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Suecia debe comunicar sus medidas de transposición de la Directiva sobre el agua potable

  • Suecia debe comunicar medidas transposición Directiva agua potable
    Estocolmo, Suecia.
    Pixabay.

Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.

La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado complementario a Suecia [INFR(2023)0098] por no haber comunicado las leyes nacionales por las que se transpone la Directiva refundida sobre el agua potable [Directiva (UE) 2020/2184].

La Directiva mejora la protección de la salud humana mediante unas normas de calidad del agua actualizadas, que abordan los contaminantes preocupantes, como los alteradores endocrinos y los microplásticos, y de manera que haya un agua del grifo aún más limpia. También aborda la cuestión de las fugas de agua. Asimismo, la Directiva incluye nuevas disposiciones que obligan a los Estados miembros a mejorar y mantener el acceso al agua potable. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional y cumplir sus disposiciones a más tardar el 12 de enero de 2023.

Al no haber cumplido Suecia con sus obligaciones a este respecto, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en marzo de 2023 y, posteriormente, un dictamen motivado en diciembre de 2023. En una evaluación ampliada de la legislación sueca, se han detectado otras obligaciones respecto de las cuales Suecia no ha comunicado a la Comisión ciertas medidas, como la transposición de los parámetros pertinentes a efectos de la evaluación de riesgos de los sistemas de distribución domiciliaria.

La Comisión está ampliando ahora el alcance de las deficiencias señaladas, de manera que estas cuestiones se sumen a las planteadas en el dictamen motivado de 20 de diciembre de 2023. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado complementario a Suecia, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podrá optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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