El pasado día 25 de abril de 2018. Luis Babiano, Gerente de AEOPAS, participó en la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En las siguientes líneas se resume dicha comparecencia.
Luis Babiano: Gerente de AEOPAS
La Península Ibérica es un mosaico climático muy diverso y el cambio climático tendrá un efecto diferenciado en el territorio. No obstante, tal como se demostró el pasado año hidrológico, todos los territorios tendrán problemas con la gestión de los episodios de sequía. España es un país muy regulado en la actualidad el número de grandes presas supera las 1.200 con una capacidad aproximada de 56.000 hm3. De éstas, unas 450 son anteriores a 1960 y más de 100 ya existían en el año 1915. En este sentido el Cambio Climático nos fuerza ha centrarnos en el desarrollo de recursos no convencionales y en desarrollar políticas de “gestión de la demanda”, especialmente en el regadío, que hoy sigue creciendo bajo el incentivo de los negocios agro-exportadores. El gran desarrollo histórico de infraestructuras hidráulicas nos ha llevado a una enorme huella hídrica y a una economía madura que impone una eficiencia de regulación cada vez más baja de cara a nuevos proyectos de regulación. Tenemos que recordar que disponemos de una enorme y rica red Natura 2000 que restringe mucho la viabilidad ambiental de nuevas grandes presas y trasvases. Además, muchos de nuestros acuíferos están sobreexplotados.
En este contexto, van ha existir retos financieros para afrontar los riesgos derivados del cambio climático. Principalmente va a ser preocupante en los pueblos y ciudades de menores de 20.000 habitantes, por los problemas cuantitativos (habrá escasez por falta de inversión en infraestructura) y cualitativos (habrá episodios de contaminación en sus fuentes de suministro) y porque apenas existen mecanismos claros de inversión para estos territorios ya que nunca podrán buscar afrontar la solución a estos problemas desde la autofinanciación. Al respecto las diputaciones provinciales pueden y deben ayudar mucho.
En todo caso, en general, hemos mejorado mucho en reducir el consumo de agua en los abastecimientos urbanos aunque se constata que crecen las fugas por desinversión en reposición y conservación de redes. Hoy estamos en una media de 122 l/hab/día de uso doméstico. 100 litros por persona y día debe de ser reto que se deben imponer nuestras ciudades para contribuir a mitigar el cambio climático y adaptarse a él. La ONU establece un rango de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día como cantidad necesaria para satisfacer las necesidades humanas.
Ante los riesgos crecientes de sequía y de inundación por cambio climático, eludir el cumplimiento de los acuerdos de Paris es suicida. La gobernabilidad del agua apenas aparece en la agenda política y sólo aparece cuando vivimos episodios de crisis de sistema (que suele coincidir con la aparición de fenómenos climatológicos extremos). Gestionamos desde una desde una perspectiva de “ciclo hidro – ilógico”. Estamos tan acostumbrados a que cuando necesitamos agua solo tenemos que abrir el grifo, que olvidamos que ésta no se origina allí. Se requiere un proceso bastante complejo para que podamos disfrutar de agua potable en nuestras casas.Este ciclo hidro-ilogico implica que sólo actuamos en la gestión del agua cuando llegamos a una situación de pánico y que entramos en la apatía cuando vuelven las temporadas de lluvia. Una prueba es que la legislación vigente prevé elaborar planes de sequía en municipios con más de 20.000 habitantes pero eso no se cumple. En el Júcar de 72 municipios y consorcios existentes sólo 15 lo hicieron y la Confederación ni siquiera les respondió en su función de control. Tenemos leyes pero no seguimiento de su cumplimiento.
En el mundo domina ampliamente la gestión pública, pero en nuestro país crecen las presiones privatizadoras, como forma simplemente de alimentar las arcas municipales. Esta fórmula de privatización es especulativa y está derivando en una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua. El dinero que reciben los ayuntamiento por los llamados cánones concesionales a usos que no son del ciclo del agua. Se ha pasado de la financiación municipal desde el ladrillo a intentarlo a través de la privatización de los servicios…
Conclusiones
Necesitamos dar soluciones a las poblaciones menores de 20.000 habitantes que seguramente tendrán problemas para hacer frente a los retos del cambio climático de manera autónoma.
El Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone ofrece la ocasión de cambios legales necesarios: que obliguen a que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas; que eviten la dilación de contratos; que eviten beneficios impropios de los concesionarios privados sobre la base de “blindar los mercados de inputs secundarios”, imponiendo que compras contrataciones y subcontrataciones se hagan por concurso público y no por contratación directa a empresas del propio grupo… A respecto sirva de ejemplo el resultado de la investigación sobre el “caso Pokemon” que revela hubo un 89,7% de auto-compras directas (sin concurso) a empresas del mismo grupo.
Hay que dotar a las Confederaciones de medios y de cuadros técnicos capacitados para gestionar estas nuevas perspectivas de gestión, que ya no se centran tanto en el fomento de obras hidráulicas. No tenemos organismos de cuenca dotados del personal necesario para garantizar el actual cumplimiento de las directivas europeas. Si queremos tener éxito en establecer medidas para mitigar el cambio climático también necesitamos un reforzamiento de nuestras instituciones.
Hay que modificar y actualizar, por ley, la financiación municipal que requieren, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, ante el Cambio Climático, tanto en la renovación de redes como ante el reto del saneamiento y del drenaje urbano. Debemos además hacer frente al binomio agua y energía.
Hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.
Promover nuevos modelos de gestión pública participativa, desde la transparencia y la participación ciudadana que la gestión pública ofrece, al menos potencialmente, garantizando las inversiones necesarias bajo la lógica del interés general, y no desde la prioridad de generar beneficios para las empresas (que preside lógicamente la gestión privada) ni la compensación del déficit financiero que se impone a los Ayuntamientos.
