Está previsto que este nuevo servicio “sostenible financieramente” cree 62 puestos de trabajo directos y más de 190 indirectos lo cual “no es desdeñable en un momento como el actual”, ha resaltado el vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, durante la rueda de prensa de hoy en la que se ha congratulado de que la Diputación Provincial con estas iniciativas se adelanta a lo estipulado por la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
La delegación de Medio Ambiente, tras la realización de un estudio exhaustivo en los municipios de la provincia, ha tenido conocimiento real de la situación en la que se encontraban los servicios públicos de abastecimiento de agua. Se ha elaborado auditorias técnicas de los servicios de agua a un total de ochenta y tres municipios, y seis entidades locales autónomas (ELAS). De sus resultados, se deriva un déficit de 3.036.607euros en la gestión actual del ciclo integral del agua (23 euros por habitante al año).
El ámbito geográfico de los estudios se ha centrado en los municipios que actualmente prestan el servicio de aguas de manera directa y que firmaron con la Diputación el protocolo de intenciones para la gestión supramunicipal del ciclo urbano del agua. Las conclusiones de los análisis realizados se pueden resumir en que los servicios de aguas presentas muchas y graves deficiencias.
Se ha detectado una falta de legalización de las infraestructuras
Se ha detectado una falta de legalización de las infraestructuras. Solo el 10% de los municipios tiene concesión de agua para el abastecimiento lo cual significa que “la Junta de Andalucía puede paralizar el desarrollo urbanístico del municipio” en cuestión, ha resaltado José Robles.
Hay un bajo rendimiento técnico de la red de abastecimiento con una media del 32,7% (fugas y acometidas ilegales, derivadas de un mal estado de las redes y una gestión poco eficiente de los servicios). Como consecuencia, se llega a una paralización del desarrollo urbanístico del municipio y un incumplimiento de la ley de Aguas de la comunidad autónoma.
“Este aspecto es muy importante, ya que además de suponer un uso irracional de los recursos hídricos supondrán un sobrecoste para los municipios”, ha indicado hoy el vicepresidente Robles.
La nueva ley de Aguas de Andalucía 9/2010, en su artículo 33, penaliza los rendimientos bajos de las redes de agua potable en municipios, siendo los mismos ayuntamientos los que deben de soportar, en forma de coste directo de su propio consumo, estas pérdidas. Esto supondrá a muchos municipios un coste adicional del agua, penalizaciones en financiación, dando lugar a paralización del desarrollo urbanístico.
Aún está por definir el rendimiento técnico mínimo por debajo del cual, las pérdidas tendrán un coste de 0,25 euros por metro cúbico, pero se han estudiado tres posibilidades. Este coste superaría en algunos casos la propia facturación del municipio.
En un total de 87 municipios estudiados, el coste por este concepto, estaría en función de las tres posibilidades estudiada entre los 2,5 millones y los 3 millones de euros. Estas pérdidas equivalen a 125,78 metros cúbicos por habitante y año.
La falta de mantenimiento preventivo y el deficiente tratamiento del agua potable conllevan sanciones en base al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Hay un bajo rendimiento técnico de la red de abastecimient
Así mismo, existe falta de especialización técnica y operativa e incumplimientos en lo relativo a la vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano en Andalucía pues se requiere de personal universitario o responsable técnico con capacitación profesional según la complejidad de las instalaciones. También carecen los municipios de elementos de protección colectiva e individual que garanticen la seguridad de los operarios con el consiguiente incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según las auditorías, que han permitido la revisión de más de 260 depósitos de agua potable de la provincia, las instalaciones son poco eficientes energéticamente, originando altos costes de explotación derivados de los consumos eléctricos. Así mismo, se vuelve a hacer patente la carencia en infraestructuras de depuración de aguas residuales: se han de ejecutar muchas estaciones depuradoras (100) y más del 90 por ciento de las existentes no cumplen los parámetros de vertido, derivando en multitud de sanciones.
La mayoría de ayuntamientos no depuran, ha apostillado Robles que ha hecho un llamamiento en este punto a la Junta de Andalucía para que planifique y active las inversiones necesarias en virtud de “ese canon autonómico que nos está cobrando a todos los granadinos, a todos los andaluces”. A este respecto, el diputado de Medio Ambiente ha recordado que el pleno de la Diputación exigió la activación de las 69 obras de instalaciones previstas como de interés de la comunidad autónoma.
