponencialmente y la segunda se ha descentralizado, todos sus esfuerzos parecen estar dirigidos solamente a las EPS, sin tener en cuenta que muchas JASS y Administraciones Municipales están dentro del ámbito urbano sin cumplir mínimamente con la normativa de saneamiento, para no hablar de las que se encuentran en la zona rural y a las que no las tienen ni mapeadas.
Queda claro que el primer objetivo del estado dentro de su plan de Reforma del Agua hacia el 2021, requiere para su cumplimiento de un arduo y coordinado trabajo de todas las instituciones involucradas, reforzando la labor técnica de ellas y disminuyendo al máximo la influencia política, de tal modo que los discursos no queden sólo en las buenas intenciones de siempre.
