La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), junto con Izquierda Unida, han reclamado a la Comisión Europea que garantice la gestión pública del agua como un Derecho Humanos e impida la privatización del agua en España.
"Las ciudades están tendiendo hacia la remunicipalización. En Europa hay casos significativos: Berlín, Hamburgo, París, Grenoble, la tendencia a la remunicipalización es tal que solo el 9% del total de las grandes ciudades del mundo (la gestión del agua está en manos de compañías) son privadas. España la tendencia es inversa, hacia la privatización", ha denunciado Luis Babiano, responsable de la AEOPAS, en rueda de prensa en el Parlamento Europeo.
AEOPAS ha reclamo que la Comisión Europea y la Eurocámara "prohíban de inmediato" la posibilidad de que los alcaldes en España se gasten el canon concesional a cambio de privatizar el servicio del agua durante 20 o hasta 45 años "no en cosas relacionadas con el agua, sino en festejos, el pago de la deuda.. o lo que quieran", ha explicado Babiano.
Ello no sólo contribuye a un sistema "insostenible" y lleva a "la desinversión" sino que también "es una puerta abierta a la corrupción porque se empieza a ver una relación muy directa entre las empresas concesionarias y los gobernantes". "Tenemos más de 250 municipios de la cornisa cantábrica, Asturias y Galicia a la cabeza, en el denominado caso 'Pokemon', que están siendo investigados", ha recordado Babiano.
Babiano ha defendido el ejemplo de Francia que "hace años" aprobó la Ley de Transparencia y Anticorrupción "que prohibía la posibilidad del canon concesional a cambio de lavar las cuentas municipales", es decir, "que no se dedique el agua".
"Esa medida la queremos para todos los países europeos", ha puntualizado, insistiendo en la necesidad de promover cambios legislativos en la directiva europea Marco sobre Agua o en la Directiva de Servicios para recoger "la prohibición de aquellas partidas económicas que no favorecen la buena gestión, sino que todo lo contrario, favorecen la desinversión".
"El fenómeno de la privatización del agua es un fenómeno de la periferia", ha criticado, insistiendo en que se desincentiva la inversión pública en Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda mientras en "los países centrales se están blindando frente a eso". En Países Bajos, la Constitución prohíbe la privatización del agua de forma expresa, ha recordado.
"Mientras que los países centrales remunicipalización el servicio, en España servicios tan importantes como el canal de Isabel II, que abastece a seis millones de madrileños y madrileñas con unos beneficios de 108 millones de euros, con unas inversiones anuales superiores al 4%, está en duda. ¿Por qué, porque es un negocio", ha criticado, atribuyendo la responsabilidad a "los gobernantes, más preocupados por saquear que por gestionar".
También han reclamado que el acceso al agua se declare como "un derecho humano" y se prohíba el corte de suministro para los ciudadanos sin recursos por no poder pagar el recibo, algo que está afectando miles y miles de familias en España, "una aberración" y que se cuenten con indicadores de gestión para avalar si los modelos funcionan o no.
IU denuncia el descuido de PP y PSOE
La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha denunciado que la política de agua en España "no está funcionando" y ha lamentado que tanto los Gobiernos del PP como del PSOE "han descuidado de manera extraordinaria" los trabajos para mejorar la situación de las cuencas hidrográficas, al margen de "los caprichos urbanísticos" que se han dado como la construcción de campos de golf y ha recordado que el modelo de gestión del agua ha sido cuestionado "por la propia Unión Europea".
Por ello, ha confiado en recabar el apoyo del resto de fuerzas políticas "salvo el PP y poco más" para sacar adelante una declaración en la Eurocámara en la que se pide que "la Comisión Europea garantice a través de las modificaciones necesarias, y especialmente en la directiva Marco del Agua, que el suministro y gestión de los recursos hídricos sean de gestión pública y estén excluidos de cualquier forma de liberalización".
El texto también pide que la Comisión y los países de la UE "garanticen que no exista ninguna forma de discriminación para acceder al derecho al suministro de agua potable y de calidad".
Vallina también ha remitido al Ejecutivo comunitario una batería de preguntas parlamentarias para saber si piensa abrir una investigación "en profundidad" sobre el uso de fondos europeos en las cuencas hidrográficas tras su valoración "deficiente" sobre la transposición de la directiva marco del agua por parte de las administraciones españolas y aclare si España ha cumplido con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
También le insta a aclarar si va a modificar la normativa europea para "garantizar un mínimo cuantificable de agua por persona y día" y si la liberalización de la gestión del agua y la energía están incluidos en la negociación del acuerdo comercial y de inversión entre la UE y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés).
