La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) es la asociación empresarial que agrupa a las principales entidades del sector en nuestro país. Dichas entidades asociadas abastecen al 70 % de la población española, lo que supone que prestan servicio a más de 32 millones de habitantes y emplean a 29.000 personas, siendo 19.000 de dichos puestos, empleos directos. Una de las características más remarcables de la asociación es su diversidad, pues sus entidades asociadas son empresas de todo tipo, es decir, públicas, mixtas y privadas de muy distintos tamaños, repartidas por toda la geografía nacional y que están presentes en los principales municipios.
Se puede decir, por tanto, que AGA es la asociación empresarial española mayoritaria de las entidades que operan el ciclo urbano del agua.
La crisis que hemos venido padeciendo en nuestro país desde hace ya varios años ha provocado una práctica paralización de las inversiones en lo que a infraestructuras se refiere. En el caso concreto del sector del agua urbana, se ha producido una ralentización en la renovación y sustitución de las redes tanto de abastecimiento como de saneamiento.
Según el XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, elaborado por AGA y Aeas, el porcentaje global de renovación de las redes de abastecimiento es del 0,6%, muy por debajo del 2% ideal. En cuanto al saneamiento, el porcentaje se sitúa en el 0,38%. En la actualidad, se necesitan alrededor de 20.000 millones de euros para la renovación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Y, según el último informe de Bruselas, se necesitan otros 10.000 más para solventar nuestras deficiencias en depuración. Actualmente, los operadores dedican entre un 7 y un 10% de su presupuesto anual a la reposición de infraestructuras, cifra que deberá incrementarse a corto y medio plazo.
AGA es la asociación empresarial española mayoritaria de las entidades que operan el ciclo urbano del agua
Dado que el modelo anterior de financiación, en el que dinero procedía de subvenciones y fondos estatales, está caduco y no va a volver, parece claro que las administraciones locales van a ser incapaces de afrontar el reto de asumir con sus presupuestos `propios las inversiones necesarias. Por tanto, se hace necesaria la colaboración público-privada, de tal manera que la iniciativa privada sea quien, a corto plazo, canalice las inversiones necesarias y los usuarios asuman el pago de ese coste a largo plazo vía tarifas, de manera controlada y exponencial, cargando el peso de la misma en aquellos consumos superiores a la media, de tal manera que pueda hacerse efectiva la reposición de costes a la que nos obliga la normativa europea.
En ese sentido, hay que volcar grandes esfuerzos y recursos económicos en actuar frente a la falta de infraestructuras en materia de depuración (Bruselas ya nos ha multado con más de 12 millones de euros) y la adecuación de las ya existentes a los nuevos retos que debemos asumir en la lucha contra el cambio climático como la reutilización y la implantación de una economía circular en todos nuestros procesos, donde se tienda a la autosuficiencia energética y prime la eficiencia tecnológica. Por ello, el apoyo a la administración pública del sector privado, su alta tecnificación, su contrastada experiencia, independencia y recursos es altamente positivo para adaptar el servicio público del agua al futuro de las ciudades.
Por último, y con el fin de homogeneizar criterios y estándares a nivel nacional, se hace necesaria la implantación de una figura independiente que ejerza las funciones de regulador único estableciendo parámetros comunes y donde la objetividad y la transparencia sean las dos líneas fundamentales sobre las que se asiente.
El modelo de gestión del agua urbana que debemos implantar no pasa por el debate de lo público o lo privado, sino por conseguir una gestión eficiente y sostenible. Para dar cumplimiento a la hoja de ruta de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario fortalecer las alianzas entre las administraciones competentes en la materia, las empresas públicas, las empresas privadas y la sociedad civil.
