En un clima de incertidumbre y en un momento clave para su continuidad institucional, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) cumplió 17 años de creación. En la ceremonia de aniversario, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, reconoció haber recibido el año pasado una institución en crisis, que “poco ha hecho en la gestión integral de los recursos hídricos”, y que necesita tener “una visión clara y repotenciarse”, por lo que está en reorganización.
Al parecer, sería una segunda oportunidad que se le otorga a la ANA para que prosiga su labor. Pero se necesita mucho más que “repotenciarla”, habida cuenta de los retos que impone la globalización, la crisis hídrica mundial, nuestra ubicación geopolítica, el interés nacional de impulsar el desarrollo, además de nuestra riqueza acuática, cuando este elemento ya está cotizándose en la bolsa de valores de Nueva York.
Al 2030, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha advertido que el 58 % de la población peruana vivirá en zonas con escasez de agua. Actualmente, nos ubicamos en el puesto 66 del ranking de estrés hídrico de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2022, el 50% de la población no cuenta con un servicio de agua continuo de 7 días a la semana y 24 horas al día; y, el 74 % no posee agua potable de calidad. Un panorama muy sombrío por la deficiencia en la gobernanza del agua.
Lo alentador es que el titular del MIDAGRI ha anunciado que este año se iniciarán los proyectos para la construcción de 21 presas (tema descuidado en casi medio siglo), con un costo de 15 mil millones de dólares; y también se ejecutará un Plan Nacional de Aguas Subterráneas. El objetivo es fortalecer nuestras reservas y disponibilidad hídricas, que apuntan hacia la seguridad hídrica, alimentaria, energética e industrial.
Este importante anuncio es después que el Banco Mundial en su estudio ‘Perú: aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad’, observara que Perú necesita profundas reformas estructurales, entre otras, en infraestructura, gobernanza, medioambiente e inversión, para la mejora de su condición en 20 años. Si no lo hiciera así, deberíamos esperar más de 60 años. Este es un jalón a nuestro estamento político, ad portas de una elección.
El agua es el mejor recurso para eliminar la pobreza y cerrar brechas sociales, económicas y ambientales. Por ende, la ANA necesita elevar su nivel de autonomía y eficiencia gubernamental, que podría lograrlo siendo adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); o, siendo más ambiciosos, crear el Ministerio de Recursos Hídricos (como China e India), para una gobernanza hídrica realmente integral, sistémica y multisectorial, entrelazando las fuentes naturales de agua, agua poblacional y saneamiento, con desarrollo humano y justicia social.
