“El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. Así comienza la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la famosa Directiva Marco del Agua (DMA) que supuso un gran reto para la España del año 2000. Pero han pasado 18 años y muchas de sus metas no se han alcanzado porque ni los políticos ni las instituciones encargadas de llevarla a cabo han manifestado una gran voluntad en acometerlas, queda pendiente: el precio público del agua, los caudales ecológicos, los contadores de caudales, etc.
En el reciente quinto informe de la Comisión sobre el estado de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua podemos leer: “El agua es indispensable para la vida y, por lo tanto, para nuestra sociedad y nuestra economía. La gestión sostenible de los recursos hídricos desempeñará un importante papel en la adaptación de la humanidad a los cambios del entorno en el que vive y ayudará a evitar que el aumento de la temperatura supere los 1,5 ° Celsius1. Hoy más que nunca, la gestión de este recurso vital requiere un enfoque auténticamente integrado que tenga en cuenta las dimensiones ambiental, social, económica y sanitaria.”
Un reducido número de contaminantes tiene un impacto considerable en el estado de las aguas; entre ellos, el mercurio es el más frecuente
La DMA debería garantizar la integración de las perspectivas económica y ecológica en la gestión de la calidad y la cantidad del agua. Su objetivo fundamental era lograr para 2015 el buen estado de las más de 111.000 masas de aguas superficiales (como ríos, lagos o aguas costeras) y las más de 13.000 masas de aguas subterráneas que existen en el territorio de la UE. Pero el informe de la AEMA sobre el estado del agua, publicado en julio de 2018, muestra que, mientras el 74 % de las masas de agua subterráneas de la UE han alcanzado ya un buen estado químico, y el 89 % de ellas presentan un buen estado cuantitativo; en el caso de las aguas superficiales, solo el 38 % de ellas presentan un buen estado químico, y solamente el 40 % exhiben un buen estado o potencial ecológico. Un reducido número de contaminantes tiene un impacto considerable en el estado de las aguas; entre ellos, el mercurio es el más frecuente.
El informe de la AEMA concluye que las aguas europeas continúan sometidas a una presión significativa derivada de la contaminación, tanto de origen difuso (agricultura, infraestructuras de transporte), como generada desde fuentes puntuales (como la industria o la producción de energía), la captación excesiva y los cambios hidromorfológicos provocados por diversos tipos de actividades humanas.
Como ciudadanos sufrimos la pospuesta calidad de nuestros ríos y acuíferos, pero además como trabajadores nos sentimos frustrados porque pasan los meses y los años y no observamos que dentro de nuestros organismos se tomen medidas para alcanzar el buen estado nuestras masas de agua. Necesitamos como ciudadanos y como trabajadores una Administración eficaz y eficiente, que esté a la altura de los retos que nos depara este siglo XXI.
Desde la APROAM, como personal funcionario implicado directamente en la protección del agua, queremos manifestar de forma expresa nuestro apoyo a la DMA y nuestro posicionamiento en contra de la revisión a la baja de sus exigencias. Las tenues mejoras que se han podido alcanzar en los últimos años, a pesar de la falta de voluntad política en su aplicación, se verían seriamente comprometidas. Una revisión como la que se pretende no solo frustraría la mejora de las condiciones hasta ahora logradas, sino que supondría un retroceso y una pérdida flagrante en la cantidad y calidad del agua para el uso humano y el buen estado ambiental.