La Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana (AGA) ha celebrado una jornada de debate sobre “Agua Urbana y Nuevos Desafíos Municipales” en la que ha reunido a algunas de las administraciones con competencias en materia de agua, expertos, grupos políticos y entidades y asociaciones relacionadas con la gestión del agua.
El objetivo de esta jornada era poner sobre la mesa los grandes temas que ocupan y preocupan en la actualidad al sector y que conformarán los nuevos modelos de gestión a corto y medio plazo.
La tercera mesa redonda, dedicada a la Gestión Participativa y la Transparencia, contó con la representación de los cuatro partidos políticos de ámbito nacional con representación en el Congreso de los Diputados. José Juan Díaz Trillo, en representación del PSOE, comenzó su intervención asumiendo que pertenecemos a una sociedad capaz de lo peor pero también de lo mejor y reivindicando la política como herramienta para mejorar las cosas. Hizo un repaso a los avances y medidas acordadas en los trabajos realizados dentro de la Comisión de Transición Ecológica que él preside y se mostró optimista en relación con la lucha contra los efectos de este gran problema pues “contamos con excelentes herramientas de innovación”. De manera paralela, resaltó la necesidad de implicar a la sociedad en todo este proceso de cambio en el que estamos inmersos.
Por su parte, José Luis Martínez, del grupo parlamentario Ciudadanos, lamentó que el debate del agua está contaminado por la ideología y que ésta se utiliza como arma arrojadiza para enfrentar a los territorios cuando debería ser un elemento vertebrador del Estado. Por ello, afirmó, no se están tomando las decisiones que se tienen que tomar para combatir el cambio climático. También mencionó la propuesta de su grupo de creación de una Oficina de Supervisión de Contratación Estatal, con el objetivo de fomentar la transparencia, ya que estaría controlada por el Congreso de los Diputados), así como una Oficina Nacional de Evaluación y la figura del Regulador Nacional, que otorgue niveles de de calidad homologables y convergencia de conceptos en las tarifas. Además, proponía que el Banco de España se encargara de realizar informes sobre riesgos financieros ligados al cambio climático.
El objetivo de esta jornada era poner sobre la mesa los grandes temas que ocupan y preocupan en la actualidad al sector
El representante del grupo Unidos Podemos, Pedro Arrojo, centró el debate en la particularidad de la gestión de valores y derechos de muy diferente condición ética: por una lado, los derechos humanos (en concreto, el del acceso al agua potable); por otro, los derechos y los deberes que los ciudadanos tienen en su condición de tales; y, por último, los derechos y actividades económicas. Así, concluyó que esta complejidad de valores no facilita que la gestión de mercados sea la manera más adecuada de abordar el problema, entre otros aspectos porque, señaló, el modelo se pervierte por una gestión concesionada a muy largo plazo (25 o 30 años), se da una falta de competencia a la hora de proceder a subcontrataciones de servicios y, por último, se utiliza el canon concesional para la financiación de otras partidas ajenas al suministro de agua en ayuntamientos que presentan unas cuentas deficitarias. Concluyó, tras todo lo expuesto, con la necesidad de establecer un nuevo modelo de municipalismo.
Por último, el secretario de Medio Ambiente del Partido Popular y alcalde de Trujillo, Alberto Casero, quiso resaltar que cada vez son más frecuentes los problemas de agua en los municipios y que se hace necesario un pacto de Estado para coincidir en una base común de acceso al derecho del agua. Tras destacar la buena labor que ejercen los ayuntamientos en la gestión del agua, incluyendo la utilización correcta del canon concesional, señaló que, por encima del debate entre la gestión pública y la privada debe primar la libertad de elección y que debemos centrar nuestros esfuerzos en la búsqueda de modelos más eficientes, más participativos y alejados de ideologías, dejando para los interventores de los ayuntamientos el control de las cuentas públicas. Así mismo, defendió que se necesitan más inversiones, potentes y sostenibles, y no sólo en el campo de la depuración, poniendo como ejemplo para ello el modelo de colaboración público-privada.
