Aigües de Barcelona ya ha regularizado más de 165.300 facturas afectadas por el Decreto 675/2020 del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), lo que supone casi un 50% del total, informa este lunes en un comunicado.
Esta regularización, que afecta al 20% de los clientes de la compañía, "se está incluyendo de forma automática en las facturas emitidas desde el 11 de noviembre".
La compañía ha puesto a disposición de los usuarios un espacio digital, accesible desde su web, para que cualquier ciudadanos pueda resolver sus dudas de forma sencilla.
De los datos obtenidos tras la lectura física de los contadores sin telelectura, se desprende que, del importe total a regularizar, un 20% corresponde al consumo del agua y el 80% a impuestos como el canon, IVA o tasa de alcantarillado.
Durante el confinamiento domiciliario, entre marzo y mayo, el incremento medio del consumo de agua en el ámbito doméstico fue del 9,6%, respecto al mismo periodo del año anterior. "Por esta razón, en el momento de emitir la primera factura con una lectura real, se han podido producir saltos en los tramos derivados de una acumulación de consumo", ha explicado la compañía.
Sobrecoste de 7,4 millones de euros
En una rueda de prensa también este lunes, el vicepresidente del área de Ecología de la AMB, Eloi Badia, ha reconocido que la regularización se alargará hasta mediados de 2021 y ha calificado de "inadmisible" la actitud de Agbar por no avisar previa y correctamente a los usuarios sobre el incremento de las tasas.
La problemática de las facturas surgió durante los primeros meses del estado de alarma cuando Agbar facturó a sus usuarios importes estimados según el consumo de agua durante el mismo periodo del ejercicio anterior, es decir que los usuarios pagaron un importe menor al consumo real. Por lo tanto, Agbar optó por regularizar el importe y lo cargó a un solo recibo. Debido a los altos cargos que se aplicaron a las facturas, según el Ayuntamiento, cerca de 340.000 hogares en el área metropolitana se vieron afectados por un sobrecoste de 7,4 millones de euros. Por esta razón, el Ayuntamiento ha asegurado que el proceso de regularización de todas las facturas será "más lento de lo previsto" por la cantidad de tasas afectadas —canon del agua, alcantarillado, consumo de agua e IVA— y por el volumen de consumidores implicados.
Siguiendo esta misma línea, Badia ha calificado de "inadmisible" la actitud de Agbar por no haber facilitado una información completa de las “irregularidades en el cobro del recibo”. En este sentido, el vicepresidente de Ecología ha resaltado que a algunos usuarios se les ha mentido respondiéndoles que “el problema provenía de la tasa de residuos", por lo que Agbar podría llegar a enfrentarse a un expediente sancionador si se verifica que la información que facilitó la empresa era incorrecta, ha añadido Badia.
