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"En España, el abastecimiento está de notable y en saneamiento aprobamos por la mínima"

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  • " España, abastecimiento está notable y saneamiento aprobamos mínima"
    (Fotografías: Pablo González-Cebrián/iAgua).

Sobre la Entidad

AEAS
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento.

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España se prepara para un intenso periodo electoral, que incluye la celebración de elecciones generales, autonómicas y municipales en las próximas semanas. El sector del agua, muy disperso competencialmente, estará muy pendiente de todos los resultados para conocer a los nuevos responsables políticos.

Históricamente, la gestión del agua en las ciudades y todos los asuntos que lleva aparejados, como son las necesidades de inversión, la regulación, las tarifas o los modelos de gestión, no han tenido el peso debido en el debate electoral español. En esta ocasión, queremos ofrecer un altavoz a Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), para poner sobre la mesa las expectativas del sector empresarial de cara a estos comicios.

Pregunta: Antes de entrar en materia Sr. Morcillo, quisiera preguntarle por el panorama asociativo del sector del agua español. ¿Qué posición ocupa la Asociación que preside frente a la recién refundada AGA u otras como AEOPAS?

Respuesta: AEAS es la asociación líder en el sector de los servicios de agua urbana: abastecimiento, saneamiento y reutilización. Quiero enfatizar que somos una asociación técnica, sin ánimo de lucro y con 45 años de antigüedad, que está fundamentada en los operadores de los servicios del agua urbana, con independencia del modelo organizativo ─público, privado o mixto─ con que se presta dicho servicio. Además, se extiende a diferentes empresas colaboradoras, que constituyen el tejido industrial auxiliar, a otras entidades públicas relacionadas con la administración del agua, como confederaciones, agencias autonómicas y departamentos universitarios, y se complementa con expertos individuales que tienen interés en trabajar por las iniciativas asociativas en nuestro sector. Asimismo, AEAS es el representante español en la European Federation of National Associations of Water Services (EurEau) y la delegada de la International Water Association (IWA) en España.

Por otro lado, mantenemos una larga tradición de convenio con AGA, que es la asociación empresarial que se encarga de la defensa de los intereses de ese modelo organizativo, así como las relaciones laborales o aspectos formativos. También con ASA-Andalucía, nuestra homologa andaluza; ASAIB, la balear; o ASAC, que agrupa a los operadores que trabajan en Cataluña.

Asimismo, tenemos unos encuentros de coordinación con otras asociaciones con las que colaboramos asiduamente, como AEDYR, ASAGUA, AQUA ESPAÑA, IBSTT (Tecnologías Sin Zanja), ANFAGUA (contadores) o ADECAGUA.

Nuestros objetivos son técnicos y nuestra trayectoria así lo demuestra. Por eso, y con todo el respeto a cualquier iniciativa asociativa, no comparto ciertos planteamientos de AEOPAS, en cierto modo radicales y excluyentes, que desde mi punto de vista no la hacen comparable con una asociación técnica inclusiva y facilitadora de puentes como es AEAS.

Fernando Morcillo

P.- El próximo mes de mayo se celebrarán elecciones generales en España, ¿qué papel cree que va a jugar el debate sobre el agua en la campaña?

R.- Desde ni opinión técnica, creo que desgraciadamente será un debate pobre, y que se recurrirá a los eslóganes y etiquetas ya conocidas que radicalizarán una vez más los campos electorales, sin capacidad argumental para proponer estrategias o políticas con mayúsculas que se orienten al bien común ni a la sostenibilidad futura, tal y como demanda la gestión de un bien tan básico y vital como es el agua. Desde AEAS, animamos a las fuerzas políticas a que construyan, de forma reflexiva y atendiendo a los requerimientos de la ciudadanía, programas que aporten enfoques constructivos con el objetivo del bien común. Humildemente brindamos nuestro conocimiento y colaboración.

Creo que vivimos de las rentas que proporciona una buena estructuración legal y administrativa sobre el agua, heredada de generaciones anteriores, pero no hay posicionamiento justificado ni diálogo entre estadistas que hagan albergar expectativas para plantear soluciones de largo plazo, teniendo en cuenta los nuevos retos del cambio climático, la economía circular, la prevención de la contaminación emergente o la obsolescencia de nuestros sistemas e infraestructuras.

P.- La Ley del Ciclo Urbano del Agua, ¿está en la agenda de los partidos?

R.- Después de más de 6 años de insistencia por parte de AEAS y sus asociados sobre la posible utilidad de una armonización regulatoria a nivel estatal en pos de la búsqueda de mayor eficiencia y de resolver problemas de recuperación de costes (contemplada en la Directiva Marco del Agua -DMA- del año 2000), seguridad jurídica y transparencia, parece que empieza a calar en algunos partidos políticos. Hasta tal punto que, por ejemplo, el GP Unidos Podemos presentó, a finales del año pasado, una propuesta de Ley en el parlamento español en ese sentido.

P.- La falta de inversiones es una de las demandas históricas del sector del agua. ¿Cómo la van a hacer llegar a los nuevos responsables políticos?

R.- Venimos trasladando la preocupación en dos aspectos: inversión en nuevas obras e instalaciones, y la necesaria para renovar el parque de infraestructuras y sistemas existentes.

Las primeras están perfectamente inventariadas en los Planes de Cuenca de las Demarcaciones Hidrográficas, y se estaban analizando en el Plan DSEAR. Supone, según nuestros cálculos, la obligación de aplicar 32 euros per cápita y año durante los próximos 15 años, de manera adicional a la media presupuestaria que se ha venido aplicando en los últimos años. Es un programa ambicioso pero que requiere soluciones de financiación.

Complementariamente, AEAS está intentando dar visibilidad a las necesidades de renovación y estamos finalizando un ambicioso estudio realizado con la UNED y la Universidad Politécnica de Barcelona para valorar los activos del sector español y fijar recomendaciones de vidas útiles. Podemos adelantar que se necesitan alrededor de 40 euros per cápita y año de forma permanente, y nuestro análisis concluye que solo se están aplicando 12 euros cada año a través, fundamentalmente, de las tarifas y tasas vigentes. Es decir, hay un déficit de unos 28 euros per cápita y año.

¿Cómo se debe contribuir para asegurar esas cifras? Pues a través de impuestos o bien por tarifas. Y es una decisión de orden político, pero no podemos mirar para otro lado, ya que hay que hacer este esfuerzo inversor y conviene empezar cuanto antes.

A mí como técnico me gustan los ejemplos de la Europa nórdica, donde las cargas se están trasladando a la tarifa en coherencia con una mejor justicia social y un más avanzado compromiso ambiental.

Fernando Morcillo

P.- ¿Qué percepción sobre la colaboración público-privada para la gestión de los servicios y la construcción y explotación de infraestructuras están percibiendo desde las diferentes sensibilidades políticas?

R.- Es curioso que, teniendo una tradición superior a los 150 años en las CPP, y habiéndose consolidado como un modelo de éxito tamizado por el tiempo, la experiencia y la consideración de “buena práctica”, hoy haya posiciones políticas más radicalizadas contrarias a estos modelos. También es verdad que aquellos partidos más cercanos al liberalismo económico o los partidarios de la economía social de mercado no la han promovido con más contundencia, y ni siquiera la han defendido con claridad.

También sorprende que ese modelo español que ha permitido que nuestro sector del agua sea un referente a nivel mundial ahora se pretenda excluir o minimizar. Nuestros operadores y tecnólogos son empresas de prestigio y líderes mundiales, y esa internacionalización está permitiendo generar empleo de calidad y divisas que ayudan al progreso económico y a la riqueza nacional.

P.- Cuatro semanas después de las elecciones generales, se llevarán a cabo elecciones municipales y autonómicas, administraciones clave para la gestión del agua urbana. ¿Qué panorama se van a encontrar, en su caso, los nuevos representantes municipales que ocupen sus cargos en los próximos meses?

R.- A nivel nacional, los servicios en abastecimiento están de notable, y en saneamiento aprobamos, aunque sea por la mínima. Por tanto, estos servicios no generarán, en general y a corto plazo, una gran preocupación a nuestros representantes en la política municipal. El sector trabaja muy seriamente en la economía circular, en la descarbonización de la economía frente al cambio climático o en atender el principio de asequibilidad económica de estos servicios. AEAS ha redactado, y acaba de presentar junto con la FEMP, una Guía para la aplicación de Mecanismos de Acción Social para asegurar el derecho humano al agua de cualquier ciudadano.

Por tanto, los responsables municipales no tendrán muchos problemas a corto plazo, pero deben de pensar en el medio y largo plazo.

Para que no se olviden de esa preocupación de sostenibilidad, se encontrarán con la voz del sector insistiendo sobre la sostenibilidad y la solidaridad intergeneracional en tres ámbitos:

Una inversión potente y sostenida no solo para cumplir el déficit que existe actualmente en depuración de aguas residuales, sino para ir renovando, con la máxima eficiencia y rigor, el gran patrimonio de infraestructuras en las que soportamos los servicios públicos del ciclo urbano del agua. Y en donde, ya lo he dicho, las colaboraciones público-privadas podrían jugar un papel relevante.

El cumplimiento de la DMA en lo que respecta a la “recuperación de costes” de los servicios, al papel de la tarifa en ese sentido, al cumplimiento de la “adecuada contribución del usuario” y al principio de “quien contamina paga”.

Para disponer del soporte normativo, la eficacia y la necesaria independencia técnica que requerirá la formulación de los programas enfocados a resolver las dos demandas citadas, aconsejamos el establecimiento de una ley que armonice el ciclo urbano del agua y la implantación de un “regulador” general, cuyo objetivo debe ser el de armonizar los niveles de prestación de los servicios, las estructuras tarifarias, la transparencia, la involucración y participación de la ciudadanía, buscando siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos. Este instrumento podría utilizar procedimientos de benchmarking o comparación entre indicadores y grados de cumplimiento de hitos y metas como acicate para favorecer la saludable competencia y optimizar el desempeño de los servicios de agua urbana. Además, contribuirá a la seguridad jurídica de los actores involucrados.

Nos gustaría que hubiera un acuerdo estatal, un pacto social o un consenso sobre la administración y la gestión del agua.

P.- El debate sobre los modelos de gestión y la llamada “remunicipalización”, ¿volverán a ser protagonistas en la campaña de estas elecciones municipales?

R.- Ya he mencionado que seguirán empleándose titulares aparentemente electoralistas, y se reverdecerá el estéril y vano debate respecto a los modelos y la mal llamada “remunicipalización”. Espero que los ciudadanos estén suficientemente informados y rechacen estas propuestas demagógicas.

Por ley, la responsabilidad de prestación de estos servicios es municipal y, con el adecuado control público, el modelo de gestión debe ser aquel que sea más eficaz y eficiente para la ciudadanía. Los modelos más eficientes, sean públicos o privados, son aquellos en donde se establecen economías de escala y alcance. Esto también lo ha dicho en las Cortes la actual titular del Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir, modelos supramunicipales o aquellos otros que pueden obtener economías empresariales por integración técnica y organizativa, como son los ejemplos que pueden demostrar algunas empresas privadas. Son escasos los ejemplos en donde eso se conseguirá por una gestión directa municipal, y solo se circunscribirán a grandes ciudades.

P.- ¿Cómo cree que afectará la percepción por parte de la población de la judicialización que ha sufrido el sector durante los últimos años?

R.- A la población lo que nos importa es la calidad en la prestación del servicio, su continuidad, la seguridad sanitaria e higiénica y el coste que habría que sufragar para hacerlos sostenibles. La judicialización no sería deseable, pero en un estado garantista, democrático y de derecho, que salvaguarda las legítimas posiciones de las partes, éstas tienen la posibilidad de dirimir judicialmente sus diferencias. Que yo sepa, en ningún proceso judicial se ha producido una crisis en la prestación del servicio, y ni tan siquiera alguna mínima afección para la ciudadanía.

Utilizar el mensaje o el titular de no subir el precio del agua como reclamo electoralista es dañino para una cultura social sobre la trascendencia vital del agua, y va en contra del progreso en la calidad del agua y la protección ambiental

P.- ¿Qué panorama prevé para la evolución de las tarifas del agua urbana ante este escenario electoral?

R.- Las tarifas suelen aprobarse a finales o inicios del ciclo anual natural. Este año la tendencia ha sido la congelación de las mismas y, en algunos casos, incluso la reducción, mínima, cosmética podríamos aseverar, de sus importes.

En mi opinión, de acuerdo con los datos del sector y salvando algunas excepciones, esto supone una irresponsabilidad por parte de algunas autoridades locales y autonómicas que lo único que hacen con estas decisiones es contribuir a incrementar el déficit de sostenibilidad de los servicios y cercenar las posibilidades futuras de invertir lo necesario.

Utilizar el mensaje o el titular de no subir el precio del agua como reclamo electoralista es dañino para una cultura social sobre la trascendencia vital del agua, y va en contra del progreso en la calidad del agua y la protección ambiental. Somos un país avanzado, serio y con una gran calidad en la prestación de los servicios de agua y, por ello, desde nuestra asociación rechazamos estos oportunismos electoralistas. Un “Observatorio” o “Regulador” también ayudaría a evitar estas injustificadas e incoherentes decisiones.

P.- La comunicación está siendo señalada de forma constante como uno de los retos pendientes del sector. ¿Cree que se están tomando medidas para resolverlo?

R.- En el último lustro se ha avanzado muchísimo en la comunicación en nuestro sector. Las empresas disponen de buenos y muy cualificados equipos humanos que utilizan todas las técnicas comunicativas dirigidas a sus grupos de interés. AEAS ha contribuido a animar este desarrollo y tiene un Grupo de Trabajo sectorial sobre comunicación.

Pero quizá somos un poco endogámicos y solo llegamos a los expertos del agua. Es necesario dar el salto hacia la adecuada transmisión comunicativa a la ciudadanía en general. Ahora es el momento de trabajar para universalizar la importancia del agua, su verdadero valor y su condición de bien vital. Solamente lo conseguiremos si trabajamos juntos desde la política, las instituciones, la administración hidrológica, las administraciones autonómicas y locales, las asociaciones de municipios, los operadores, toda la industria que contribuye a la adecuada gestión del agua y el resto de actores involucrados. Además, no debemos olvidar la educación y la concienciación.

Desde AEAS hemos empezado a trasladárselo a nuestras autoridades e intentamos contribuir positivamente a su divulgación.

Quiero terminar recordando el eslogan de la ONU para el 22 de marzo de este año, Día Mundial del Agua: “No dejemos a nadie atrás”. Esto debe ser aplicado, también, en las acciones de comunicación.

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