El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles crear una comisión de investigación sobre la adjudicación del servicio de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), como habían pedido Cs y los comuns.
La propuesta ha sido tumbada por los votos contrarios de JxCat, ERC y el PSC, mientras que Cs, los comuns, la CUP, el PP y la diputada no adscrita Elisenda Alamany han votado a favor.
La diputada de Cs Marina Bravo ha argumentado que esta comisión es imprescindible para que el Govern dé explicaciones y se pueda aclarar cuánto costó la adjudicación de la gestión de ATLL, que ha calificado como una chapuza y un "despropósito lleno de sombras para tapar las vergüenzas de la mala gestión" del Ejecutivo de Artur Mas.
Lucas Ferro (comuns) ha afirmado que esa adjudicación fue el "mayor expolio de derechos públicos de la historia de Catalunña" y que supuso la privatización de un derecho fundamental como el agua.
La 'cupaire' Natalia Sánchez ha apoyado crear la comisión porque cree que servirá para investigar los intereses reales que tuvo el Govern para privatizar la ATLL y para pedir responsabilidades a los que hicieron "negocio con un bien común".
Por su parte, el popular Santi Rodríguez ha manifestado su apoyo para crear una comisión de investigación que "permita poner negro sobre blanco" todas las cuestiones relacionadas con la gestión de la ATLL, aunque los tribunales ya están estableciendo responsabilidades.
Rechazo
Marc Sanglas (ERC) ha reconocido que ha habido problemas en la adjudicación, pero ha razonado que el Govern ha dado las explicaciones pertinentes sobre este tema y que ha habido "voluntad de transparencia" en todo momento, y el diputado de JxCat, Narcís Clara, ha apostado por centrarse en los retos del futuro y no en seguir dedicando esfuerzos en analizar el pasado.
Pese a que es crítico con el proceso de privatización de ATLL, el socialista Jordi Terrades ha asegurado que no ve "la necesidad" de crear esta comisión porque considera que esta cuestión ha pasado por los tribunales desde el primer momento y ya hay sentencias judiciales que determinan las responsabilidades políticas.
