La situación de emergencia por la sequía que atraviesa España, la peor desde el año 1995, no es sólo fruto de la falta de lluvias. Es, sobre todo, el resultado de unas políticas que no han podido ni querido controlar y reducir la demanda y el uso del agua cuando todavía no faltaba. Y una de las claves en esas políticas es el precio, que en España sigue sin reflejar que el agua es un bien extremadamente escaso. Seguramente, el más valioso que tenemos.
El precio del agua tampoco ha servido como incentivo para evitar el inmenso deterioro de los ecosistemas acuáticos, nuestro seguro para tener agua en el futuro. Según los datos oficiales, casi la mitad de los ríos, humedales y acuíferos están en mal estado.
Y eso a pesar de que la legislación europea que protege el agua, la Directiva Marco de Agua, incluye una herramienta precisamente para eso: para que el precio del agua sirva para incentivar su uso eficiente y recuperar la salud de ríos, humedales y acuíferos. Es la llamada “recuperación de costes de los servicios del agua”, que las Confederaciones Hidrográficas deben aplicar desde que se aprobó la Directiva en el año 2000.
La recuperación de costes supone que se repercutan a los usuarios (los consumidores en los hogares, agricultores, empresas hidroeléctricas, industrias…) los costes de la gestión del agua: los costes financieros por la construcción y mantenimiento de infraestructuras (como embalses, depuradoras, tuberías, etc), pero también los costes ambientales y del recurso que suponen para toda la sociedad el uso abusivo, la contaminación del agua o la alteración de los ecosistemas acuáticos.
Según los datos oficiales, casi la mitad de los ríos, humedales y acuíferos están en mal estado.
Este principio de la recuperación de costes no persigue un ánimo de lucro, no se trata de recaudar por recaudar. El objetivo es redistribuir de forma transparente, justa y equitativa esos costes bajo el principio de ‘quien contamina paga’: el precio del agua debe reflejar su escasez, y quienes más contaminen o sobreexploten el agua deben pagar más, para penalizar su malgasto.
Hemos tenido tiempo de sobra para cumplir pero, según un análisis elaborado por WWF con ayuda de académicos y expertos en campos como la economía o el derecho ambiental, la recuperación de costes sigue siendo una cuenta pendiente en España: la información que recogen los Planes de Cuenca sigue siendo confusa y difícil de comparar, y hay multitud de excepciones y descuentos generalizados por el uso del agua que no están bien diferenciados.
También existen unos desequilibrios enormes en el pago del agua. En algunos casos, los usuarios urbanos e industriales subvencionan de forma indirecta la agricultura de regadío, que paga mucho menos por los servicios prestados por las autoridades del agua: 0,013 euros de media por metro cúbico de agua, frente a 0,060.
En el Congreso de los Diputados hemos presentado el documento, ‘¿Quién paga el agua?’, que incluye una serie de cambios legislativos sencillos para avanzar en la recuperación de costes. Por ejemplo, aplicando un canon al uso de las reservas de agua subterránea, por la que –pese a la sobreexplotación de muchos acuíferos- ahora mismo no se paga más que la electricidad que cuesta extraerla.
Lo que proponemos no es, ni mucho menos, una subida generalizada e indiscriminada del precio del agua. La Directiva Marco del Agua ni siquiera obliga a recuperar el 100% de los costes. Tan solo hace falta un sistema de tarifas justo y transparente, que desincentive el uso abusivo del agua y nos permita cuidar los ríos, humedales y acuíferos de los que dependemos para beber.
Seguiremos trabajando y presionando a las autoridades para que las cuentas del agua estén claras. Esto es, sobre todo, una gran oportunidad para que empecemos a ver y a utilizar el agua como lo que es: un bien enormemente valioso y escaso. Solo así conseguiremos adaptarnos a las sequías, cada vez más intensas y prolongadas, que ya nos está trayendo el cambio climático.
