En 2020 se cumplen diez años del reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando la importancia de un acceso al agua seguro y universal para todos.
A pesar de que el acceso a agua, al saneamiento y a la higiene es un derecho humano, miles de millones de personas tienen a diario grandes dificultades para acceder a los servicios básicos, y eso se traduce en las cifras: casi 700 niños mueren al día por enfermedades relacionadas con agua potable y enfermedades relacionadas con agua y saneamiento deficitario y 2 millones de personas continúan sin acceso a agua potable en sus hogares.
En 2002, durante la 29ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), se adopta el derecho al agua, señalando que toda persona tiene derecho a un agua segura, aceptable, accesible, asequible y suficiente. Sin embargo, no es hasta 2008 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designa a la primera Experta Independiente sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, que más tarde se convertirá en la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.
Dos años después, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento. El reconocimiento de este derecho marca un hito importante en el respeto la protección y la realización de los derechos, vulnerados para una mayoría de población en riesgo y empobrecida.
Han pasado diez años desde entonces, y aunque el derecho humano al agua y al saneamiento está estrechamente relacionado con otros derechos que también son vitales, como la alimentación o la salud, millones de personas siguen sin tener acceso a agua segura.
© Miguel Lizana / AECID.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el año 2015, durante su primer informe como nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Léo Heller establece un marco para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento y la Asamblea de las Naciones Unidas designa el derecho humano al agua potable y el derecho humano al saneamiento como derechos separados. Además, se incluye en la Agenda 2030 el ODS 6 sobre la garantía de disponibilidad y gestión sostenible de agua y saneamiento para todos.
La inclusión de la gestión sostenible del agua y el saneamiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 implica que el acceso al recurso debe ser universal, y eleva el objetivo a una dimensión de ámbito internacional.
Léo Heller indica además en su informe “Diferentes tipos y niveles de servicios y derechos humanos al agua y al saneamiento” las medidas destinadas a garantizar el acceso al agua y al saneamiento y las prácticas de higiene adecuadas para determinar cómo hacer efectivos los derechos humanos. Así, bajo unas normas y principios basados en la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la calidad e inocuidad y la aceptabilidad, intimidad y dignidad, cita la resolución 24/18 del Consejo de Derechos Humanos, donde se reconoció que, “en virtud del derecho humano al agua potable y el saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico y al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, seguro y aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad”.
Desigualdad de género
Uno de los grupos especialmente vulnerables en relación al agua y al saneamiento universal son las mujeres y las niñas. En muchos países, son ellas las que se encargan de llevar agua a casa y sobre ellas recae la tarea de recogerla, lo que en ocasiones entraña un riesgo elevado. Los tabúes relacionados con la menstruación y el empleo de métodos sanitarios antihigiénicos provocan además riesgos para su salud. A esto se añade el agravante del peligro que corren muchas niñas y mujeres a ser acosadas cuando hacen sus necesidades al aire libre. Así, la falta de instalaciones adecuadas en los espacios públicos, ocasiona que muchas niñas dejen de asistir a la escuela cuando tienen su primera menstruación, lo que implica una baja tasa de escolarización y de acceso a la educación por parte de mujeres en muchos países.
© Miguel Lizana / AECID.
Según indica Cristóbal González-Aller Jurado, embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, en junio de 2019 se introdujo una vertiente agua potable y género dentro del objetivo de agua potable y saneamiento universal, pensando precisamente en el difícil acceso a agua potable y saneamiento de mujeres y niñas.
La labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dentro de la Agenda 2030, y con motivo de la estrategia de desarrollo sostenible, España cuenta entre sus prioridades el ODS 6, algo que considera un derecho fundamental y vital. Sin embargo, tal y como destaca González-Aller, para conseguir un acceso universal al agua y al saneamiento, es necesario ubicar este objetivo dentro de la agenda política, y ahí es donde entra el relator especial, cuya función principal debe ser mantener el agua y el saneamiento en la agenda política, implicando a empresas, sociedad civil y ciudadanía general.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) materializa el compromiso adquirido por España a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), un instrumento que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe.
Este fondo, creado a finales de 2007, comenzó su actividad en 2009, y se gestiona desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aunque los propios países de América Latina y Caribe y sus organismos públicos son quienes lideran y ejecutan las intervenciones.
Con el objetivo principal de disminuir la pobreza y la desigualdad, el FCAS desarrolla en 18 países de América Latina y el Caribe programas de fortalecimiento institucional, promoción de servicios de agua y saneamiento y desarrollo comunitario. Así, apoya y fortalece la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento y centra sus aportaciones en la provisión de un servicio de agua sostenible y saneamiento básico, a través de la dotación de infraestructuras para poblaciones que carecen del servicio. Además, también impulsa la realización de programas con perspectiva de género en América Latina y el Caribe, con el fin de disminuir las brechas en el acceso al agua potable y el saneamiento.
Asimismo, desarrolla 81 proyectos, tanto en la modalidad bilateral (ejecutada por AECID), como multilateral, gestionada con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e impulsa una cartera total de 1.662 millones de euros, que se centran en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Y es que solo con el compromiso de la ciudadanía, la voluntad política y el apoyo de empresas y entes públicos, podremos lograr un acceso universal y seguro para todos.