Agua y saneamiento, una cuestión de derechos

La mujer que pronunció esta frase lo hizo tras explicar lo que supone para las comunidades locales la posibilidad de contar con servicios de agua y saneamiento en sus hogares: ahorro de tiempo, mejora de las condiciones sanitarias y reducción de enfermedades, facilidad para preparar los alimentos, mejora de la higiene de las familias y un aumento de la asistencia de las chicas a la escuela, entre muchos otros beneficios.

Casi la mitad de la población mundial carece de acceso a saneamiento, y más de 2.000 millones de personas no disponen de agua segura

A pesar de ello, y aunque los datos reflejan una mejora de la situación desde el año 2015, las cifras se encuentran todavía lejos de ser satisfactorias y las estimaciones para el futuro no son positivas. Las previsiones señalan que esta situación se verá agravada por circunstancias como el crecimiento demográfico y la urbanización acelerada; el impacto del cambio climático y las variaciones en los patrones hídricos y el aumento constante de la demanda de agua para usos productivos (solo el 10% del agua disponible se destina al consumo humano, según la FAO; el resto se dedica a usos agrícolas –aproximadamente el 65%– e industriales –alrededor del 25%–).

Reconocimiento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Hoy, el acceso al agua y al saneamiento son reconocidos por Naciones Unidas como dos derechos humanos independientes, pero no siempre ha sido así. De hecho, el primer gran paso en este avance se dio hace menos de quince años. Fue en junio de 2010 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acordó, de forma unánime, reconocer el agua y el saneamiento con un derecho humano. Un gran paso en el que la Cooperación Española tuvo una importante participación con la creación y sostenimiento financiero, desde dos años antes, de la figura del Relator de Naciones Unidas para el Agua y el Saneamiento, entre otras iniciativas.

El problema con este reconocimiento “conjunto” era que, históricamente, las administraciones habían prestado una mayor atención al suministro de agua, dejando en un segundo lugar a los servicios de saneamiento, a pesar de la existencia de una “crisis global de saneamiento”: de los 3.600 millones de personas que no cuentan con servicios de saneamiento adecuados, casi 500 millones todavía siguen practicando la defecación al aire libre, puesto que no cuentan con ningún tipo de baños. Esto tiene unas consecuencias enormes en la vida y la salud de las personas y el medioambiente, aunque no siempre son tan visibles, ya que se trata de aspectos que habitualmente se circunscriben al ámbito personal o son incluso considerados un tema tabú, especialmente si hablamos de higiene menstrual.

La falta de saneamiento adecuado afecta muy especialmente a las mujeres y niñas, que se ven desprotegidas a la hora de hacer sus necesidades o cuidar su higiene menstrual si no cuentan con espacios adecuados en sus hogares o escuelas. Así lo explica Sunilda Cedeño, de la comunidad Sacón de Miguelillo, en Portoviejo: “Antes, los baños eran poco más que un pozo en el suelo. Y daba igual si estabas enferma o te encontrabas mal. Tenías que salir de la casa para ir al baño, lloviera o hiciera frío, fuera de día o de noche, sin saber si podía haber un animal o alguien merodeando por ahí. No había otra opción”.

Criterios para asegurar su cumplimiento

¿Pero qué implicaciones legales conlleva este reconocimiento? Lo más destacable es que forman parte de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y son vinculantes para todos aquellos estados firmantes del Pacto que los reconoce (PIDESC), que ha sido ratificado por 167 países. Además, se establecen cinco criterios fundamentales, que hacen referencia a la accesibilidad, la disponibilidad, la asequibilidad, la calidad y la aceptabilidad, tanto del agua como de los servicios de saneamiento.

De los 3.600 millones de personas sin servicios de saneamiento adecuados, 500 millones siguen practicando la defecación al aire libre

Esto significa que no basta con tener acceso a las infraestructuras de agua o saneamiento para que estos derechos se den por conseguidos. El concepto va mucho más allá e implica que los estados o las administraciones locales han de garantizar que todas las personas –sin ningún tipo de discriminación– dispongan de agua suficiente para el uso personal y doméstico, de forma continua, fiable y apta para el consumo humano, a un precio asequible y en condiciones aceptables social y culturalmente. En el caso del saneamiento, es básico que toda la población pueda acceder física y económicamente a una instalación de saneamiento, en todas las esferas de sus vidas y a todas horas, que sean higiénicas, seguras, que tengan en cuenta las necesidades relativas al género, que garanticen la intimidad y la dignidad, y que sean aceptables desde el punto de vista social y cultural.

Ambos llevan asociados los principios transversales de todos los derechos humanos, que han de garantizarse siempre. Estos son los principios de universalidad –que el servicio llegue a todas las personas, en cualquier lugar–; de igualdad –que nadie sea discriminado por motivos de género, edad, etnia, capacidad económica u otras situaciones…–; de participación; de transparencia y rendición de cuentas, y de sostenibilidad.

Solo el 10% del agua disponible se utiliza para el consumo humano; el resto se destina a usos productivos, como agricultura o industria

La importancia de los derechos humanos al agua y al saneamiento radica en que se configuran como un paso indispensable para la realización de otros derechos. Porque, ¿cómo podríamos garantizar el derecho a la salud sin disponer de agua potable? ¿Cómo ofrecer una buena educación sin servicio de saneamiento en las escuelas? ¿Cómo disfrutar de un medioambiente cuidado sin disponer de tratamiento de las aguas residuales? En definitiva, ¿cómo sería posible el desarrollo sin tener asegurados unos mínimos en cuanto a la disposición de agua y los servicios de saneamiento?

El papel de la cooperación

Avanzar en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento es un reto global en el que es necesario la participación de los gobiernos y administraciones públicas, el sector privado, la Academia, los organismos internacionales y, por supuesto, la cooperación internacional. Tal y como señalaba en su Informe de 2020 el anterior relator para el Agua y el Saneamiento, Léo Heller, “con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se empezó a considerar explícitamente la cooperación para el desarrollo como medio para la consecución de las metas 6.1 y 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativas al agua y el saneamiento”.

En este sentido, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), la mayor iniciativa para el sector de la Cooperación Española, tiene como objetivo prioritario la realización efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento en América Latina y el Caribe, constituyendo el eje vertebrador de su estrategia como medio para incidir en la lucha contra la pobreza. Esto se trabaja de una forma integral, fomentando la gobernanza del agua, impulsando el fortalecimiento institucional de los países socios y promoviendo la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Al mismo tiempo, se trabaja principalmente con poblaciones rurales y periurbanas, incorporando el enfoque de género de manera transversal en todos los programas.

Para avanzar en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento es necesaria la participación de gobiernos y administraciones

Unas líneas de acción que están presentes en todas las intervenciones y que se pueden ver en iniciativas como el Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de cuenca en la Parte Alta de la Subcuenca del Río Cuilco, en Guatemala. Allí, el acarreo de agua se ha reducido en un 97%, lo que ha tenido impactos en toda la población, aunque principalmente entre las mujeres y las niñas: “Recuerdo que siempre tuve que acarrear el agua, desde pequeña. Para la casa, para lavar la ropa, dar de comer a los animales. Mi mamá siempre nos llevaba a todos los hijos, cada uno con un recipiente, por pequeño que fuera, todo ayudaba”, explica Nohemí de León, residente en Tacaná, departamento de San Marcos, junto a la frontera con México. Hoy, contar con el agua ha mejorado los niveles de asistencia al colegio y la propia salud comunitaria: “El tema del acarreo traía consecuencias en el aprendizaje de los niños”, explica Edwin Ramírez, maestro de la escuela Ixcamiche en el municipio. “Algunos llegaban tarde al colegio porque tenían que ayudar a las familias por la mañana; estaban muy expuestos a contraer enfermedades, y además carecían de higiene personal”. Con la llegada del preciado líquido a los hogares, la situación cambió por completo, provocando un cambio estructural en la comunidad.

Con el objetivo de asegurar el enfoque de Derechos Humanos en los programas, el Fondo del Agua elaboró en 2017 la herramienta de Exigibilidad de los derechos humanos al agua y al saneamiento y la Lista de Comprobación para el Cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en proyectos de cooperación. Asimismo, en la actualidad está trabajando, con apoyo de la ONG ONGAWA, en la creación de una herramienta práctica que permite el autodiagnóstico de las municipalidades rurales en cuanto a su cumplimiento de los DHAS y ofrece informes personalizados con los pasos a dar para continuar avanzando en su plena realización. En esta misma línea, el Fondo ha llevado a cabo formaciones, seminarios y encuentros en los que se ha profundizado en los diferentes acercamientos a los DHAS, y a finales de 2021 publicó el documento ‘Aprendizajes desde la experiencia en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Los derechos humanos al agua y al saneamiento’, en el que comparte experiencias, buenas prácticas y aprendizajes a partir del trabajo desarrollado desde su creación, en 2008.

En 2010, el acceso al agua y al saneamiento fueron reconocidos como derechos humanos. Desde 2015, se configuran como interrelacionados

La realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento ha de ser progresiva: esto es, debe estar planificada por parte de las autoridades para lograr su plena implementación y garantizar su disfrute por parte de toda la población. Pero esto no siempre es fácil, no solo en términos económicos, sino también en lo que respecta al nivel de conocimiento sobre el contenido de estos derechos por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, ¿cómo se garantiza su derecho al agua limpia y al saneamiento a las personas sin hogar?, ¿qué beneficios supone contar con baños públicos adecuados?; ¿se prioriza el agua para el uso doméstico frente a otros usos productivos?; ¿es seguro el camino hasta los puntos de abastecimiento?

Para dar respuesta positiva a estar preguntas y avanzar en la realización progresiva de los DHAS, el Fondo del Agua ha establecido unas líneas de acción para el futuro entre las que destacan el apoyo a la elaboración de políticas públicas, –incidiendo en la cobertura universal de agua y saneamiento y la mejora de los servicios–; la mejora de la gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el aumento del conocimiento sobre lo que implican los DHAS. Para ello, se propone continuar apoyando a programas con una incidencia significativa en el sector, priorizando a los colectivos vulnerables y que sufren las mayores brechas de acceso al agua y al saneamiento –especialmente mujeres, niñas y poblaciones rurales, indígenas o afrodescendientes–. Un camino que será largo, pero que, de momento, ya ha conseguido beneficiar a más de cuatro millones de personas y en el que el Fondo del Agua sigue trabajando para que muchas más personas puedan, por fin, realizar algo tan sencillo como cantar bajo la ducha.