La sequía, o al menos sus efectos, se podrían evitar en gran medida si la gestión de nuestros recursos hídricos se hiciera de otra forma. Por ejemplo, hacerlo cuando tenemos agua, y no cuando han saltado todas las alertas, parece lo lógico. El problema es que seguimos manejando estos periodos secos con políticas propias del siglo pasado, donde la oferta de agua, por descabellada que sea, ha sido cubierta.
Estamos en un país con un tercio del territorio amenazado por la desertificación y donde las previsiones de impactos por el cambio climático son de las más preocupantes y severas del continente. De hecho, un 75% del territorio se encuentra en zonas susceptibles de sufrir desertificación. Sin embargo, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo que consume el 84,3% del agua, según los últimos datos del INE (2015). El resto, un 15,7% se lo reparten el abastecimiento y los usos industriales.
Estamos en un país con un tercio del territorio amenazado por la desertificación y donde las previsiones de impactos por el cambio climático son de las más preocupantes y severas del continente
Cultivos tradicionalmente de secano (como olivar, almendros o la vid) se han convertido ahora en inmensos consumidores de agua. Y a estos hay que sumar otros nuevos, como el maíz o la alfalfa, que requieren altas y continuas dotaciones de agua. Y ahora nos encontramos evidentemente con los ríos y los embalses secos, justo cuando más se necesita el agua. ¿Previsión? ¡Ninguna!
Y así, hemos llegamos al mes de noviembre con unas reservas de agua embalsada (en superficie) del 37% y bajando. Hay que recordar que la primavera y el otoño son los periodos húmedos en la península ibérica y donde más precipitaciones recibe. De momento la primavera ha sido la más seca desde 1965, un 23% por debajo de la media, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y las previsiones para el otoño tampoco son demasiado buenas en cuanto a lluvias y nieves.
Pero podemos estar tranquilas con la actual sequía. Los políticos están aquí para salvarnos. El Gobierno pretende establecer un consenso estatal en materia hídrica con su nuevo “Pacto nacional por el agua”. Asistimos a “más de lo mismo”. Se usará la sequía para justificar la construcción de más embalses, trasvases e infraestructuras que nos han llevado a estar como estamos, sin agua.
A cambio se seguirá incrementando la presión sobre los ecosistemas acuáticos (ya heridos de muerte) y se continuará con las excepciones a la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo fundamental es la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las aguas (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras) con el fin de garantizar los usos sostenibles del agua a medio y largo plazo.
Tener unos ríos y unos acuíferos en buen estado nos asegura el abastecimiento y el riego en épocas de sequía, además de preservar los ecosistemas asociados que nos ayudan también a tener agua limpia disponible. Podemos asegurar entonces que las sequías, además de meteorológicas, son responsabilidad de una mala gestión política.
