El agua es un derecho, y como tal las administraciones deben velar para que el acceso a su consumo y uso sea generalizado y llegue a todas las personas que conforman la sociedad. Ese es el mensaje que se extrae tras las jornadas sobre el derecho del agua que se han celebrado en la ciudad de Cádiz los días 11 y 12 de noviembre y que finalizaron con la firma de una declaración fruto del consenso entre diferentes representantes públicos, operadores de agua y organizaciones sociales.
La denominada Declaración de Cádiz sobre el Derecho Humano y la Gestión Pública del Agua está firmada organizaciones sociales, sindicales u operadores públicos, como Marea Azul del Sur, Nueva cultura del Agua, Aguas de Cádiz, Aeopas, Medina Global, Emasesa, Ecologistas en acción, Emacsa, la Universidad de Sevilla, Comisiones Obreras, Facua, Ingeniería sin Fronteras, Solidaridad Internacional o la Fundación Nueva Cultura del Agua.
En este documento quieren plasmar que tal y como recoge la Directiva Europea Marco del Agua que "el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", siendo un derecho humano que incluso se considera "condición previa para la realización de otros derechos fundamentales".
"Entendemos que la gestión de los servicios del agua tiene que ser pública, acompañada de nuevas formas de participación ciudadana efectiva que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y el control social", señala la declaración en su cuarto punto, rechazando explícitamente "la privatización de los servicios del ciclo integral urbano del agua" y apoyando "los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos".
El empleo vinculado al abastecimiento del agua también viene recogido en esta declaración. "Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Debe evitarse una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral, garantizándose la estabilidad de los puestos y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras procedentes de las empresas privadas (o mixtas). Se proveerán los mecanismos necesarios para que las personas empleadas, usuarias y consumidoras participen en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio".
Finalmente se denuncia la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "en la medida en la que uno de sus objetivos claros es la privatización de los servicios de agua municipales", indican, la necesidad imperiosa de la constitución de una “Red Anzaluza de Personas Electas y Ciudadanía por el Agua 100% Pública.
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