Operadores públicos y privados responsables de la gestión integral del agua urbana han debatido sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el sector en una jornada organizada por la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.
Ya en la presentación, el presidente institucional de AGA, Manuel Marchena, ha querido destacar que el éxito de la gestión urbana en España se ha debido al abordarlo desde un punto de vista empresarial, ya sea público, mixto o privado. En ese sentido, ha señalado que el debate sobre las tarifas es fundamental para el futuro de la gestión, recordando que España es el país con la tarifa más barata: 1,8€ por cada 1.000 litros, frente a los 3,5€ de Francia, 6€ de Alemania o 9€ de los países nórdicos, aproximadamente.
En relación con la lucha contra el cambio climático, ha subrayado que la punta de lanza debe ser la descarbonización, acción que los gestores del agua ya vienen aplicando desde hace tiempo. Más que un problema, ha dicho, la descarbonización supone una magnífica oportunidad que va a traer nuevos escenarios, nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, aumento del empleo.
Otra de las reivindicaciones del sector es la consecución de una idea general de regulación, la necesidad de un regulador nacional ni público ni privado: independiente. Un regulador elegido por todas las comunidades autónomas y los poderes públicos, pero independiente, en el que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tenga un papel preponderante.
Manuel Marchena durante su intervención.
Así mismo, Marchena ha querido destacar que es imposible mantener la realidad del agua en España sin una urgente renovación de las infraestructuras. Para ello, ha añadido, hay que replantearse los mecanismos de financiación y tarificación, lo que no quita garantizar el agua a todos los ciudadanos independientemente de cuál sea su situación económica. En España, ha subrayado, no se corta el agua por impago del recibo. Existen diferentes medidas y mecanismos de acción social que los operadores están aplicando en toda España para garantizar el derecho humano al acceso al agua potable.
Por último, ha aludido a la necesidad de la transparencia en la gestión del agua, incorporando a la misma no sólo al activismo y a las entidades sociales sino también a los expertos.
Mesa redonda
Ya en la mesa redonda, Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), ha querido incidir en la existencia de un compromiso social latente por parte de las empresas de aguas para garantizar la disponibilidad de este Derecho Humano Universal en condiciones de accesibilidad y calidad, contribuyendo asimismo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En ese sentido, ha destacado el incalculable valor social del agua como un bien común para todos tanto en el presente como a futuro y que, por esta razón, resulta cada vez más necesaria la gestión sostenible de los recursos, un compromiso común real y una concienciación social colectiva sobre el uso y consumo responsable del agua, como un compromiso fundamental de todos.
Actualmente se reutiliza solo el 10% del agua depurada en Andalucía
Precisamente, sobre la sostenibilidad del recurso y el servicio ha señalado que entran en juego una serie de factores clave, identificados como los grandes retos del sector, tales como la gestión del cambio climático y el desarrollo de una estrategia de economía circular; la gestión patrimonial de infraestructuras (inversiones) y sostenibilidad financiera del servicio (recuperación de costes); la armonización regulatoria; un marco de gobernanza del agua basada en la vocación de diálogo y participación, colaboración entre administraciones, pacto social y consenso en materia de políticas de aguas; la apuesta permanente por la innovación y la tecnología aplicada al sector del agua; y una estrategia permanente de divulgación y concienciación sobre el valor real del agua para la ciudadanía.
Posteriormente, Lucas Díaz, director en Andalucía de Aqualia, ha puesto el acento en los retos y oportunidades del sector. La reutilización del agua ya depurada, el máximo aprovechamiento del agua captada y la reducción del impacto ambiental han sido los tres ejes principales sobre los que Díaz ha estimado que los operadores de agua deben trabajar.
Actualmente se reutiliza solo el 10% del agua depurada en Andalucía, por lo que Díaz aboga por no desaprovechar este recurso, para lo que es fundamental terminar los sistemas de depuración urbana, mejorar aquellos que ya se han quedado obsoletos y completar así el ciclo urbano del agua en todo el territorio.
Por otro lado, el representante de Aqualia ha destacado que con esto también se presentaría la oportunidad de obtener productos de valor a partir del agua residual. En este sentido, Díaz ha mencionado el proyecto All-Gas, que Aqualia desarrolla en Chiclana, donde ya hay ocho vehículos que circulan con biometano obtenido a partir de algas generadas en el proceso de depuración.
La colaboración público-privada también fue expuesta como una oportunidad para el sector a la hora de afrontar las inversiones necesarias en infraestructuras a las que la administración pública no puede hacer frente por falta de financiación.
Por su parte, Matilde Mancha, consejera delegada de Hidralia, ha señalado que para conseguir adaptar la gestión urbana del agua a las nuevas necesidades de los ciudadanos y su entorno es necesario aumentar la inversión. El cuidado del recurso y del medio ambiente, hacer las ciudades más resilientes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pasa por renovar infraestructuras, conseguir la eficiencia tecnológica, apostar por la investigación y, todo ello, bajo el nuevo paradigma de sostenibilidad auspiciado por la ONU, cuyo principal objetivo es la erradicación de la pobreza y hacer accesible a todos los servicios públicos.
La colaboración público-privada también fue expuesta como una oportunidad para el sector a la hora de afrontar las inversiones necesarias en infraestructuras
En este sentido, ha destacado cómo la gestión urbana del agua debe de tener en el principal punto de mira a las personas y, sobre todo, a los colectivos vulnerables, por lo que la implantación de mecanismos de acción social de forma global y regulada, además de acciones particulares atendiendo a las necesidades específicas de los municipios, se hace cada día más imprescindible para garantizar el acceso a un agua de calidad.
Finalmente, la directora general de Hidralia, ha mantenido que lo verdaderamente importante sobre el modelo de gestión del agua urbana no pasa por el debate de lo público o lo privado, sino por conseguir una gestión eficiente y sostenible. Siguiendo con la guía de ruta de los objetivos de la ONU, ha abogado por el afianzamiento de las alianzas entre administraciones, empresas públicas y privadas y la sociedad civil. “El apoyo a la administración del sector privado, su alta tecnificación, su experiencia, independencia y recursos es altamente positivo para adaptar el servicio público del agua al futuro de las ciudades”, ha concluido.
Por último, Jaime Palop, consejero delegado de la empresa metropolitana de aguas de Sevilla, (EMASESA), ha empezando señalando que el sector del agua está de enhorabuena: hay empresas que suministran agua de calidad en toda Andalucía y la noticia sólo se produce cuando falla el suministro en algún punto. Además, el precio del agua es muy bajo, menos del 1% de los ingresos familiares en cada hogar. Sin embargo, ha añadido que estos precios no permiten tener presupuesto suficiente para afrontar la renovación y reposición de infraestructuras pendiente.
Para solucionar este grave problema al que nos enfrentamos, Palop propone la intervención tanto de la comunidad autónoma andaluza como de la del Estado, planteando fórmulas generales para todos.
Otros de los condicionantes que debe afrontar la nueva gestión del agua, ha dicho, son el cambio climático, la crisis económica y una sociedad preparada, informada, que demanda sus derechos: al acceso al agua potable y a tener un medio ambiente saludable.
Por todo ello, Palop ha subrayado la necesidad de reformular los modelos de gestión y adaptar a las nuevas necesidades el modelo de gobernanza, haciendo partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Por otro lado, ha querido destacar que cuando confluyen los intereses públicos y los privados, el país funciona bien. Teniendo en cuenta que, actualmente, el déficit en infraestructuras en España es de doscientos mil millones, Palop se ha preguntado cómo se financia ese proyecto si tenemos un tope de endeudamiento. La solución, según su criterio, es establecer fórmulas que cuenten con el dinero privado para solucionar un problema público que nos afecta a todos.
