En nuestro ciclo de entrevistas sobre el precio del agua en España, analizamos cuánto debe costar el recurso hídrico con expertos y actores implicados del sector. Así, buscamos descubrir cuáles son los retos y la situación actual para hallar la fórmula de una gestión eficiente y justa del agua a través de un equilibrio económico-financiero de los servicios del agua y su integración.
En esta ocasión hablamos con Pedro Rodríguez Delgado, presidente de ASA Andalucía.
Pregunta: En primer lugar, nos gustaría conocer su trayectoria profesional hasta el puesto que ocupa en la actualidad.
Respuesta: Mi formación es jurídica, y me he especializado en la Dirección de Empresas e Instituciones Sociales. Mi trayectoria profesional siempre ha estado ligada al ámbito social, ejerciendo puestos de responsabilidad en distintas Administraciones Públicas con competencias en esta materia, tanto en mi condición de funcionario público como en el ámbito de la gestión política, como Viceconsejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. También he colaborado con la Universidad de Sevilla como Profesor Asociado en el Departamento de Trabajo y Seguridad Social durante más de una década.
Desde hace siete años soy Director-Gerente de ALJARAFESA, la empresa pública del ciclo integral del agua de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, que engloba a algo más de treinta ayuntamientos y a una parte importante de la provincia de Sevilla. En los últimos cuatro años vengo compatibilizando dicho cargo con la Presidencia de ASA, la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, donde se encuentra representada la práctica totalidad de este sector.
P.- ¿Cómo definiría la política de precios del agua en España?
R.- La definiría como excesivamente prudente, en el sentido positivo del término. Prudente porque creo que, en términos generales, se es muy consciente del valor del acceso al agua como vehículo de cohesión social, algo que en Andalucía hemos trabajado intensamente, liderando su reconocimiento en el ámbito normativo con la Ley 8/2018 de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético, como derecho humano que garantiza un “mínimo vital” para que las personas puedan atender dignamente sus necesidades básicas.
Esta dimensión social del agua es fundamental de cara a la ciudadanía, ya que, al margen de la forma de prestación específica en cada territorio, se trata de un servicio público esencial y, por tanto, nuestra obligación es la de trabajar para poder garantizar a todos, tanto en el presente como en el futuro, la existencia, disponibilidad y acceso a este recurso con el máximo nivel de calidad.
Por eso, también hay seguir avanzado hacia una sostenibilidad económica, que debe comportar ineludiblemente una reflexión sobre la necesidad de actualización de los costes a las exigencias de una prestación de calidad y a las necesidades de inversión. La sostenibilidad económica nos va a permitir que nuestros procesos productivos sean lo más eficientes posibles, trabajando desde la planificación. Planificación como instrumento que nos ayude a “poner las luces largas” para ampliar el alcance de nuestras decisiones a un mayor ámbito temporal, para que todos, responsables públicos, gestores y ciudadanía, podamos tomar conciencia de la dimensión real y compleja de la gestión de este recurso, no solo ya en cuanto al abastecimiento, también en cuanto a su tratamiento y devolución al entorno.
Con esto quiero decir que se requiere de una corresponsabilidad y coherencia para el sostenimiento de este servicio, y que si tratamos de que la ciudadanía haga su parte, con un consumo responsable y un comportamiento comprometido, al resto también nos toca una parte importante respecto a las inversiones necesarias para atender las condiciones cada vez más exigentes hacia el medio ambiente en un mundo globalizado, la necesaria adecuación al avance tecnológico y de la innovación, así como las necesidades de nuevas infraestructuras o su ampliación ya sea por el crecimiento de las poblaciones o del desarrollo económico (no podemos olvidarnos de que el agua también es factor estratégico para distintos sectores productivos), o bien por el término de la vida útil de las existentes.
Este último aspecto es donde yo creo que se debe realizar una mayor reflexión pública pensando en las generaciones futuras y en el aseguramiento de las condiciones óptimas en las que hoy día se viene prestando el servicio público del ciclo integral del agua en nuestro país.
Hay seguir avanzado hacia una sostenibilidad económica que debe comportar ineludiblemente una reflexión sobre la necesidad de actualización de los costes a las exigencias de una prestación de calidad y a las necesidades de inversión
P.- ¿Qué le parece el marco competencial?
R.- El marco competencial respecto a la gestión del agua está en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico en nuestro sistema democrático descentralizado. En mi opinión, la estructura de un reparto competencial es acertada en el sentido de que se trata de acercar en la medida de lo posible la toma de decisiones en el ámbito público a la ciudadanía de cada territorio, respetando su singularidad e idiosincrasia propias.
Ahora bien, es absolutamente imprescindible que esa misma coherencia rija en cuanto a la capacidad inversora y del sostenimiento del gasto público de las distintas Administraciones. Las Entidades Locales son las competentes para la prestación de los servicios públicos del ciclo integral del agua, pero su capacidad de inversión y de sostenimiento de las infraestructuras hidráulicas está muy limitado, se necesita de un mayor apoyo del resto de las Administraciones. En ocasiones es complicado tomar decisiones de gestión en este ámbito donde el contacto con la ciudadanía es directo, y la conciencia de las mejoras pendientes se realiza en primera persona. El agua no entiende de fronteras geopolíticas ni de competencias, y creo que de esta misma manera deberíamos afrontar los retos que se nos plantean.
Por ello, es fundamental que actuemos con corresponsabilidad, entre las Administraciones de distinto ámbito, con objeto de establecer un marco de colaboración y entendimiento como vía imprescindible para afrontar eficazmente problemas muy relevantes que ahora mismo están sobre la mesa, como por ejemplo la situación actual en cuanto a la depuración de las aguas residuales y los vertidos al Dominio Público. Esta cuestión en concreto exige trabajar más que nunca de manera coordinada para mejorar la capacidad de respuesta de las herramientas legislativas y presupuestarias ante situaciones de vertidos incontrolados.
P.- ¿Debería haber una legislación nacional que regule los precios?
R.- El principal reto de los servicios públicos del agua radica en integrar en sus decisiones estratégicas el enfoque de la sostenibilidad en su triple dimensión, social, económica y medioambiental. Toda política de gestión de los recursos hídricos ha de incorporar la perspectiva de futuro necesaria para que este recurso básico y fundamental siga facilitando el bienestar de las personas mediante su acceso y disponibilidad en condiciones de calidad.
La gestión del ciclo integral del agua ha evolucionado en los últimos años de la mano de la tecnología, la innovación, la digitalización y la tecnificación, pero también en un ineludible escenario económico complejo y en un contexto social y medioambiental cada vez más exigente. Por ello, hablar de gestión del agua hoy es hacerlo inevitablemente en términos de sostenibilidad pensando en las generaciones futuras.
En este contexto, existe un posicionamiento sectorial común en relación con la insuficiencia de la actual política de precios de los servicios de agua en España. Sobre todo, en el sentido al que me he referido anteriormente en cuanto a la necesidad de inversiones a corto y medio plazo, dada la creciente y progresiva necesidad de renovación y reposición del parque de infraestructuras y de la situación de las aguas depuradas.
Por ello, tratándose de un servicio público esencial y obligatorio según nuestro ordenamiento jurídico, debemos ser capaces de articular los mecanismos que sean necesarios desde distintos ámbitos, incluido el normativo. Desde un enfoque global es como pueden establecerse criterios globales para la resolución de problemas globales, por lo que la contribución de todos los agentes (Administraciones Públicas de distintos ámbitos territoriales y competenciales y gestores de distinta naturaleza) es básica para establecer un marco general.
Este marco general, sobre todo en cuanto a políticas de inversión, debe fortalecerse desde mi punto de vista, porque el agua es un factor de primer nivel en la articulación territorial y el desarrollo económico. No puede haber distintas velocidades. Nadie puede quedarse atrás.
P.- ¿Qué aspectos se incluyen en la factura del agua?
R.- La factura del agua es un vehículo idóneo para hacer llegar a cada casa la información correcta y veraz de forma asequible del coste de los servicios que se prestan. Debemos tratar de que, a través de la factura, los ciudadanos conozcan y valoren las diferentes prestaciones que engloban los servicios y del peso que cada una de ellas tiene en relación con el importe final en que la factura se resume.
Cada gestor incluye en la factura los aspectos que confluyen en la determinación del importe final. Estos pueden ser variados, dependiendo de la forma de gestión específica, del alcance de los servicios y de ámbito territorial abarcado en la prestación. Así, por ejemplo, hay gestores que incluyen distintos cánones autonómicos, e incluso, en su caso, incluyen conceptos como la gestión de los residuos.
Lo importante, sin perjuicio de la configuración que haga de la factura cada gestor, es que la información recoja todos los servicios que comportan los costes de forma inteligible para el ciudadano, con la mayor transparencia y desglose, para que pueda apreciarse el proceso complejo que supone el ciclo integral del agua.
P.- ¿Debe recuperarse la totalidad de los costes asociados a los servicios?
R.- A veces se hace difícil mantener un discurso sobre la recuperación de los costes en un servicio público que es esencial y cuya prestación es obligatoria por parte de la Administración Local a los ciudadanos. La idea de que los servicios públicos de partida son o pueden ser deficitarios está muy extendida confundiendo a veces, a mi juicio, conceptos que no son sinónimos, como el de la rentabilidad y el de la recuperación de costes de un servicio extremadamente complejo por el abanico tan amplio de prestaciones que abarca.
Si analizamos la naturaleza de los distintos costes que se generan y de las exigencias legales de cumplimiento, no cabe duda de que una política de sostenibilidad y de calidad necesita que, en la medida de lo posible, exista una adecuada financiación de los mismos.
Los representantes públicos y los gestores debemos hacer un ejercicio de coherencia y analizar de la forma más realista posible el grado de vinculación del precio que hoy día se paga por el agua y los costes asociados a su prestación. Estimo que en la mayoría de los casos la conclusión sería, efectivamente, una inadecuación que, según cada territorio, sería más o menos acusada.
Además, creo que lo recomendable sería afrontar este análisis de la forma más objetiva posible, evitando posiciones previas de tipo ideológico, sin perjuicio de que para la gestión de ese resultado las decisiones se aborden efectivamente desde las consideraciones que se mantengan por quienes tengan esa responsabilidad en la gestión pública, si bien, como decíamos antes, lo deseable es que para ello dispusieran de unos criterios comunes y consensuados que equilibren los territorios.
Si la mayor parte del peso de la inversión que requiere la ejecución de nuevas infraestructuras o del mantenimiento de las existentes se pretende que recaiga sobre las Entidades Locales, tendríamos que expresarnos en términos de la necesaria y completa recuperación de costes para que los servicios fueran viables, pues ni trabajando con la mayor eficiencia y austeridad sería posible.
Por tanto y en resumen, creo que hay que trabajar en varios campos paralelamente. En primer lugar, informar y concienciar a la ciudadanía del coste de unos servicios de calidad en un contexto europeo. En segundo lugar, mecanismos de recuperación de costes que mejoren la vinculación con el precio teniendo siempre presente que estamos ante un derecho humano. Y, en tercer lugar, avanzar hacia un modelo de transversalidad y corresponsabilidad entre las Administraciones Públicas, que no tiene por qué afectar a los ámbitos competenciales tal como se recogen hoy día en nuestro marco normativo.
Toda política de gestión de los recursos hídricos ha de incorporar la perspectiva de futuro necesaria para que este recurso básico y fundamental siga facilitando el bienestar
P.- ¿Cuál cree que es la estructura tarifaria más eficiente?
R.- Partimos del planteamiento de que la estructura tarifaria óptima y eficiente será siempre aquella que favorezca el uso y consumo responsable del agua como bien esencial a la vez que limitado. Nuestra responsabilidad social corporativa nos lleva a trabajar en promover en la ciudadanía la conciencia del ahorro en su consumo, haciendo campañas de concienciación en torno a esta idea. La estructura del sistema tarifario del agua debería promover siempre un uso responsable del recurso y ofrecer incentivos para su uso eficiente.
Los criterios al analizar un sistema de tarificación atienden a cuestiones o principios de eficiencia económica, equidad y fundamentalmente en la actualidad, autofinanciación del servicio. Igualmente, en un escenario de cambio climático y de creciente necesidad de inversión en infraestructuras para garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio, se debe tender a incluir criterios dirigidos a la recuperación de costes.
En el mapa de empresas operadoras de aguas, en algunos servicios en alta se definen tarifas volumétricas que permiten a los usuarios reducir su factura del agua reduciendo su consumo y el fomento de su uso racional mediante progresividad según consumo; en algunos servicios de suministro se contemplan también sistemas volumétricos variables con bonificaciones por el ahorro de agua; y en los servicios urbanos del agua se encuentran, asimismo, sistemas de bloques crecientes; distribución de las cargas por diferencias de niveles de poder adquisitivo, etc.
En definitiva, en la estructura tarifaria creo que debe materializarse nuestro compromiso responsable con la sociedad, como servicio público, a través de la triple perspectiva de sostenibilidad: social, con medidas como las bonificaciones para colectivos de renta deprimida o el trato equitativo de unidades familiares numerosas; ambiental, con la aplicación a través de la progresividad de las tarifas de los principios de promoción de un uso responsable del agua y de quien contamina paga; y económica, apostando por la recuperación de costes de explotación y la garantía de recursos para la renovación de las infraestructuras.
P.- ¿Qué opinión le merecen los cánones autonómicos de depuración? ¿Cree que cumplen el objetivo finalista con el que se plantearon?
R.- El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado mediante la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas, ha supuesto que la Junta asuma la responsabilidad de ejecutar los proyectos de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas, una función que hasta ahora viene ejerciendo de hecho en auxilio técnico y económico de las Entidades Locales como titulares de dicha competencia.
La aplicación de este canon desde mayo del 2011 está afectado a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010. Se trata en sí mismo de un mecanismo de recaudación efectivo y objetivamente necesario en su carácter finalista, ya que ha contribuido a que en tomo al 90% de la población andaluza disponga ya de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas.
Sin embargo, igual de cierto es que los episodios continuados de sanciones europeas por vertidos evidencian que hemos de seguir trabajando más que nunca de manera coordinada.
A pesar de los avances evidentes en la construcción de infraestructuras por parte de las administraciones competentes y del gran esfuerzo inversor para cumplir los objetivos de calidad ecológica de las aguas, fijados en la directiva 2000/60/CE, debemos seguir esforzándonos como Asociación portavoz del sector para promover aquellas acciones que permitan alcanzar las cuotas óptimas de depuración y los niveles europeos exigidos de economía circular, apoyar asimismo a los gestores que están atravesando situaciones complicadas en cuanto a la posible responsabilidades en ámbitos incluso jurisdiccionales ante posibles incumplimientos de estos niveles de depuración en sus municipios, así como evitar que esta situación pueda tener continuidad en el tiempo.
Desde su implantación hasta diciembre de 2018, la Junta de Andalucía ha recaudado algo más de 730 millones de euros, encontrándonos actualmente pendientes de conocer el balance de ejecución en cuanto a las inversiones declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
El agua no entiende de fronteras geopolíticas ni de competencias, y creo que de esta misma manera deberíamos afrontar los retos que se nos plantean
P.- ¿A qué se deben la diferencia tarifaria en las Comunidades Autónomas?
R.- Las diferencias entre Comunidades Autónomas se dan en todos los ámbitos, en un modelo de gestión pública descentralizada, algo a lo que no es ajeno tampoco el ciclo integral del agua. En cada territorio puede haber diferencias en cuanto a calidad, parámetros ambientales, características concretas del proceso de captación, adquisición, disponibilidad, dotación en infraestructuras y modelos de gestión.
También hay que añadir otros elementos diferenciadores generales vinculados al índice poblacional, el nivel de desarrollo, la dimensión urbana o la aplicación de economías de escala, así como si las facturas incorporan o no cánones autonómicos. Por tanto, sería muy complicado realizar un análisis tarifario comparativo entre unas Comunidades y otras.
P.- Respecto a Europa, ¿cómo valora el precio del agua en España en comparación con el resto de los países?
R.- El precio del agua en nuestro país se sitúa en torno a 2 euros/m3 de media, siendo inferior a la media de la Unión Europea en más de un punto.
Las diferencias tarifarias entre las Comunidades Autónomas, y de España respecto a Europa ponen de relieve, a mi juicio, la importante necesidad que tenemos de políticas de armonización económico-financieras que permitan una prestación de los servicios del ciclo integral del agua en el marco jurídico europeo con las necesarias garantías de sostenibilidad del sistema en términos económicos, sociales y ambientales. Es urgente que nos pongamos a trabajar responsable y colaborativamente en la construcción de estas políticas.
Las diferencias entre Comunidades Autónomas se dan en todos los ámbitos, en un modelo de gestión pública descentralizada, algo a lo que no es ajeno tampoco el ciclo integral del agua
P.- Finalmente, ¿cree que la sociedad está concienciada sobre su consumo de agua y el coste real del mismo?
R.- Personalmente, creo que hemos hecho avances importantes en este campo. En este sector llevamos ya un tiempo considerable trabajando en la responsabilidad social, y dedicando muchos recursos a desarrollar intensamente una política continuada de comunicación social y actividades de educación en valores medioambientales dirigida a la corresponsabilidad de los ciudadanos en el consumo y uso responsable y sostenible del agua.
Sin embargo, creo que los enfoques que hasta ahora han primado han sido el medioambiental y el social, como recurso escaso e indispensable para la vida y el desarrollo de las personas. Pero creo que quizá debemos plantearnos que ha llegado el momento de poner el acento en igual medida en el otro aspecto de la sostenibilidad, que es el económico.
Es fundamental apelar a la conciencia de los ciudadanos, para que sean capaces de dar el valor que realmente tiene que solo abriendo un grifo dispongan de un recurso escaso y vital con la máxima calidad y en la cantidad que necesiten. El enorme valor de este gesto debemos ser capaces de traducirlo a precio de forma tal que los ciudadanos también sean conscientes de todo el proceso productivo que hay detrás de ese gesto.
Por tanto, creo que, si bien la sociedad se encuentra bastante concienciada en los aspectos ambientales y sociales, el aspecto económico de la sostenibilidad es una asignatura pendiente que nos toca trabajar principalmente a los gestores.
