El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, se ha referido a la iniciativa planteada por la Plataforma Aguas de Alcázar de poner en marcha una consulta ciudadana sobre la privatización del servicio de aguas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ante lo que ha dicho que una asociación "no puede hacer una consulta".
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Labrador ha indicado que, en todo caso, una entidad como esta Plataforma "sí que puede hacer lo que le parezca dentro de su ámbito interno".
La Plataforma Aguas de Alcázar, tras la decisión del Ayuntamiento de asignar la gestión del agua en el municipio, ha anunciado que llevará a cabo una consulta ciudadana los días 20, 21, 22 y 23 de marzo, en la que podrán participar de manera presencial y por correo todos los ciudadanos del municipio mayores de 18 años.
Expediente sancionador a Sánchez Bódalo
En este contexto, Jesús Labrador ha confirmado que desde la Delegación del Gobierno se ha abierto un procedimiento sancionador al exalcalde socialista de la localidad, José Fernando Sánchez Bódalo, por presuntamente organizar las concentraciones no comunicadas de los pasados días 18 y 19 de febrero en protesta por este cambio de gestión del agua.
"No se le ha sancionado, solo se ha abierto un procedimiento sancionador que seguirá su curso, la ley sobre derecho de reunión se aplica a todas las personas, incluso para este señor", ha dicho.
Preguntado posteriormente en rueda de prensa sobre este caso, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que "mientras al frente de la Delegación haya una persona -en relación a Jesús Labrador- que responde más a intereses particulares que a los generales de la Comunidad Autónoma van a ocurrir muchos más".
En este sentido, ha recordado que "no es el primer" caso y "son muchos los ciudadanos que ya han sido sancionados por manifestar su opinión en contra al Gobierno de Castilla-La Mancha". "Se está sancionando a personas por decir en voz alta lo que piensan, eso no había ocurrido hacía muchos años en Castilla-La Mancha".
Por parte del Partido Popular, la diputada regional Cesárea Arnedo ha indicado que "si hay muchas personas que han sido sancionadas por manifestarse será porque no se han producido los procedimientos legales", lamentando que el PSOE "vuelva a despreciar las instituciones que no dirige hoy".
"Supongo que el expediente a Bódalo será porque hay una denuncia previa, no sé si de la Policía o la Guardia Civil, y Bódalo, como cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha, está sujeto al amparo de la ley. Deslegitimar eso es despreciar las instituciones", ha comentado la parlamentaria 'popular'.
