El Perú es un país privilegiado en lo que a disponibilidad hídrica se refiere, cuenta con abundante agua dulce distribuida en sus 159 cuencas a lo largo de sus tres vertientes hidrográficas: Pacífico que abarca el 22% del territorio nacional y tiene 53 cuencas hidrográficas, Atlántico que posee 44 cuencas y abarca el 74% del territorio nacional y la vertiente hidrográfica del Titicaca, que tiene 9 cuencas y ocupa el 4% del territorio nacional. Sin embargo, y a pesar de este gran escenario planteado, la distribución del agua no es equitativa, puesto que el 97% del recurso se encuentra en las cuencas de la vertiente hidrográfica del Atlántico, justo donde tenemos menor densidad poblacional, mientras que la vertiente hidrográfica del Pacífico que cuenta con el 2% de agua alberga a más del 60% de la población nacional y es donde se consume el 87% del total de agua utilizada.
Asimismo, el Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático. Según reportes del ente rector, en los últimos 50 años se ha perdido el 51% de superficie glaciar, afectando considerablemente las reservas de agua sólida, reservas de nuestras futuras generaciones. Por ejemplo, se tiene que cada año la cordillera blanca retrocede 19 metros, y el glaciar Pastoruri ha pasado de ser un atractivo turístico recreativo a una muestra de los efectos del cambio climático al haber retrocedido más de 600 metros.
Este derretimiento de agua sólida tiene varios efectos; uno de ellos es la creación de nuevas lagunas y un aumento de agua líquida en algunas microcuencas, sin embargo, al no existir infraestructura necesaria de almacenaje y de prevención de riesgos, esta agua no es aprovechada, generando además riesgo de inundaciones en las partes bajas de las cuencas e involucrando posibles pérdidas humanas y económicas. Otro gran problema que requiere ser abordado es la contaminación de lagunas y ríos, producida por la actividad minera, residuos industriales, agrícolas y domésticos o incluso usados como botaderos de residuos sólidos.
Ante este escenario lleno de retos, es necesario la ejecución de proyectos que permitan la recuperación de ríos y lagunas; la mitigación de los efectos del cambio climático, la construcción de infraestructura de almacenamiento y regulación del agua. Se necesita modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de agua, así como la elaboración de estrategias que promuevan el trabajo articulado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa privada y la sociedad civil.
Existen avances en materia de planificación y formulación de políticas de recursos hídricos. Así se tiene la Política 33 del Acuerdo Nacional, la Política Nacional de Recursos Hídricos (en actualización), el Plan y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y Planes de Gestión en algunas cuencas pilotos, sin embargo estos instrumentos han sido escasamente ejecutados y no se cuenta con instrumentos que permitan su monitoreo y evaluación.
Una buena gestión del agua requiere de adecuados documentos técnicos, de instituciones sólidas con roles y funciones bien definidos, de instrumentos normativos y de gestión que propongan soluciones viables a los problemas mencionados y también de profesionales capacitados y de decisores conscientes de la importancia de este recurso.
Es por ello que el gobierno central debe continuar fortaleciendo al ente rector (Autoridad Nacional del Agua), así como fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, mejorar la fiscalización y dinamizar la ejecución de obras de gran envergadura, incluso evaluando mecanismos excepcionales como los que cuentan algunas entidades, permitiendo la construcción de infraestructura en plazos mucho más breves. Por su parte, el rol de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en materia de cuidado del agua es clave, pues son ellos los que deberán priorizar y ejecutar obras de infraestructura gris e infraestructura natural vinculados a la oportunidad, calidad y cantidad de agua, trabajando de la mano de la población en el cuidado y uso racional de este recurso.
Otro actor importante es la empresa privada, la cual, tiene el deber y la responsabilidad de cumplir las normas, respetar la institucionalidad, no contaminar, reducir su huella hídrica y aportar a todo ello, mediante sus intervenciones de responsabilidad social empresarial.
Abordar con urgencia estos temas se convierte en un asunto de vital importancia dado el escenario futuro (o tal vez presente?) de escasez, contaminación, desastres naturales y un deficiente aprovechamiento por el que este elemento natural se viene convirtiendo en un recurso estratégico para el país y la humanidad. Sin agua no hay desarrollo económico, sin agua no hay vida y de su cuidado y buena gestión depende el bienestar de toda la población.
