Santiago Lafuente: "El PERTE ayudará a superar el debate sobre gestión pública o privada"

Es como una lenta enfermedad: se mantiene la continuidad del servicio, pero cada vez con infraestructuras más viejas, cada vez con más costes de mantenimiento y cada vez con más dificultades en la eficiencia en las redes.

En segundo lugar, estamos sufriendo un incremento desaforado de los costes de nuestros suministros, especialmente de la electricidad. Esta circunstancia está lastrando mucho al sector.

Centrémonos en su compañía. ¿Cómo definiría el momento actual de Aqualia en el mercado español? ¿Qué posición ocupa la empresa y hacia dónde quieren dirigir su estrategia de futuro?

Aqualia es una empresa global. Nos cuesta mucho diferenciar el mercado español de otros mercados. En este sentido, estamos viviendo un mayor desarrollo en otras latitudes, debido también a las particularidades del mercado español, que se encuentra bastante plano.

Nuestra estrategia, y creo que es una de nuestras fortalezas, es que somos una empresa de gestión integral. Nos dedicamos al agua urbana, al agua de riego y, especialmente en estos últimos tiempos, al agua industrial. Además, somos diseñadores y constructores de infraestructuras y, por supuesto, estamos en el mercado de las concesiones. Todo ello, junto con la potencia de nuestros equipos, nos convierte en una compañía global de agua. Creo que tenemos una posición de privilegio en ese sentido.

Si nos centramos en el mercado español, nuestra estrategia se basa en concesionar. En este sentido, podemos presumir de que año tras año estamos renovando por encima del 90% los contratos que van venciendo. Tenemos motivos para creer, por tanto, que nuestros clientes tienen una gran confianza en lo que hacemos.

En cuanto a la evolución de este mercado nacional, podemos decir que hay bastante estabilidad. Influye el hecho de que estamos muy cerca de las elecciones municipales y suelen ser momentos de baja licitación. Pero, además, estamos transitando hacia un cambio del estilo de trabajo que, creo, va a tender hacia una integración, no digo territorial, pero sí en términos de prestación de servicios. Ahora mismo la tecnología ya hace posible gestionar gran parte de los servicios de forma remota, lo que permite que puedas estar gestionando unitariamente servicios en Galicia y servicios en Almería, por ejemplo. Ese es el gran cambio de futuro, y el que sepa prestar servicios de esa manera tendrá una posición fuerte en el mercado de los próximos años.

Ahondemos un poco en las características de este mercado concesional. Aqualia tiene una presencia internacional muy amplia y, como tal, es conocedora de otros modelos. ¿Cree que el mercado español tiene margen de mejora en cuestiones como regulación o transparencia?

Veo difícil que, en España, con nuestra estructura territorial, podamos pensar en un regulador nacional como tiene Portugal, Inglaterra o República Checa, donde nosotros trabajamos.

Considero que la posición del Ministerio, que busca incentivar a través de la digitalización la creación de un Observatorio, es un primer paso para avanzar en aspectos concretos que vayan más allá de la calidad del agua, que es el ámbito que cuenta actualmente con una información unificada en España.

El incremento desaforado de los costes de nuestros suministros, especialmente de la electricidad, está lastrando mucho al sector

Tenemos que tender a ofrecer con transparencia información sobre rendimiento de consumo energético, inversiones, tarifas, servicios sociales y ciudadanos, que ahora mismo es una información que no es pública.

En otro orden cosas, hay que destacar que los ayuntamientos españoles están saneados, tienen una posición fuerte, con poca deuda. Esto ha llevado a que la eterna polémica de los cánones concesionales haya desaparecido porque los ayuntamientos no los quieren. En las nuevas licitaciones se piden planes de inversiones, mejoras de infraestructuras, etc. Y esto es algo que clarifica el sector.

Si hablamos de regulación, información, transparencia, conocimiento de tarifas medias o facilidad de acceso a la información, hay que recalcar que son medidas imprescindibles. Y desde Aqualia estamos muy comprometidos con la transparencia. Es una fortaleza para nosotros.

Centrémonos en los retos que afronta la gestión de los servicios del agua en la actualidad. Con la evolución del cambio climático en las últimas décadas, estamos percibiendo más frecuencia en fenómenos extremos como sequías o inundaciones. ¿Consideran desde Aqualia que estamos preparados para afrontar el presente y, sobre todo, los efectos que están por venir?

La reducción del recurso agua no es discutible, es una polémica que no debería existir. Se está incrementando la frecuencia de episodios de falta de agua en zonas de la España húmeda. Hasta hace semanas, Galicia ha tenido una declaración de alerta de sequía, una circunstancia que puede ser algo extraña, pero que sabemos que se va a ir repitiendo.

Para resolverlo, considero que necesitamos una planificación sostenida, no actuaciones aisladas. Por supuesto que hay que hacer decretos de emergencia y buscar recursos donde haya que ir a buscarlos. Pero esto no es algo provisional, no es algo sorprendente que tengamos una declaración de sequía en el Guadalquivir. Hablamos de zonas estresadas hídricamente donde hay que disponer de una planificación sostenida.

En este sentido, me gustaría destacar las políticas que está desarrollando la Junta de Andalucía. Poner en marcha tratamientos terciarios en cinco de las grandes depuradoras andaluzas es imprescindible, porque desperdiciar este recurso cuando se puede reutilizar en agricultura es un absoluto sinsentido.

Por otro lado, en la parte energética, el sector vive un cambio radical en el que toma protagonismo el empleo masivo de energías renovables. Estamos llenando las instalaciones de agua españolas de placas fotovoltaicas.

Nosotros estamos ya en la cuarta fase de nuestros planes de instalación de energía fotovoltaica en las depuradoras y potabilizadoras que operamos, y creo que esto es un paso fundamental para lograr la neutralidad energética.

El siguiente paso es probablemente convertirnos en proveedores de gas a la red. Tenemos ya instalaciones industriales en España donde se está inyectando en red gas producido en depuradoras, tanto de aguas urbanas como de aguas industriales. Es un camino que está ya en marcha.

Hablemos sobre la calidad y el tratamiento del agua y de la evolución de las normativas de las directivas europeas. ¿Cómo se están endureciendo estos estándares legislativos?

Podemos decir que en España este tema está prácticamente resuelto, sobre todo en grandes ciudades. En cuanto al agua en alta, la mayor parte de las comunidades autónomas, provincias o mancomunidades tienen sistemas generales con buen funcionamiento.

En cuanto a las aguas residuales, tenemos por delante un reto: no hemos llegado a los municipios de menos de 2.000 habitantes. Y además tenemos un segundo reto, que es la renovación de infraestructuras que se nos van quedando anticuadas.

Recientemente hemos conocido una buena noticia como es la asignación de 1.500 millones a ACUAES para el desarrollo de nuevas infraestructuras, que incluyen además los 1.000 millones de actualización de las depuradoras de la ciudad de Madrid. Es un gran paso que necesita el centro de España y que también afectará al Levante español por su impacto en la calidad del agua del Tajo.

Creo que hay un buen enfoque en cuanto a la planificación, pero no sobre la inversión. Seguimos siendo un país en el que la inversión en infraestructuras, especialmente en su renovación, depende en exceso del presupuesto público, y es algo que sistemáticamente la realidad nos echa en cara. Es necesario dotarnos de legislación que favorezca las concesiones de infraestructuras.

En relación con las normativas, Europa está ya en fase de aprobación de la nueva directiva de aguas residuales, cuando España aún no cumple la primera en su totalidad. Seguimos teniendo multas de la Unión Europea por grandes aglomeraciones y Europa está ya con la siguiente. Estamos también en plena implementación de la Directiva de Aguas Potables, que entrará en vigor parcialmente a mediados del 2023 y totalmente a principios de 2024.

Hay un aspecto que se echa en falta en la transposición de directivas: no se aprovecha para regular la obligación de resolver la financiación del coste de esas directivas. Es decir, traspones obligaciones, pero no generas los mecanismos económicos para que se financien esas obligaciones. Si la ley no genera mecanismos de financiación y se limita a un vago recuerdo de que el agua tiene que pagar sus propios costes no se crea ninguna obligación para el administrador en este sentido.

A estos retos se suma ahora una nueva presión relacionada con la coyuntura económica que vivimos; cuyos efectos se manifiestan en el precio de la energía o en la paralización en distintos suministros. ¿Cómo les está afectando y qué demandas plantean para afrontar esta situación?

Este es un asunto realmente duro para el sector. Somos un sector económicamente pequeño, pero que garantizamos la continuidad en un servicio esencial. Ni en la pandemia, ni con la crisis de suministros que está habiendo, tenemos problemas de garantía de suministro en el servicio en España.

Representamos el 0,9% de la renta familiar. Y quizás por eso no se habla del coste del agua urbana. Esto es positivo porque demuestra garantía de servicio, pero te saca del foco de los problemas. Por ejemplo, para un sector que no ha sido esencial durante la COVID-19, que es el sector de la construcción, en España se ha elaborado una normativa específica para reconocer revisiones de precios, porque las causas han sido extraordinarias a los contratos de obras. Sin embargo, la Ley de Contratos del Estado, tanto en servicios como en contratos de operación y mantenimiento, no ha reconocido una fórmula de revisión extraordinaria. Y realmente su resolución era una necesidad acuciante.

¿Qué está pasando? Pues que veníamos de tarifas eléctricas en el año 2020 de 34 €/megavatio/hora. Y en el primer semestre de 2022 estábamos en 178, o sea, multiplicado casi por seis.  Esto representa más o menos el 25% de los costes de un servicio de agua. Estamos hablando de un pilar fundamental en la estructura de costes de un servicio.

Lo que pide el sector es que haya una regulación que reconozca que este incremento de costes ha sido extraordinario, y que, por tanto, se fuerce a que haya revisiones de precios extraordinarias. Los contratos de operación y mantenimiento no permiten revisiones de precios y esto es fruto de una Ley de desindexación de la economía que se aprobó durante los años en los que el IPC fue cercano a cero y los tipos de interés estaban en cero o negativo. Esta fue una etapa de estabilidad muy larga, pero la situación económica actual no es la misma. Estamos con un IPC de más del 8%, y un Euribor al 3%. En definitiva, hemos vuelto a una situación inflacionaria y debemos adaptarnos a esta realidad.

Hay una tendencia muy clara hacia la economía circular como solución a ciertos problemas como puede ser el de la generación de energía. Este proceso impulsa la conversión de las plantas de tratamiento de agua en biofactorías. ¿Cómo están trasladando esta idea ya al día a día?

Acabamos de terminar y estamos ya en operación de la mayor planta industrial en el sector petroquímico de España, que hemos construido en Tarragona para AITASA, y que es una planta con mucha producción de gas. Estamos trabajando también en dos instalaciones, en Guijuelo (Salamanca) y en el Consorcio de Louro (Pontevedra), haciendo codigestión, es decir, mezclando lodos urbanos con lodos industriales para tener mayor producción de gas. Estamos produciendo biogás para movilidad de vehículos en cuatro instalaciones.

La economía circular es una realidad, pero España necesita más agilidad en la legislación para poder ser más eficientes y, sobre todo, más rápidos, en ámbitos como la reutilización del agua. Necesitamos concesiones administrativas que ahora se tardan mucho en obtener. A la hora de codigerir residuos hay un problema muy serio para conseguir aprobaciones, ya que en España conseguir licencias supone un gran esfuerzo. Y esto sucede porque partimos de una legislación en la que esos procesos no existían, y se debe adaptar con mayor rapidez.

La otra gran tendencia que parece impregnar nuestra industria es la digitalización. ¿Cómo está incorporando Aqualia estas tecnologías, desde la captación de datos de todo tipo, la analítica o la mejora de la toma de decisiones?

En los últimos años la transformación ha sido monumental. Hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Tenemos ya cuatro centros tecnológicos operativos en España, en los que centralizamos la gestión de redes, la cartografía, los SCADAS de instalaciones, el lanzamiento de órdenes de trabajo, el control de almacenes, etc. Este proceso ha supuesto una revolución logística.

Todos los trabajadores de Aqualia que están adscritos a centros tecnológicos salen a trabajar con un móvil en el que reciben sus órdenes de trabajo. Muchos de ellos van de su casa al tajo sin tener que pasar por el taller ni por almacén. Esto es una realidad y es exportable a otros países. Lo estamos desplegando ahora mismo en Francia y en Colombia.

Nuestra principal herramienta en este proceso se llama Aqualia Live y su primer objetivo es digitalizar el parque de contadores. Vamos a digitalizar todos los datos que tenemos y vamos a gestionar los datos de forma inteligente. Otra tarea fundamental, en la que se aplica la inteligencia artificial, es la prelocalización de fugas y la detección de prealertas en instalaciones.

Estamos ante una oportunidad para acometer una transformación del sector. Y para ello necesitamos tener información que nos permita ser aún más eficientes. Porque vamos a tener menos agua y debemos mejorar la toma de decisiones.

Tengo que decir que el Ministerio asumió este reto, nos escuchó mucho y nos dejó ayudar en el diseño del PERTE. Hoy podemos decir que ya está en marcha lo que afecta a la digitalización de las Confederaciones Hidrográficas y que, vía conferencia sectorial, se han lanzado doscientos millones de euros a las comunidades autónomas para mejoras en abastecimiento y saneamiento.

En lo que respecta a digitalización del agua, está ya publicada la convocatoria de la primera fase, que es una fase demostrativa con 200 millones de euros de fondos del PERTE y 120 millones de fondos de cofinanciación de concesionarios y de ayuntamientos. A finales de enero presentaremos ofertas. Habrá una segunda fase de 1.000 millones de fondos del PERTE, en su conjunto serán 1.600 millones con cofinanciación. Hablamos por tanto de un total de 1.920 millones para digitalización del ciclo de agua.

El PERTE va a ayudar a superar el debate sobre gestión pública o privada y lo va a centrar en la capacitación

Recapitulando, al principio el objetivo era cambiar los dieciséis millones de contadores que hay en España por contadores digitales, y ahora mismo el objetivo es mucho más ambicioso: mejorar en el conocimiento y en el control del agua desde que se capta hasta que se vierte depurada al río o al mar.

Es un proyecto que nos ilusiona mucho. Creo que el Ministerio está muy comprometido y me gustaría destacar como aspecto positivo que es un modelo en el que el Estado se implica en la modernización del sector sin necesidad de intervenir en la forma de gestionar los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Es una forma de cohesionar desde la tecnología.

También va a ayudar a superar el debate sobre gestión pública o privada y lo va a centrar en la capacitación. Se va a ir a una integración territorial a través de la digitalización, y es un proceso que los grandes operadores vamos a poder ofrecer con garantías.

Este PERTE de Digitalización es un instrumento que nos ilusiona como sector y que puede ser muy efectivo, pero desde el año 2008 venimos acumulando una caída muy relevante en las inversiones. ¿Cómo valoran esta situación y, sobre todo, qué mecanismos creen que se pueden implementar a todos los niveles administrativos para dar respuesta a los retos que hemos comentado?

AEAS y AGA elaboraron un informe sobre las inversiones en el sector del agua urbana en España que cifra en 4.900 millones de euros la necesidad de inversión anual. De esta cantidad, se están invirtiendo unos 2.400 millones, que proceden del presupuesto público y las tarifas. Tenemos, por tanto, un déficit anual de 2.500 millones de euros. Se nos está olvidando de forma sistemática que las infraestructuras tienen una vida útil no mayor de cincuenta años y las estamos extendiendo mucho más allá.

Esto es un análisis técnico-económico muy sencillo de hacer. Si entramos en el modelo tarifario español, cada vez que nos comparamos con los sistemas tarifarios europeos decimos, "tenemos las tarifas muy baratas en España", y realmente tenemos las tarifas normales para los servicios que queremos dar. En España, más o menos dos tercios de las tarifas se dedican a costes de abastecimiento, y un tercio a costes de alcantarillado y de depuración. En Europa es al revés, dos tercios van a depuración y un tercio a abastecimiento.

Lo que nos falta respecto a las tarifas europeas es que sistemáticamente no se dedica dinero suficiente a una reposición de inversión. Por contra, nos estamos gastando en mantenimiento más que lo que se están gastando en el centro o en el norte de Europa. Cuanto más viejas son las instalaciones, más dinero nos tenemos que gastar en mantenimiento.

En definitiva, tenemos que sacar las tarifas de la politización. Deben tener una aprobación mucho más técnica que política y tienen que recoger forzosamente la financiación de planes de inversiones. Debemos apostar por una planificación estructurada a largo plazo.

El papel de la comunicación en los últimos años ha ganado mucho peso. Aqualia tiene una particularidad que es su gran presencia a nivel local, cerca de las preocupaciones diarias del ciudadano. ¿Cómo se perciben los servicios del agua? ¿Se conoce el proceso que está detrás de abrir un grifo?

Todas las empresas hemos avanzado mucho, pero sigo teniendo la impresión de que nos quedamos cortos. Nuestra apuesta es clara: más y mejor comunicación, porque es fundamental sobre todo a escala local.

Sin embargo, considero que seguimos teniendo poco protagonismo en la agenda pública y esto es algo que hay que apuntar en el deber del sector, también en lo que respecta al asociacionismo. En el otro lado de la balanza, somos un sector que ayuda mucho a las administraciones públicas a la hora de desarrollar normativa y legislación y esto, sin duda, es muy positivo.

Por ser optimista, considero que hechos recientes como nuestro papel durante la pandemia o la aprobación del PERTE de Digitalización han supuesto un impulso importante en nuestra presencia en medios generalistas. También estamos saltando a la prensa económica porque somos un sector relevante económicamente en inversiones y porque ha habido movimientos accionariales importantes en algunas compañías.

Para cerrar me gustaría hablar de un tema que ha vivido un gran avance en las agendas internas de las compañías: la Responsabilidad Social Corporativa. Por un lado, desde el prisma de la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por otro lado, en el avance de la igualdad y la diversidad. ¿Cómo ha trabajado Aqualia en los últimos años?

En cuanto a los ODS, nuestro principal objetivo es la escucha activa. Nos hemos centrado en saber cómo podemos contribuir desde Aqualia con los grupos de interés en el desarrollo de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el ODS 6, de Agua y Saneamiento.

Hay miles de millones de personas en el mundo sin acceso a saneamiento. Con lo cual las visiones desde Europa, desde Latinoamérica o desde África son absoluta y radicalmente diferentes. Una parte relevante de lo que nosotros estamos haciendo es no pensar en el desarrollo de los ODS en Europa, sino pensar en el desarrollo de los ODS a escala global.

Como hitos, cabe destacar que en 2021 fuimos el primer operador que AENOR reconoció por tener como centro de nuestros principios de funcionamiento la alineación con las estrategias de ODS y con la sostenibilidad. Asimismo, formamos parte de la Alianza de StepbyWater, en la que colaboramos con empresas que tienen como centro de su trabajo el agua.

En cuanto a igualdad, para nosotros es clave. Hablamos, además, de un sector en el que trabajan más hombres que mujeres, sobre todo en el trabajo de campo, aunque esto es algo que está cambiando a pasos agigantados. En 2021 ya íbamos por nuestro tercer plan de igualdad, ostentamos el sello de empresa familiarmente responsable y nos hemos adscrito hace poco tiempo a la Alianza “CEO por la Diversidad”. Para nosotros es un compromiso ineludible.

Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como un compendio de aspectos sociales, aspectos medioambientales y aspectos económicos. El colectivo al que tenemos que atender lo forman nuestros clientes y nuestros trabajadores, porque son parte de la compañía. No tendría sentido que me preocupara solo de mis clientes y no me preocupara de mis compañeros.

En resumen, consideramos que una empresa que no esté comprometida firmemente con estos principios tendrá muy poco futuro.