El Plan de Regadíos de la Corona Norte Forestal al Consejo de Participación de Doñana para su aprobación

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  • El documento del Plan Especial de Regadíos contempla que formarán parte de los suelos regables un total de 9.100 hectáreas

Las Comisiones de Agua y de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana han acordado por unanimidad que el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal sea elevado a la próxima reunión del Consejo de Participación para su aprobación. A este acuerdo se ha llegado tras un intenso debate sobre el contenido de dicho plan, en una reunión conjunta de sendas comisiones celebrada en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

El documento del Plan Especial de Regadíos contempla que formarán parte de los suelos regables un total de 9.100 hectáreas, de las que 7.000 se sitúan en la demarcación del Guadalquivir y el resto en la Demarcación del Tinto-Odiel y Piedras, ha indicado en un comunicado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Para atender estos regadíos se cuenta en la parte del Tinto, principalmente, con aguas superficiales procedentes del anillo hídrico, y en la del Guadalquivir con 23 hectómetros cúbicos al año de aguas subterráneas, a las que se le suman cuatro millones de metros cúbicos procedentes de un trasvase desde la cuenca del Tinto, cuyas obras están en evaluación ambiental por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El plan contempla también la adecuación de una serie de corredores ecológicos para preservar los movimientos de la fauna, principalmente del lince ibérico, así como la ordenación de otros aspectos relativos a las comunicaciones, uso recreativo y, en general, para la ordenación del espacio agrícola y forestal.

Asimismo, la Comisión ha acordado mantener reuniones bilaterales en los próximos días entre la Junta de Andalucía y algunos de los asistentes a la reunión, al objeto de aclarar algunas cuestiones puntuales planteadas en la sesión.

El plan, iniciado en diciembre de 2007 y que llega ahora a su fase final tras el consenso con la administración del Estado, supondrá dar seguridad jurídica a las explotaciones agrícolas, garantizando la sostenibilidad de Doñana.

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