El agua es un bien fundamental cuya gestión ha requerido desde la antigüedad un importante esfuerzo ingenieril. Si vivimos en un país habitable, es gracias a que nuestras obras hidráulicas nos permiten aprovechar el 30 % de este recurso natural; sin ellas solo se podría un 8 %.
Además, en los últimos años hemos comprobado cómo las infraestructuras hidráulicas son un seguro ante los fenómenos meteorológicos extremos que se multiplican en España cada año. Según el CEDEX, en los próximos treinta años disminuirán un 20 % las precipitaciones en algunas zonas y aumentarán significativamente las lluvias torrenciales. Esta situación está provocando un aumento de los episodios de inundaciones y sequías prolongadas en los meses más cálidos. Por ello, es imprescindible realizar un análisis sobre las nuevas estrategias que debemos adoptar en materia hidráulica y realizar importantes inversiones en infraestructuras hidráulicas resilientes y en su mantenimiento.
El beneficio que el agua aporta a la economía española se estima en unos 35.000 M€ anuales, lo que representa cerca del 2,9 % de nuestro PIB. Diversos estudios demuestran que, por cada euro invertido en nuestras presas, el recurso almacenado permite obtener un beneficio casi veinticuatro veces superior.
La DANA de octubre de 2024 puso de relieve que infraestructuras como la presa de Forata o de Buseo salvaron vidas reduciendo las puntas de las crecidas en esos ríos y evitando situaciones de peores consecuencias en las poblaciones situadas aguas abajo.
Desde el Colegio defendemos que, para reducir los riesgos, es urgente anticipar y asegurar la ejecución de infraestructuras hidráulicas planificadas de restauración y conservación del dominio público hidráulico, de riesgos de inundación y de regulación, especialmente en las cuencas mediterráneas.
Proteger nuestras infraestructuras hidráulicas es proteger a la sociedad española y mantenerlas es garantizar nuestro futuro
Coincidimos con las cantidades que presenta el informe publicado por SEOPAN y TYPSA, que estiman una inversión de 103.824 M€ en la próxima década para abordar los problemas relacionados con la atención a las demandas de agua en España y con el riesgo de inundación.
Además, el 60% de las presas supera ya los cincuenta años de vida útil y requieren ya actuaciones estructurales en aliviaderos o desagües para cumplir con los estándares actuales. Estas infraestructuras se enfrentan a un proceso de envejecimiento crítico que debemos considerar.
Una infraestructura envejecida no es insegura, pero sí exige una atención adecuada y bien financiada. Actualmente, la inversión real en las presas se sitúa en el 0,25 % de su valor patrimonial, una cifra muy alejada del 2 % anual que recomienda el Banco Mundial. Además, la tasa de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento no llega al 0,5 % anual, cuando lo ideal sería, al menos, un 1 %. Solo para este fin es imperativo invertir 27.000 M€ en el periodo 2026-2035.
Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos defendemos que esta transformación debe apoyarse en la solvencia técnica y la seguridad jurídica. Hemos solicitado formalmente la promulgación de una Ley de Presas que ordene su gestión y resiliencia, dotándolas de un programa específico para su conservación en el Presupuesto General del Estado, similar al que ya existe para el mantenimiento de carreteras.
Asimismo, es vital que la planificación y gestión del agua estén respaldadas por criterios científicos rigurosos desarrollados por profesionales cualificados. Los ingenieros de caminos deben ser reconocidos como los técnicos competentes exclusivos en seguridad de presas para garantizar la excelencia en todo su ciclo de vida.
La digitalización, el uso de gemelos digitales y la IA son herramientas que ya estamos integrando para vigilar nuestro patrimonio en tiempo real, pero la tecnología no sustituye la necesidad de inversión estructural. Proteger nuestras infraestructuras hidráulicas es proteger a la sociedad española y mantenerlas es garantizar nuestro futuro.