El Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA), a instancias del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha aprobado la propuesta formulada en el Consejo de Red de Aguas Ter-Llobregat para la suspensión cautelar del acuerdo aprobado el pasado 28 de diciembre de 2017, que planteaba un incremento del 11,8% de la tarifa de ATLL para este 2018.
Esta decisión, que se aprueba con efectos del 1 de enero de 2018, queda supeditada actualmente, en aplicación del artículo 155, a su aprobación por parte del Consejo de Ministros del Gobierno español.
Cabe recordar que el Consejo de Administración de la ACA ya apoyar la propuesta que se hizo durante el último Consejo de Red de ATLL, a finales de diciembre de 2017, para incoar un expediente de revisión de la retribución financiera del contrato con el objetivo de evitar el impacto de la subida. Fue antes de que el Tribunal Supremo sentenciara desestimar los recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y Acciona sobre la sentencia emitida por el TSJC el 22 de junio de 2015, que confirmaba la anulación de la adjudicación del contrato de los servicios de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat.
Recursos pendientes de resolución
Dado que se trata de un contrato de servicios públicos, la prestación del servicio de abastecimiento en alta por parte de ATLL queda garantizada y no se puede interrumpir en ningún momento, ya que el operador actual tiene la obligación de continuó- el prestando con los mismos estándares de calidad y eficiència. En este sentido, la ley establece que las condiciones de alargamiento del contrato son exactamente las mismas que las establecidas en el pliego de contratación hasta que se produzca la ejecución definitiva de la sentencia.
Como ya se puso de manifiesto el pasado mes de febrero, la comisión de seguimiento creada para analizar los escenarios derivados de la sentencia, -formada por los Departamentos de Presidencia, Territorio y Sostenibilidad, Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y la Agencia Catalana de el agua- la analizará y planteará el itinerario para su ejecución. La comisión tendrá también en cuenta la disposición adicional sexta de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017, que prevé que el Gobierno presentará al Parlamento la voluntad de recuperar la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua en alta así como el calendario de actuaciones y medidas para hacerlo posible.
