Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona, y Nuria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, han firmado el protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no pueda pagar por falta de recursos económicos, en aplicación de la Ley 24/2015.
El protocolo se suma a las medidas puestas en marcha unilateralmente desde hace cinco años por Aigües de Barcelona para no cortar el agua a nadie que no la pueda pagar. Desde 2012, además de garantizar el agua, la compañía dispone de un Fondo de Solidaridad para ayudar al pago del consumo de agua a las familias con dificultades. Este fondo, que se gestiona en coordinación con los servicios sociales de los municipios del área metropolitana provistos por Aigües de Barcelona, ha bonificado la factura del agua a más de 18.700 familias en situación de vulnerabilidad, con una inversión cercana a los 7,6 millones de euros. En l’Hospitalet, se han otorgado ayudas a más de 3.500 personas, a las cuales se han destinado más de 1.420.000 euros.
Nuria Marín se ha mostrado satisfecha con la colaboración entre Aigües de Barcelona y el Ayuntamiento de l'Hospitalet: "Tenemos que ser justos. Si ha habido una empresa que ha estado a la altura de las circunstancias en este contexto de crisis social y económica esta ha sido Aigües de Barcelona. Desde que presentó el Fondo de Solidaridad en 2012, la compañía ha subvencionado el servicio de agua a 3.500 familias de la ciudad con una inversión superior a los 1,4 millones de euros". Por su parte, Ignacio Escudero ha destacado que este protocolo "agilizará los trámites para bonificar el servicio de agua a las familias que más lo necesitan, y garantiza aún más que nunca se corta el agua a ninguna vivienda en situación de vulnerabilidad".
De acuerdo con la Ley 24/2015, el protocolo establece el procedimiento a seguir para garantizar el agua a todas las personas que lo necesitan. Según este documento, Aigües de Barcelona deberá solicitar un informe de valoración de la situación de exclusión residencial a los servicios sociales del ayuntamiento. En caso de que los servicios sociales indiquen que se trata de una persona o de una unidad familiar vulnerable, los supuestos que establece la Ley 24/2015, la compañía garantizará el suministro. Este protocolo ya se ha firmado con 19 consistorios metropolitanos más: Sant Adrià, Begues, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Climent, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Montcada i Reixac, Castelldefels, Viladecans, Sant Feliu, Sant Just, Montgat, Gavà, Pallejà, Santa Coloma de Gramenet y Sant Boi, y pone de manifiesto el compromiso de la compañía con la ciudadanía, y en este caso en concreto, con las familias en situación de vulnerabilidad.
