En poco tiempo han saltado a los medios de comunicación diversos asuntos relacionados con las concesiones de obras y servicios públicos.
Se trata de cuestiones diversas, todas en sectores relacionados con el medio ambiente: Túneles, puertos, residuos, desaladoras, ciclo del agua…
Tendemos a pensar que la administración es la buena, y las empresas privadas las malas. Pero esto es de un reduccionismo un tanto absurdo. En las empresas privadas también trabajan personas, con los mismos derechos y obligaciones que las que trabajan en la administración, y parecidas en su origen, formación y necesidades.
Además, en muchos casos, disponen de medios, recursos y conocimientos, que la administración no dispone, muy útiles para que los proyectos públicos necesarios para el bienestar de todos, sean mejores. ¿Acaso alguien cree que la administración por sí misma podría construir una depuradora como la que atiende la población de Palma, o una planta de tratamiento de residuos como la que tenemos en Mallorca, sin recurrir a empresas privadas de gran dimensión y capacidad? Es obvio que no. Por tanto, pretender contraponer la gestión pública con la privada es un error, además de un grave desconocimiento.
Lo malo es que ese pensamiento nos está llevando a una enorme pérdida de oportunidades para tener equipamientos e infraestructuras que podrían haber mejorado nuestro medio ambiente, y por tanto nuestro bienestar conjunto.
La crisis económica y la mala gestión de la misma impactó de forma severa sobre las inversiones públicas, provocando un parón en las licitaciones. Pero en otros puntos del planeta, la economía seguía creciendo y generando excedentes de liquidez, cuyos tenedores buscaban oportunidades para mejorar su rentabilidad sin asumir graves riesgos especulativos.
Actualmente, los excedentes de liquidez disponible para invertir en proyectos de infraestructuras son inmensos, como nunca antes habían sido. Las empresas y entidades que tienen acceso a ellos buscan oportunidades que les den rentabilidad razonable y riesgo asumible, así como estabilidad y seguridad.
Por desgracia, nuestro país ha dejado de figurar en las prioridades de estas empresas. Existen muchas oportunidades en otros países que ofrecen mejores condiciones, y, sobre todo, mejor perspectiva a medio y largo plazo. En dichos países, repartidos por todo el mundo, los proyectos se plantean por la administración, asesorándose con equipos multidisciplinares, recurriendo a ayudas externas cuando son necesarias, ofreciendo condiciones claras y seguras, y no ven a las empresas como enemigas, sino como socios colaboradores para obtener los mejores resultados de un proyecto de utilidad pública. Por tanto, impera la confianza mutua para que cada uno haga su parte del trabajo. Y eso supone, entre otras cosas, que la administración no solamente selecciona la empresa que ofrece la oferta más ventajosa, sino que, una vez iniciado el proyecto, supervisa y controla el desarrollo del mismo, buscando que se ajuste a lo previsto, modificando lo necesario para que se asegure la continuidad y la rentabilidad adecuada para el concesionario. Para ello dispone de todos los instrumentos que la normativa pone en su mano, que son muchos.
Mientras tanto, aquí trabajamos para que esas maléficas empresas no ganen dinero, aunque ello sea a costa de no hacer nada o hacerlo peor. Mejor eso, que una multinacional gane dinero lícitamente a costa del Estado.
Es decir, dejamos de ejecutar proyectos muy necesarios para mantener o mejorar la calidad de las aguas, la gestión de los residuos o la energía, o cambiamos la forma de gestión con el consiguiente coste, trastorno y complicación judicial, pero, eso sí, los capitalistas no ganan más dinero, por lo menos de momento. Y, además, si son malayos o americanos, todavía mejor, porque de esta forma el dinero se queda aquí.
Olvidamos que en esas empresas trabajan personas de aquí, compran bienes y servicios a empresas de aquí y generan impuestos aquí. Y, sobre todo, que estas empresas, necesariamente grandes para poder disponer de los recursos técnicos y económicos, tienen esa capacidad económica y técnica para desarrollar los proyectos que necesitamos como el pan de una forma eficiente, porque si no, no les habríamos adjudicado el proyecto. Porque no olvidemos que quién establece el modelo, los pliegos y condiciones de licitación, y adjudica, es la Administración; no las empresas.
No obstante, por mucho que se empeñen, no es posible prescindir de la empresa privada, como se pone de manifiesto repetidamente en los casos que nos ocupan, en los que se substituye una concesión por contratos de servicios a empresas privadas. Eso sí, la conciencia se queda más tranquila porque “hemos recuperado” para la ciudadanía un bien que estaba “privatizado”.
Todo falso. Porque los bienes y derechos concesionados son por definición públicos, y por tanto nunca están privatizados, ni los bienes gestionados públicamente son gratuitos mientras que los concesionados tienen coste. Otra falacia que se pretende hacer creer, como la de que en las concesiones los precios para los usuarios son más elevados. Si es así es porque soportan inversiones mayores, o porque la administración que debe controlarles, no lo hace, dejando que la concesión se desequilibre a favor del concesionario.
Por lo tanto, deberíamos ir a las cuestiones de fondo: ¿necesitamos inversiones en infraestructuras del ciclo del agua, de gestión y tratamiento de residuos, de energía? La respuesta me parece que es obvia.
¿Dispone la administración de los recursos económicos necesarios para financiarlas? ¿Dispone la administración de la tecnología y capacidad material y humana para gestionar y ejecutar esos proyectos? ¿Hay empresas o entidades capacitadas para ello? ¿El mercado pone a disposición la financiación para acometer estos proyectos? ¿Existen alternativas a la gestión directa por parte de la administración desde el punto de vista normativo?
Las respuestas a estas preguntas son las que nos han de llevar a las alternativas viables para resolver cuanto antes nuestras graves carencias actuales.
