El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, ha celebrado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, haya reculado y echado para atrás el Real Decreto que pretendía reducir el envío del agua de 38 a 32 hectómetros cúbicos por mes en el denominado 'tramo 2', lo que hubiera supuesto perder hasta 72 hectómetros cúbicos anuales.
En una rueda de prensa, Claver ha valorado positivamente que se haya modificado esta reducción, pero ha lamentado que "es muy duro estar siempre en el alambre, porque en una de esas nos podemos caer". Así, ha mostrado su esperanza en que esta decisión "cierre de una vez todo el proceso" y que se consiga un marco de explotación estable del trasvase" en base a la seguridad jurídica que deriva de la aprobación de la ley y de estos reales decretos.
Claver admite que el hecho de contar con este marco de explotación estable no quiere decir que los regantes del trasvase vayan a disponer siempre de agua, porque es un marco jurídico, pero "no hidráulico, en el sentido de que no hace llover; agua hay la que hay mientras el Plan Hidrológico Nacional venga a contemplar una aportación complementaria de recursos que permita disponer de los 600 hectómetros cúbicos" de déficit de la cuenca del Segura.
El presidente del Sindicato ha recordado que se planteó inicialmente una posible modificación en el nivel 2 de 30 hectómetros cúbicos, lo que suponía disminuir las aportaciones seis hectómetros cúbicos mensuales con arreglo a los 38 hectómetros cúbicos que actualmente hay vigentes, y que están contemplados expresamente en la Ley de impacto ambiental.
Ha criticado que esta decisión suponía perder 72 hectómetros cúbicos de agua en un año completo de normalidad. Además, ha aseverado que esta pérdida sería soportada íntegramente por los regadíos, con lo que la situación "era muy peligrosa para los regantes".
Como consecuencia de los "sucesivos recortes" registrados en el nivel 2, Claver ha explicado que el recorte podía haber supuesto que las comunidades de regantes del trasvase dispusieran de un 60% menos de su dotación, de acuerdo a lo establecido en la ley original del trasvase.
Por tanto, suponía "disminuir el trasvase casi a la mitad" como consecuencia de esa posible modificación de los 38 hectómetros cúbicos". A su juicio, "no tenía ningún sentido proceder a esa modificación, ya que la ley solo exige que de forma imperativa se modifique el nivel 3".
Para el nivel 1 y el nivel 2, aclara, se abre "una posibilidad que en su día se dejó abierta para que no se dejara "petrificado en una ley", si en el futuro "se consideraba que era conveniente hacer algún tipo de ajuste", sino que fuera "más factible modificarlo a través de un Real Decreto".
Sin embargo, Claver critica que "lo que en modo alguno se podía contemplar es que se realizara una modificación tan trascendente como la que se pretendía realizar, solo a los tres meses de aprobarse la ley y cuando no ha sido aplicada nunca por cuento que la primera vez que se va a aplicar será en la próxima Central de Explotación".
Por tanto, cuando el Sindicato Central de Regantes descubrió esta intención, puso "toda la carne en el asador" y estuvo tres días abordando el asunto al máximo nivel en el Ministerio, fundamentalmente con el secretario de Estado, con la directora general y con el propio ministro, Miguel Arias Cañete".
De hecho, reconoce que fue el propio ministro el que desbloqueó la negociación, y finalmente "se han conseguido los 38 hectómetros cúbicos".
