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L. Babiano: "El aumento tarifario solo tiene y tendrá sentido si se destina a mejorar el servicio"

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Sobre la Entidad

AEOPAS
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) promociona la gestión pública y participativa del agua.
Minsait
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Continuamos el ciclo de entrevistas sobre el precio del agua en España para conocer la opinión de expertos y actores implicados en las tarifas hídricas. Analizamos la situación actual y los retos futuros para hallar la fórmula de una gestión eficiente y justa del agua a través de un equilibrio económico-financiero de los servicios del agua y su integración.

En esta ocasión, hablamos con Luis Babiano, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Pregunta: ¿Cómo definiría la política de precios del agua en España?

Respuesta: Las actuales tarifas no están adecuadas para hacer frente a los retos de nuestros pueblos y ciudades. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en dos siglos. En el abastecimiento urbano de agua (como en otros sectores) necesitamos un nuevo planteamiento económico y enfrentarnos a una pregunta fundamental sobre qué modelo de gestión queremos ya que la repercusión de los costes del modelo deberá ser fruto de la planificación y de la participación.

En este sentido el nuevo modelo de gestión no sólo debe de afrontar los actuales retos (necesidad de inversiones y falta de cumplimientos de directivas y normativas internacionales) sino que debe de ser responsable con las generaciones futuras. La falta de inversión en las infraestructuras de agua, provoca que tengamos una red envejecida, contra la que es muy difícil luchar, y cuanto más tiempo pase, más perdida tendremos la batalla.

En España, el 39% de la red de abastecimiento tiene más de treinta años, y una cuarta parte (26%) más de cuarenta. La falta de inversión se traducirá necesariamente en el deterioro de la calidad y en la disminución de la garantía futura de prestación de los servicios. El lector tiene que conocer que en el sistema español un aumento de las tarifas no implica un mayor esfuerzo inversor. Según el INE hemos pasado de pagar 0.56€ por suministro y 0.17€ por saneamiento en el año 2000, a 1.17€ por el suministro y 0.78€ por saneamiento en el 2016 (último dato registrado). Sin embargo el aumento constante en el recibo no ha provocado un impulso inversor. De hecho de 2014 a 2016 (en 2015 no hay datos) las pérdidas en red se han incrementado.

Para afrontar el tema de las tarifas se debería contar previamente con un marco regulatorio transparente, definidos con indicadores estandarizados que permitan la realización de una comparación científica más cercana a la realidad de los servicios, por ejemplo, cortes de agua realizados a los usuarios, bonificaciones disponibles, cantidad, calidad y continuidad del servicio, existencia de atención presencial, dispersión geográfica y poblacional de la zona atendida, que en algunos casos ni las propias gestoras del servicio conocen. Debería existir una reglamentación que promoviera la publicación y difusión de este tipo de información.

La planificación participada debe de ser la que marque las inversiones y, en gran medida los costes de nuestras tarifas y el consenso sobre las mismas. En este sentido señalar que las entidades gestoras con una gestión indirecta, el acceso es aún más si cabe más difícil, negándose a facilitar cualquier tipo de información básica sobre la entidad, lo que repercute la dificultad de generar estudios veraces y cercanos a la realidad.

Además es necesario asumir la doble realidad en relación a la capacidad de recuperación de costes: grandes aglomeraciones con sistemas infraestructurales maduros frente al mundo rural que no puede hacer frente con criterios de recuperación de costes de las inversiones que tiene que afrontar. Un problema, que también debemos de abordar si queremos adaptarnos a la incertidumbre de la actual emergencia climática. En este sentido es imprescindible crear impuestos solidarios parecidos (o modificando) al actual canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que algunas comunidades autónomas, como el caso de Andalucía, establecen. Muchos centros de creación de opinión omiten que menos del 9% de esos municipios tienen más de 10.000 habitantes y que su futuro nunca podrá depender de su tarifa.

Por estos motivos, junto a la consideración del agua como un derecho humano, es necesario un nuevo modelo de gestión pública diferente al actual, como el que está concretado en el Pacto Social por el Agua aprobado por decenas de ayuntamientos, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos de toda España, entre ellos el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016) o el Principado de Asturias. En los últimos años experiencias como los observatorios de Xávia (Alicante), Terrassa (Barcelona),  EMASESA (Empresa Metropolitana de Sevilla) o la elaboración participada del Plan Estratégico de Aguas de Cádiz son ejemplo claros de este nuevo modelo ya que están poniendo las bases para crear un nuevo modelo más resiliente y adaptado a los condicionantes del cambio climático, pero también a los criterios definitorios del derecho humano al agua y al saneamiento.

La falta de inversión se traducirá necesariamente en el deterioro de la calidad y en la disminución de la garantía futura de prestación de los servicios

P.- ¿Qué le parece el marco competencial?

R.- Durante los últimos años hemos venido constatando las limitaciones que presenta el modelo español sobre la gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han delegado esas competencias en empresas privadas. Este proceso se ha producido en una situación de carencia de información que hace muy difícil valorar hasta qué punto las nuevas situaciones suponen una mejora de la gestión. O lo que es lo mismo, el mito de que un sistema privatizado es más eficiente. Además, en todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua aparecen cánones concesionales millonarios que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa sin reflejarse específicamente. 

La carencia de indicadores estandarizados de gestión sobre la calidad de la prestación de los servicios ha dado como resultado una infinidad de sistemas de imposible comparación. Por ejemplo, ya a finales de 2009, el entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó la imposibilidad de comparar el precio del agua en Andalucía (como en el resto de España) e instó a la determinación de unos criterios comunes sobre el procedimiento que debieran utilizar todas las entidades suministradoras para fijar sus tarifas.

Entre las conclusiones de todos los debates sobre el agua siempre se destaca que pagamos poco por este recurso limitado. Pero conviene subrayar que el aumento tarifario sólo tiene y tendrá sentido si se destina a mejorar el servicio y no a otros fines desconocidos por los usuarios y entre los que, en los casos de privatizaciones, siempre está la financiación del canon concesional. Y claro está que la empresa privada repercute dicho canon en la tarifa a la ciudadanía. 

Por ello es necesario y urgente crear instituciones que controlen "su salud", supervisen los concursos de privatización, refuercen la titularidad pública y vigilen la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados. En un país descentralizado como el nuestro, en todas las comunidades autónomas urge la creación de un ente técnico independiente que audite una serie de indicadores que describan la bondad del servicio (desde el interés del usuario) y que garanticen que los ciudadanos están disfrutando de una gestión pública sostenible desde una perspectiva social, económica y medioambiental.

Desde AEOPAS creemos que la prioridad es crear una Ley de Bases que aborde aspectos relativos al derecho humano al agua y al saneamiento, la participación y acceso a la información, transparencia, indicadores y rendición de cuentas, los derechos y obligaciones de las partes, la planificación, el régimen económico y los contratos concesionales. En este contexto, las comunidades autónomas deberían crear organismos específicos, como agencias reguladoras, que supervisen los servicios del ciclo integral urbano del agua e impulsen reglamentos de suministro de agua. Hay que resaltar que tan solo en la Comunidad Autónoma de Andalucía existe un Reglamento a nivel regional, actualmente en revisión, que es de obligado cumplimiento para todas las entidades gestoras de este territorio. Es relevante señalar el caso del Reglamento del servicio del Canal de Isabel II, empresa gestora del ciclo integral del agua en Madrid, que data de 1975 por lo que está, a todas luces, desfasado frente a la realidad actual del servicio en el área urbana de esa comunidad. Desde AEOPAS estamos convencidos de que estos reglamentos de suministro pueden impulsar una política tarifaria regulada, transparente y participativa, que favorecería la gestión de nuestros servicios de una manera más sostenible y minimizaría los conflictos territoriales. 

En línea con lo anterior, es importante mencionar que la Ley de Aguas para Andalucía incluye la creación de un Observatorio como órgano de participación en el que estarán representados todos los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos. Entre sus funciones destaca "la elaboración de propuestas sobre estándares de calidad e indicadores de gestión, criterios técnicos y metodología de cuantificación de los rendimientos en las redes urbanas; y estructura tarifaria de los servicios del agua". Sin embargo, tras nueve años desde su aprobación parece que el gobierno lo ha aparcado. No obstante esta iniciativa se replica en otros territorios y, así, el Consell de Valencia ha impulsado recientemente la constitución del Observatorio del Agua, con la participación de una veintena de entidades ciudadanas.

Consideramos que esta propuesta debe estar inspirada en la Directiva Marco del Agua (DMA) que señala como objetivo mantener el estado ecológico de nuestras aguas a través de la recuperación de los costes y la participación pública, ya que significa el reconocimiento de la necesidad de contar con las diferentes administraciones y con la ciudadanía a la hora de buscar las soluciones a los actuales problemas del agua. Esta participación debe ser real y basada en la transparencia. Defendemos que el peso de los Ayuntamientos -órganos competentes en esta materia- debe ser hegemónico en estos Observatorios junto al de consumidores y usuarios.

P.- ¿Debería haber una legislación nacional que los regule?

R.- Desde AEOPAS, junto a muchos representantes de la sociedad civil como la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Red Agua Pública creemos que es necesario una Ley de Bases que refuerce a las instituciones titulares de los servicios. Los aspectos prioritarios que esta ley de bases debe tener en cuenta son los relativos al derecho humano al agua y al saneamiento, la participación y acceso a la información, transparencia, indicadores y rendición de cuentas, los derechos y obligaciones de las partes, la planificación, el régimen económico y los contratos concesionales

Consciente de la situación de emergencia climática que evidenciará aún más en esta nueva sequía, nos encontramos en un punto en el que el viejo modelo de gestión ha tocado techo y está en pleno declive; es necesario implementar inversiones que seguramente implicarán subidas tarifarias pero estas sólo podrán implementarse si son fruto de una planificación participada. Por eso es imprescindible el reforzamiento del modelo de gestión público.

El futuro se orienta con gran sensibilidad sobre el gobierno y la gestión de los servicios públicos y los derechos básicos que tienen asociados. No obstante, este futuro presenta dificultades y riesgos de consideración, como es la amenaza de un regulador estatal promovido por una alianza de intereses entre el sector privado, que puede llegar a condicionar la política tarifaria de los ayuntamientos y su autonomía a la hora de definir las políticas para el servicio. Para el sector privado ello tendría grandes ventajas entre las cuales estaría la simplificación de la interlocución, el reconocimiento del sector como un mercado privado de dimensión española y no como un servicio público local, y por tanto su progresiva aproximación, tal como ha señalado, Joan Gaya, al papel del sector energético. No aumentarían los mecanismos de transparencia y sería un gran obstáculo para afrontar los retos de inversión necesaria para afrontar con éxito la emergencia climática.  

P.- ¿Debe recuperarse la totalidad de los costes asociados a los servicios?

R.- Los servicios públicos tienen un coste. Sea quien sea quien los soporte, este coste debe ser reconocido y su imputación debe ser transparente. En materia de agua, la Directiva Marco del Agua señala en su artículo 9 que los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes ambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga. En esto creo que existe un amplio consenso.

Sin embargo, desde un planteamiento ético es exigible el acceso asequible y universal -para todas y todos-, de los servicios de abastecimiento y saneamiento; es más, es una obligación de las administraciones públicas, tal y como se recoge en la legislación internacional que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Consecuentemente, el punto de partida para la adopción de decisiones en materia de financiación pública y formulación de políticas para la prestación de estos servicios, es que deben ser asequibles para todos. Este planteamiento difiere claramente de un enfoque estrictamente económico, que se centra en la recuperación total o parcial de los costes y sugiere huir de una consideración dogmática del principio de recuperación de costes.

En este contexto, como lo reconoce el relator especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento de Naciones Unidas,  cuando los servicios se prestan con criterios comerciales, surgen tensiones entre los objetivos ambientales (cobrar por el uso del agua para desalentar el despilfarro), los fundamentos económicos (sostenibilidad financiera para garantizar servicios de calidad para todos) y las consideraciones de asequibilidad, que deben ser resueltas por las administraciones públicas con competencias en el sector, pero que también son responsabilidad de los operadores de los servicios.

Por tanto, es fundamental que las tarifas se estructuren de tal forma que quienes no puedan permitirse pagar el precio de coste total de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento) reciban ayudas a través de sistemas complementarios que garanticen la asequibilidad.

Las tensiones entre la asequibilidad, las cuestiones medioambientales y económicas se exacerban hasta hacerse prácticamente incompatibles cuando se privatizan los servicios y la gestión es mercantil y se realiza con ánimo de lucro, toda vez que la consecución de beneficios cobra todo el protagonismo.

El agua en términos económicos es un monopolio natural que cuando lo transformas en un bien mercantil, a través de su privatización, lo transformas en un mercado "fiable" con clientes y pagos asegurados, algo que en las circunstancias económicas actuales es un activo importante.  No obstante, el gran problema que tiene este negocio es que las subidas de tarifas suponen un conflicto político local. De ahí el interés del lobby privado de elevar las decisiones lejos de los ayuntamientos, es decir, lejos de terreno de juego donde se produce el conflicto. Por ejemplo, a través del presidente de Aguas de Barcelona, nos enteramos que hace cuatro años, el Gobierno preparó, con el apoyo de las organizaciones empresariales del agua, un borrador de Ley para el ciclo urbano del agua donde se pretendía que las corporaciones regularan el sector. Todo ello creando un marco regulador que limitara el poder de los municipios, que son los titulares en el caso del abastecimiento de agua, y de muchas comunidades autónomas que tutelan esa titularidad en función de sus competencias.

Lo cierto es que debería dar igual lo que estos gigantes opinen ya que necesitamos un nuevo paradigma de gestión basado en el concepto del bien común. La emergencia climática es una realidad y deberíamos tomar medidas de forma inmediata. Este reto sólo se podrá afrontar con inversiones que previamente hayan sido planificadas. Los operadores públicos tenemos una gran ventaja ya que podemos diseñar planes estratégicos participados con las ciudadanas. Estos planes, sin duda supondrán una subida en sus tarifas, pero serán fruto de un consenso social. En breve tendremos ejemplos claros de este paradigma y en estos momentos nuestra discusión debería de centrarse en crear un marco técnico, político y jurídico para que este tipo de planificación fuera un éxito.

Al margen de las nociones y de los intereses crematísticos, esta nueva realidad también tiene que superar otros obstáculos. El principal es que en nuestro estado existen 8.124 municipios y menos del 9% de esos municipios tienen más de 10.000 habitantes y que su futuro nunca podrá depender de su tarifa. Por eso es necesario establecer tributos de carácter solidarios

Es necesario un nuevo modelo de gestión pública diferente al actual

P.- ¿Cuál cree que es la estructura tarifaria más eficiente?

R.- En la respuesta relativa a la recuperación de costes ya contesto parcialmente esta pregunta, al menos desde el aspecto conceptual: las tarifas son los instrumentos que deben articular las administraciones públicas y los operadores de los servicios para asegurar su asequibilidad y la sostenibilidad ambiental y económica. Debe atender al escenario de emergencia climática y se debe de desarrollarse con la participación de la ciudadanía, en concordancia con los criterios transversales del derecho humano al agua y al saneamiento.

Como ejemplo relevante de participación activa y significativa, cabe resaltar el caso de la ciudad de Córdoba, donde el Consejo Social de la Ciudad, analiza e informa las propuestas de revisión de precios por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, depuración de vertidos de aguas residuales y autorizaciones en la red de alcantarillado; además, el consejo de administración de EMACSA cuenta con la participación con voz y voto de un representante ciudadano proveniente del Consejo Movimiento Ciudadano, que es el órgano permanente de participación que extiende sus funciones a toda la Ciudad, para tratar los asuntos de cualquier sector y que analiza y coordina las actuaciones que afectan a su territorio. Sus funciones principales de este Consejo son debatir los planes de actuación, canalizar quejas y sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en cualquier materia que afecte a la Ciudad. Este órgano de participación está compuesto por representantes de las asociaciones Ciudadanas de Córdoba.

Córdoba es la ciudad como más prestaciones sociales implementadas en todo el estado; es una de las entidades que tienen regulado el Suministro Mínimo Vital (S.M.V), junto a otras capitales como Cádiz y Sevilla, estableciendo para ello una dotación garantizada de 100 litros/hab./día. Además, en Córdoba se tiene en cuenta el orden fiscal de las calles para la cuota de servicio, o fija, de forma que va decreciendo a razón de un 3 % de una categoría a otra. De la calle con mayor valor fiscal a la de menor, se decrece la cuota fija en un 12%. Todo este modelo participativo y social lejos de poner en peligro a su empresa pública han convertido a EMACSA en ejemplo de empresa inversora y saneada.

Otra experiencia de participación ciudadana es la Málaga, en la que se realizan una serie de mesas para la configuración de las de tarifas. A estas mesas de trabajo, acuden representantes de los grupos políticos, de EMASA, así́ como de asociaciones de consumidores y usuarios. A través de una serie de sesiones de trabajos, se busca el consenso en cuanto al precio que se debe imponer para establecer un precio adecuado por el servicio, que permita la sostenibilidad del sistema y la generación de las inversiones necesarias. Como resultado de estas reuniones se decidió́ implementar un fondo de ayuda para familias en especial estado de necesidad en Málaga. Las actas de estas reuniones están disponibles en la página web de EMASA.

En la ciudad de Cádiz, se ha implementado una serie de talleres participativos para el estudio de un cambio significativo en el sistema tarifario, en pro de un sistema hab/hogar. Para ello se ha realizado una serie de sesiones con diferentes colectivos de la ciudad para dar a conocer el nuevo sistema tarifario, así́ como sus implicaciones sociales.

En el caso de EMASESA (área metropolitana de Sevilla), se resalta el proceso de formación del Observatorio de agua como instrumento de participación, surgido tras la implementación del Plan Estratégico de la entidad y basado en los principios de Gobernanza del Agua de la OCDE y los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Un órgano canalizador de toda la participación del área metropolitana de Sevilla. Este proyecto seguro que contribuirá a mejorar una estructura tarifaria que deberá afrontar importantes retos de tipo social y medioambiental.

P.- ¿Qué opinión le merecen los cánones autonómicos de depuración? ¿Cree que cumplen el objetivo finalista con el que se plantearon?

R.- En teoría estos tributos se distribuyen con criterios de solidaridad en los territorios de cada comunidad autónoma y se dedicarían íntegramente a financiar la realización de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales. Sin embargo, no siempre es así y, en cualquier caso, resulta realmente difícil, por no decir imposible, conocer su destino real en muchos territorios.

El tema del buen estado de nuestros ríos debería ser prioritario y debería fraguarse a través de un fuerte consenso social, político y administrativo (hay muchas administraciones implicadas). No obstante, la depuración está en la actualidad marcada por el conflicto provocado por la ausencia de planificación, los retrasos en la ejecución de las obras  y las necesidades en nuevas infraestructuras que aún no han sido actualizadas, todo lo cual está desencadenando una situación esperpéntica en los tribunales.

Muchos responsables de empresas públicas y alcaldes, se encuentran imputados y atrapados en un conflicto de difícil resolución; por un lado los municipios consideran  importante adecuar sus instalaciones a la normativa  y; por otro, no existen fórmulas legales que permitan implementar estas infraestructuras, al existir un canon que se cobra de los ciudadanos por creación de infraestructura de depuración de agua, un canon adicional significaría una doble imputación. Es urgente que el nuevo gobierno central invierta y coordine junto a las comunidades autónomas una verdadera estrategia de depuración.

En realidad, desde hace años no ha existido ningún plan, ni programa, ni estrategia explícita sobre esta cuestión y necesitamos urgentemente rescatar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración nacido en el 2007 y olvidado posteriormente.

El tema del buen estado de nuestros ríos debería ser prioritario y debería fraguarse a través de un fuerte consenso social, político y administrativo

P.- A qué se deben la diferencia tarifaria en las Comunidades Autónomas?

R.- Como la mayoría de los lectores de iAgua conocen, es muy difícil comparar las tarifas del agua: las situaciones son muy distintas si el agua viene rodada desde la captación, o si es necesario bombearla desde pozos profundos. Donde el agua requiere costosos tratamientos, será distinto de si el agua es limpia. Por eso creo que la escala autonómica no es la adecuada para el análisis.

Anteriormente hemos manifestado que los precios del servicio, no reflejan una estructura de costes ajustada a la prestación y nivel del servicio. Debido a esto nos encontramos con entidades gestoras geográficamente muy cercanas con una gran disparidad en los precios en condiciones similares. Un caso significativo lo encontramos en el área metropolitana de Barcelona (AMB). Para un consumo bimestral de 25 m3 , los abonados de los diferentes municipios de la AMB deben sufragar los siguientes importes para los conceptos de abastecimiento y saneamiento:

Se puede observar que Corbera de Llobregat (con gestión indirecta llevada a cabo por Sorea), presenta el importe más elevado por los servicios de abastecimiento mientras que los menores se dan en las empresas públicas como SABEMSA (Servicios y Aguas de Barberá Empresa Municipal SA), Sant Cugat del Vallès o  Aigües del Prat. Además estas empresas públicas han mantenido un importante músculo inversor. Destaca un proyecto de regeneración de aguas residuales en el municipio de El Prat de Llobregat (Aigües del Prat), concretamente en la urbanización Prat del sur. El proyecto consiste en la utilización de agua regenerada para el inodoro. Para esta iniciativa están instalando un doble contador, agua potable y agua regenerada, de forma que se utilice en un futuro ahorrando agua potable.

De momento se trata de un proyecto piloto y toda el agua utilizada es potable, a la espera que llegue el agua regenerada de la EDAR a los puntos de suministro. El proyecto contempla una primera inclusión en este sistema de 199 viviendas. El agua procedente de la descarga de la cisterna supone el 22, 7 % del consumo total de la vivienda.

Otra experiencia a destacar es el proyecto de reutilización de agua doméstica en Sant Cugat del Vallès, con la aprobación de una ordenanza de ahorro de agua para la construcción de nuevas edificaciones y una serie de líneas económicas para incentivar a los particulares a la implementación de medidas de ahorro de agua. Los resultados del proyecto son que 4.561 habitantes ya pertenecen a este sistema, un total de 213 instalaciones, y se buscan soluciones técnicas para conseguir un sistema más eficiente.

Por tanto, incluso en el tema de las tarifas, el tema central sigue siendo el modelo de gestión. En este sentido recuerdo una de las conclusiones que recientemente ha evidenciado el grupo de investigación de Economía Financiera y Contabilidad de la UMU encabezado por el catedrático Bernardino Benito, “la gestión directa es más eficiente que la indirecta”. Esto es contrario a lo que normalmente aparece en el discurso hegemónico acerca de que la prestación de los servicios públicos resulta más barata cuando se externaliza la gestión o, lo que es lo mismo, se realiza privadamente.

P.- Respecto a Europa, ¿cómo valora el precio del agua en España en comparación con el resto de países?

R.- Europa es un continente muy heterogéneo en muchos aspectos, y el agua no es ninguna excepción. El precio se debería comparar con el servicio y el nivel de renta. Estamos por debajo en todo. Vuelvo a insistir que el elefante en la habitación es el cambio climático y esto nos exigirá cambios muy radicales. Según la mayoría de las fuentes existentes estamos claramente por encima de la media, tanto en dotación, como en pérdidas de agua por habitante.

Unos datos que tendríamos claramente que reducir ¿Pero cómo? Sin duda con una planificación eficaz que garantice una mayor inversión en infraestructuras . En este sentido los conocimientos técnicos, la planificación y la participación social son las herramientas para hacer frente a la emergencia climática.

Los ciudadanos actualmente no tienen la seguridad de que los aumentos del precio del agua se inviertan en la mejora de las instalaciones y esto es motivo de tensiones y conflictos

P.- Finalmente, ¿cree que la sociedad está concienciada sobre su consumo de agua y el coste real del mismo?

R.- Según el barómetro del pasado mes de julio del CIS, los problemas medioambientales fueron señalados como el principal problema de España por 2,7 de cada 100 jóvenes de entre 18 a 24 años, siendo el sector de población que más lo mencionó como primera respuesta. El porcentaje se reduce progresivamente según avanza la edad: solo el 1,2% de la población española de entre 35 y 44 años lo considera el problema más importante, quedando en un mínimo 0,1% para los mayores de 65 años.

Los resultados de esta encuesta pueden extrapolarse a los temas del agua. Personalmente creo que la sociedad española tiene la percepción de que el agua en nuestro país es un recurso realmente escaso. Además también considero que, en términos generales, está preparada para afrontar las situaciones de escasez. Por ejemplo, durante la sequía del 2004-2008 en Madrid, la población fue capaz de ahorrar un 11,35%, en Barcelona y su área metropolitana, se ha ahorrado más del 10%, y en Sevilla, por poner otro ejemplo, se ha situado en el 9% el ahorro. Esto quiere decir que la ciudadanía sabe responder y apreciar que el agua es escasa cuando las Administraciones lanzan el mensaje adecuado. Lo cual pone en el punto de mira a las Administraciones públicas que son las que deben de trabajar para crear un estado de responsabilidad y conciencia en el conjunto de la sociedad: el agua es escasa y es una responsabilidad de todos. En este contexto, es fundamental tener en cuenta que la respuesta ciudadana es tanto mayor cuanto más definidos están los cauces de una participación activa, libre y significativa.

Sobre tarifas la Fundación BBVA obtuvo a través de una encuesta realizada en la primavera de 2007 datos que creo que debemos de analizar pese a su desfase temporal. Sobre el precio que se paga por el agua, la mayoría de los encuestados opinaban que era adecuado (52%). Sin embargo, el 37% consideraba que el precio pagado era alto, y sólo un 5% cree que el precio del agua en España era bajo.

Desde Aeopas estamos convencidos que es necesario urgentemente establecer mecanismos de adaptación al cambio climático y esto requerirá, entre otras cosas, invertir en nuevas infraestructuras en el abastecimiento y el saneamiento de nuestros pueblos y ciudades. En España esto puede significar incrementar el precio del agua en los próximos años, fundamentalmente porque los fondos europeos, que en las dos ultimas décadas han llegado de Bruselas y que en buena parte han financiado obras hidráulicas, disminuyendo de manera significativa y es previsible que desaparezcan en los próximos años.  Sin embargo, tal como hemos ido relatando, los ciudadanos actualmente no tienen la seguridad de que los aumentos del precio del agua se inviertan en la mejora de las instalaciones y esto es motivo de tensiones y conflictos. Por eso es conveniente mejorar los mecanismos de transparencia, establecer con claridad los estándares de calidad y asequibiidad con los que debe prestarse el servicio, poner en marcha planes estratégicos en cada municipio, especificar el dinero destinado a inversiones y crear, dentro de las comunidades autónomas, organismos de control que vigilen el cumplimiento de los objetivos establecidos. Y como siempre, en democracia, cuando se trata de compartir un recurso escaso se impone la política de diálogo, acuerdo y pacto.

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