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UPA podría recurrir la decisión que prohíbe las autorizaciones para pozos de 7.000 metros cúbicos

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha ha asegurado que de seguir adelante con la decisión que ha tomado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de "prohibir las autorizaciones futuras para pozos de menos 7.000 metros cúbicos", adoptarán las medidas legales necesarias porque "se están vulnerando los derechos" y porque "incluso creemos que es inconstitucional".

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, junto con la secretaria de la organización en Toledo, Elisa Fernández, quienes ha explicado la opinión de UPA en el proceso de exposición pública y de declaración de "sobreexplotación" de las mas masas de agua subterránea del Alto Guadiana.

En concreto se trata de las propuestas de declaración de masas de agua subterránea de Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado cualitativos y cuantitativos.

De esta manera, UPA ha explicado que estas declaraciones son "una consecuencia más" de la aprobación del Plan Hidrológico del Guadiana, que, como ha recordado, "no resolvía los problemas de agua de esta zona, no atendía las necesidades hídricas de los regantes legales, no tenía en cuenta el verdadero estado de las masas de agua, limitaba las concesiones de agua actuales y limitaba también el desarrollo de la región". Así pues, han lamentado que en estas siete masas de agua se vaya a reducir el "65,12 por ciento" de los derechos legalmente reconocidos de los regantes por parte de la Confederación.

A efectos prácticos, ha asegurado Morcillo, significa que "se va a reducir drásticamente las dotaciones de agua de nuestros regantes, plantea que no va a haber ninguna nueva concesión para regadío y e incluso un precepto legar en cuanto a las autorizaciones de los pozos de 7.000 metros cúbicos", ha afirmado, al tiempo que ha detallado que con la propuesta de la Confederación supone "suspender un derecho que por ley le corresponde a todos los ciudadanos de nuestra nación".

La CHG se extralimita

De esta manera, a preguntas de los medios, Morcillo ha explicado que dentro de esta declaración de "sobreexplotación" de nuevas zonas, la Confederación se "extralimita en la prohibición de un derecho que tiene cualquier ciudadano de pedir una autorización de un pozo de 7.000 metros cúbicos", por lo que, a su juicio, "no puede ser que una decisión de una Junta de Gobierno esté por encima de una ley, una orden de rango mayor, como es la Ley de Aguas del 85".

En este sentido, se ha referido a la declaración que hizo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de "regularizar 8.500 expedientes en la zona de Lillo-Quintanar y Consuegra-Villacañas de estos pozos de 7.000".

Así pues, y a pesar de asegurar que confían en que se atiendan estas solicitudes, ha señalado que no se trata de "regularizar sino legalizar". "Es dar una concesión que por ley les corresponde a estos 8.000 expedientes y que por una actuación de incompetencia de la CHG llevan sin atenderse desde el años 2008", pero, "a partir de estas no hay la posibilidad de nuevas autorizaciones".

Finalmente, Julián Morcillo ha señalado que este proceso pone "en evidencia el desastre y lo injusticia con esta tierra", ya que, como ha comentado, con estas declaraciones de "sobreexplotación" en las siete masas de agua se van a dejar de atender "563,85 hectómetros cúbicos de derechos de agua reconocidos y que van a afectar a una superficie 1,3 millones de hectáreas del Alto Guadiana".

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