La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha tildado de "bastante lamentable" lo que considera el uso del río Guadalquivir como instrumento para la "confrontación política" y para "distraer la atención mediática", en relación a la pretensión de la Junta de Andalucía de reivindicar ante el Gobierno central que se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía en cuanto a la gestión de la cuenca.
Así lo ha manifestado el presidente de la CHG, Manuel Romero, en el transcurso de una entrevista concedida a Europa Press, en la que, por otro lado, ha recordado que los más altos tribunales de España --el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional-- lo han dejado "claro por unanimidad", rechazando en este sentido que se repita una "aventura" que, a su juicio, termina en "fracaso".
Otras vías como la encomienda "tampoco han llegado a buen puerto", ha indicado Romero, que recalca que la transferencia y reversión se hace con gobiernos socialistas en la Junta y el Estado. Por ello, "me parece triste que ahora se utilice una cosa tan trascendental cuando hay alguna noticia que no interesa mediáticamente a la Junta".
"Lo último fue el deseo de copiar el modelo de Cataluña y Euskadi, cuando lo que tienen es una encomienda de gestión para la tramitación del dominio público hidráulico, modelo que, además, están revisando", ha lamentado el presidente de la CHG, que ha incidido en que aunque efectivamente el 90 por ciento de la cuenca es territorio andaluz, "tenemos vecinos", ejemplificando en el nacimiento del Viar en Badajoz o el embalse del Pintado, "que riega ya en Sevilla".
En su opinión, "las más altas instancias consagran lo que dice la Constitución sobre la unidad de cuenca, para qué seguir". "No sé si es ignorancia o ambición querer engañar con Cataluña y Euskadi, es un lío de papeles y al final el ciudadano no sabe a dónde acudir", ha especificado.
Añade que la Junta ha tenido la gestión durante tres años, "y ya hemos visto lo que se ha hecho", pues la cuenca intracomunitaria tiene "muchos" problemas por resolver, como el hecho de tener que hacer 220 depuradoras antes de 2015, una competencia de la administración autonómica que, además, "lleva tres años cobrando un canon de mejora sin que veamos el resultado", cuando la CHG, en aplicación de la Ley de Aguas, debe sancionar a ayuntamientos y núcleos por verter al río, "sin que haya solución".
"La gestión en esos años fue nefasta", insiste Romero, que justifica su aserto señalando que no solo se "rompió" la unidad de cuenca, sino que la gestión fue provincial, cuando "lo que pase en embalses de Jaén afecta a Córdoba y a Sevilla, por ejemplo". El mantenimiento de las presas "brillaba por su ausencia" y hay obras que, debiendo estar acabadas, no finalizaron o, como la depuradora de Almonte, en Huelva, han pasado "absolutamente emponzoñadas desde el punto de vista administrativo". "Estamos dispuestos a colaborar con la Junta, pero cada uno con sus deberes", ha concluido.
