La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) se fundó en 1995 para promover y defender los intereses comunes de las empresas de servicios relacionadas con el ciclo integral del agua.En la actualidad, agrupa a las principales entidades del sector en nuestro país. Dichas entidades asociadas abastecen al 70 % de la población española, lo que supone que prestan servicio a más de 32 millones de habitantes y emplean a 29.000 personas, siendo 19.000 de dichos puestos, empleos directos.
Hablamos con su presidente Manuel Marchena. Marchena es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y Académico de Número de la Academia Andaluza de Ciencia Regional. Atesora una extensa carrera profesional en el sector público. En el sector del agua, es conocido por su etapa como Consejero Delegado de EMASESA.
Pregunta - ¿Cuáles han sido los principales impactos de la crisis de la COVID-19 en el ciclo urbano del agua?
Respuesta - Durante los momentos más duros de la crisis, el sector en su totalidad ha demostrado ser maduro y absolutamente solidario. Se ha mantenido el mismo servicio de excelencia que ya se venía prestando anteriormente y se ha hecho hincapié en las personas más vulnerables para que en ningún momento quedaran desabastecidas.
Durante el confinamiento, el consumo sí cambió en cuanto a demanda y horas punta, afectando de forma drástica a aquellos municipios que centran su economía en el turismo. Igualmente, el parón de la industria hizo que el consumo en este ámbito cayera en picado.
No obstante, reitero que la disponibilidad del servicio se ha mantenido igual. Se ha abastecido a todas las personas y entidades sin distinción y se ha seguido depurando el agua para mantener la salud de nuestros cauces.
Durante el confinamiento, el consumo sí cambió en cuanto a demanda y horas punta
El agua urbana no para, funciona 24 horas al día. Tenemos la suerte de contar con un conjunto de plantillas altamente profesional y cualificado que incluso han llegado a confinarse en las plantas de tratamiento, para dar aún mayor garantía de servicio durante las semanas más duras de la pandemia.
P. - El ciclo urbano del agua, como servicio público esencial, no ha cesado su actividad durante el estado de alarma por la COVID-19. ¿Cómo valora la respuesta del sector ante la pandemia?
R. - Como decía anteriormente y vuelvo a reiterar, el comportamiento del sector ha sido excepcional. Efectivamente, al ser un servicio público y esencial, el funcionamiento del mismo no se puede detener.
La excelencia del servicio es debida a la fantástica labor de las empresas públicas, mixtas y privadas que lo llevan a cabo, siendo las principales empresas españolas, las asociadas de AGA. Pero, por supuesto, las empresas las forman personas y el sector tiene a las mejores. Estamos orgullosos de nuestras plantillas y de su compromiso con el trabajo y, en definitiva, con el servicio público al que dedican su día a día.
Desde AGA hemos estado en permanente contacto con las instituciones y administraciones correspondientes para asegurar el servicio, así como para consolidar el suministro de EPIs a nuestros equipos. El contacto con todas nuestras empresas ha sido diario y, desde el primer momento, también hemos colaborado codo con codo con los sindicatos, para que toda persona trabajadora, estuviera protegida en todo momento.
Nuestras empresas son muy diversas en su naturaleza y tamaño, pero todas ellas han hecho un esfuerzo a la altura de las circunstancias. Se han adaptado los turnos y los procedimientos en campo y se ha optado por el teletrabajo de forma rápida en puestos donde era posible. Y esto es especialmente meritorio, teniendo en cuenta la velocidad a la que se han realizado los cambios y que no pocas empresas cuentan con varios miles de personas en su plantilla.
P. - Recientemente, AGA y AEAS han presentado el informe “El sector del ciclo urbano del agua como vector de recuperación sostenible tras la crisis de la COVID-19”, ¿cuáles son las principales conclusiones del mismo?
R. - Venimos reclamando desde hace años una mayor inversión y para ello es necesario una financiación a medida. Desde hace mucho tiempo estamos pidiendo un cambio para que esta realidad de inversión -muy baja- por parte de las instituciones, cambie drásticamente.
Invertir ahora es la única manera de asegurar un buen servicio y la conservación del medio ambiente en el futuro.
La excelencia del servicio es debida a la fantástica labor de las empresas públicas, mixtas y privadas que lo llevan a cabo
Las conclusiones de este último estudio que publicamos ahora, vienen a recalcar las obtenidas en estudios presentados anteriormente. Es necesario aumentar la inversión y buscar para ello la fórmula más adecuada y solidaria. En un futuro a corto y medio plazo en el que el peso de los presupuestos públicos considerados estrictamente como “sociales” (empleo, sanidad, etc.) se incrementará exponencialmente, es necesario recurrir a la colaboración público-privada.
Si se sigue mirando con recelos al inversor privado, ocurrirá lo siguiente: las estructuras que dejaremos a nuestros hijos serán peores que las que disfrutamos actualmente; el medio ambiente sufrirá las consecuencias; no se podrán alcanzar los compromisos europeos; no se creará el empleo verde necesario; no se alcanzará una economía circular completa y descarbonizada en el sector y así podemos seguir sumando puntos negativos a esta lista.
Foto: Pablo González-Cebrián.
Volviendo a las conclusiones de este último estudio, algunas de las más destacables en cuanto a la actualidad del sector son:
- La sostenibilidad de los servicios se apoya en activos e infraestructuras públicas que deben estar en el mejor estado. Actualmente, la media anual de inversión real no alcanza ni el 50% de lo necesario. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 M€ adicionales, hasta alcanzar los 4.900 M€ cada año, para garantizar la calidad, su sostenibilidad y poder afrontar los retos futuros, como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
- El sector del agua urbana puede movilizar con celeridad las inversiones que le sean asignadas. Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados, tienen capacidad y solvencia para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo aquellos que requieren de complejos modelos de alianzas públicas y privadas.
- El impulso del sector tendría como resultado apoyar una recuperación económica del país más justa y sostenible, generando actividades de alto valor añadido, a la vez que se contribuiría a crear empleo cualificado y de calidad, que se podría movilizar con celeridad.
- El sector urbano del agua puede ser una pieza clave dentro de la estrategia europea de salida de la crisis de la COVID-19, basada en fomentar la economía circula, la transición ecológica, la digitalización, el big data y las nuevas tecnologías adaptadas, en lo que se ha venido a denominar Pacto Verde Europeo.
Reitero que, para superar esto puntos, es necesario confiar en la colaboración público-privada y en la experiencia de las empresas de todo tipo (públicas, mixtas y privadas) del sector, porque son líderes en eficiencia y referentes a nivel mundial.
Es también buen momento para recordar, una vez más, que gracias a la legislación española, el agua es un bien público y esencial, siendo las estructuras del ciclo urbano del agua siempre de titularidad pública, independientemente de la naturaleza del explotador.
P. - La Comisión Europea ha formulado un Pacto Verde, centrado en la sostenibilidad medioambiental. ¿Por qué el ciclo urbano del agua es idóneo para ser una palanca de recuperación y un impulsor de este Pacto Verde Europeo?
R. - El ciclo del agua urbana presenta una serie de factores que le hacen idóneo para ser una palanca en la recuperación y un impulsor del Pacto Verde Europeo:
- Cuenta con la capacidad para generar empleo de calidad y equitativo.
- Fomenta la sostenibilidad medioambiental: España es el segundo país con mayor reutilización de agua a nivel global. Además, la huella de carbono del sector es inferior a la media de la industria española (produce el 28% de la energía consumida vs. el 6% de la industria) e impulsa el consumo responsable de agua mediante la progresividad de las tarifas y las campañas de concienciación. Adicionalmente, el sector invierte activamente en mantener los ecosistemas y reduce la contaminación a través del saneamiento del agua.
- Es una industria socialmente responsable que apoya a los colectivos en situación de vulnerabilidad: cuenta con bonificaciones y fondos de solidaridad para apoyar a las rentas bajas, jubilados y familias numerosas, de los que se benefician un 4,7% de los usuarios.
- Cuenta con la capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo reactivando la economía. Existe una completa planificación y proyectos de ejecución. De hecho, existe consenso en que el sector urbano de agua es uno de los que cuentan con un mayor déficit estructural. Antes de la crisis de la COVID-19, estas necesidades de inversión adicional se cifraron en 2.500 M€ anuales para los próximos 10 años, como ya he indicado anteriormente.
P. - Desde el sector del agua urbana, ¿qué propuestas concretas se proponen para ayudar a la recuperación social y económica de España tras la pandemia?
R. - Es necesario que el sector del agua urbana se convierta en prioritario a la hora de articular la recuperación. Esto conllevaría múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad española:
- Cubrir el déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua se estima que generaría el equivalente a más de 43.000 empleos anuales a tiempo completo en España. La inversión en infraestructuras de agua es una de las actividades más intensivas en empleo local. Vuelvo a hacer hincapié además en que, el empleo en agua urbana, es un empleo de calidad.
- Adicionalmente, tendría un efecto positivo en el crecimiento económico, equivalente a cerca del 0,15% de aumento anual del PIB.
- Finalmente, se obtendrían importantes beneficios medioambientales que permitirían que España convergiera con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de agua:
- Reducción de las pérdidas en la red de distribución, pasando del 22% actual al 14%.
- Cumplimiento total de la directiva de depuración.
- Mayor desarrollo de la reutilización, posicionando a España como un “hub” tecnológico en este tipo de tecnología que impulse la economía circular.
- Cumplimiento de los objetivos de descarbonización, profundizando en la relación agua-energía.
En definitiva, los beneficiarios de esta propuesta sectorial son y serán la sociedad española presente y futura, la justicia social, la recuperación económica general y el empleo de calidad.
P. - ¿Qué medidas han de tomarse para hacer realidad dichas propuestas?
R. - Aunque parezca una obviedad, lo que necesitamos es que se nos haga caso. Tenemos un discurso que ha madurado en los últimos años. Alguien puede pensar que siempre decimos lo mismo, pero es que la inversión sigue sin llegar. Cada año que pasa sin actuar, las estructuras se hacen más viejas y los incumplimientos y las “multas” europea siguen ahí.
Necesitamos que todo el dinero que se recoge del agua, se reinvierta en el agua. Que quien contamine, pague. Que se cumpla de verdad el principio de “recuperación de costes” y que para ello se adapten las tarifas de forma realista y técnica, con lógica económico-financiera; nunca bajo intereses políticos y con la vista puesta en las próximas elecciones; ya sean locales, autonómicas o generales.
El sector urbano del agua puede ser una pieza clave dentro de la estrategia europea de salida de la crisis de la COVID-19
Adicionalmente y debido a esta crisis y los meses más duros de confinamiento (y la previsión de posibles futuros confinamientos, ya sean de la misma o menor intensidad), es necesario prever un reequilibrio económico de aquellas empresas que así lo necesiten. Lo más importante es asegurar el servicio a la ciudadanía y para ello ha de blindarse la sostenibilidad de los operadores tanto en lo ambiental, como en lo económico.
Otra medida a desarrollar con celeridad ha de ser la prevención frente a la morosidad, dando una solución coordinada en todo el territorio nacional, de tal forma que se asegure el servicio a las familias más vulnerables y la sostenibilidad del servicio.
Las empresas cuentan con bonos de solidaridad y tarifas especiales para aquellas personas más desfavorecidas. Estas ayudas a quienes más lo necesitan, se han incrementado en los pasados meses mediante múltiples vías: aplazamiento de cobros, reducción temporal de tarifas, aumento de distintas formas de bonos solidarios, etc.
Foto: Pablo González-Cebrián.
Sin embargo, la previsible crisis económica que se avecina, hace que desde el sector pidamos que la forma de ayuda a las familias quede regulada de manera homogénea, de tal forma que se cumpla con la recuperación global de costes que exige la Unión Europea, a la vez que se presta servicio a toda la ciudadanía y se mantiene el equilibrio económico-financiero de las empresas. Esto permitirá seguir contando con un servicio de excelencia y con presupuesto suficiente, no sólo para la prestación del servicio diario, sino para llevar a cabo las inversiones en renovación de infraestructura y construcción de nuevas instalaciones, que un servicio de calidad necesita.
Para el caso de los bonos sociales regulados por ley a nivel estatal, valgan como ejemplo los del sector eléctrico, con el que trabajamos por cierto, codo con codo, en un gran número de ámbitos.
Cubrir el déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua se estima que generaría el equivalente a más de 43.000 empleos anuales a tiempo completo en España
La conclusión de todo lo relacionado con calidad del servicio, tarifas justas, bonos sociales homogéneos y sostenibilidad económica es que quedarían claramente definidos si existiera la figura del REGULADOR, que el sector lleva años reclamando.
Mediante la figura del REGULADOR, la ciudadanía contaría con un servicio de excelencia aún más sólido, puesto que las reglas de juego -que dependen, en el caso del agua urbana, de cada uno de los más de 8.000 municipios que hay en España- estarían bajo el paraguas de una única entidad de ámbito estatal. Esto permitiría evaluar la calidad del servicio de la misma forma en todo el territorio nacional y, en definitiva, contar con un sector más homogéneo.
P. - Para finalizar, ¿hay algo más que quiera destacar?
R. - Creo que ahora que, desde la última reforma ministerial, el MITECO ha sido rebautizado como Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) es importante señalar que el estudio que presentamos estos días y que cuenta con la colaboración de PwC se centra como uno de sus aspectos más destacables, en una fuerte creación de puestos de trabajo. Y es remarcable que los empleos del sector, son de calidad.
Por las características particulares del sector, las infraestructuras son necesarias en todos los rincones del país, pues están presentes en la totalidad de municipios, ya sean grandes o pequeños. Solo con el mantenimiento de las infraestructuras actuales, ya se está asegurando el empleo en un buen número de zonas rurales, que son, en la práctica totalidad, puestos de trabajo indefinidos.
Si se construyeran todas las instalaciones nuevas necesarias mediante las propuestas de inversión y financiación que venimos defendiendo desde hace meses, se crearía un gran número de puestos de trabajo en construcción (especialmente en depuración), que pasaría más tarde a puestos de trabajo fijos sobre el terreno, para la explotación de estas nuevas infraestructuras.
La mejor forma de fijar población en las zonas rurales es garantizando la existencia de empleos seguros y de proximidad. Y en este punto, el sector del agua urbana, no tiene rival.
