El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la comunidad autónoma de Canarias para permitir a los agricultores acceder, a costes asumibles, a agua procedente de desalación y de pozos y de galerías. El importe de la subvención será de ocho millones de euros.
La garantía de la suficiencia y calidad de los recursos hídricos constituye uno de los objetivos prioritarios de la política del Gobierno, objetivos que cobran especial relevancia en las zonas más áridas del territorio español, que se concentran en el sureste peninsular y en el archipiélago canario, en las que la disminución de precipitaciones es cada vez más acusada.
Canarias, por su situación geográfica, ultra periférica, ve agravada su situación por la escasez de aguas superficiales y la imposibilidad de obtención de recursos hídricos mediante sistemas convencionales como los que pueden emplearse en el resto de cuencas hidrográficas en territorio peninsular. Esta circunstancia obliga a impulsar sistemas de reutilización de aguas y sistemas alternativos a los convencionales para incrementar la garantía de suministro, en particular para riego agrícola.
El regadío es el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas del archipiélago canario, con una superficie regada de 28.990 hectáreas, lo que representa el 69,85% de la superficie cultivada. Las aguas de regadío proceden principalmente de dos fuentes: aguas subterráneas (galería y pozos) y aguas de producción industrial (desaladas y depuradas). En ambos procesos de obtención de agua de riego, el consumo de energía es intensivo, incrementado el coste de su obtención.
Por todo ello, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que existen razones de interés público y social que justifican la concesión de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias que permita a los agricultores canarios acceder a agua procedente de desalación y de acuíferos subterráneos a un coste asumible.
El proyecto de Real Decreto fue sometido a información pública hasta el pasado 22 de marzo.