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Semana Europea de la Pobreza Energética

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Asociación de Ciencias Ambientales
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) es un punto de encuentro y reunión de científicos, técnicos y profesionales y se ha constituido como un actor social catalizador de iniciativas y proyectos.
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Desde ACA proponemos un año más la celebración de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, en un momento clave para el futuro más próximo. Y no lo decimos sin contar con un argumento de peso. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el Gobierno estableció que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor debería aprobarse una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética. Dicha estrategia, según indicaba textualmente, incluirá:

"…un diagnóstico y caracterización del problema, diseñará indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo y propondrá medidas concretas para la consecución de dichos objetivos, así como sus vías de financiación, que deberán tener en cuenta los recursos presupuestarios de cada una de las Administraciones Públicas participantes en estas políticas"

Por tanto, estamos ante la inminente aprobación, en los próximos meses, de un documento que marcará directrices sobre la forma en la que se abordará el problema en los próximos años y que dará respuesta a la propuesta realizada por nuestra organización desde hace años sobre la necesidad de impulsar, desde el gobierno estatal, un proceso estratégico para afrontar este problema. En el primer estudio de ACA, de 2012, ya se mencionaba la necesidad de seguir el ejemplo del Reino Unido, (con una estrategia desde el año 2001) y esta propuesta continuó años después hasta titular nuestro último estudio “Pobreza energética en España. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatal” conscientes de que no era posible esperar más para contar con este marco estatal.

Al margen de la insistencia llevada a cabo por nuestra organización y por otros agentes, en el texto de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad se insta los Estados miembros a definir una serie de criterios con el fin de medir la pobreza energética, que supervisarán de forma continua el número de hogares en situación de pobreza energética y presentarán a la Comisión cada dos años un informe sobre la evolución de la pobreza energética y las medidas adoptadas para prevenirla. Europa debe moverse y además, las próximas elecciones europeas son un momento clave para exigir que la pobreza energética esté en la primera línea dentro de las prioridades de los diferentes partidos.

Por todo ello, es inevitable que este año la Semana Europea de la Pobreza Energética tenga como referencia principal este hito, porque durante muchos años los avances y propuestas del gobierno estatal en este aspecto fueron muy escasas, prácticamente inexistentes. Afortunadamente hubo un punto de inflexión, al acabar con posiciones que negaban y minimizaban la pobreza energética en España. Este cambio sustancial se produjo a partir de la reformulación del antiguo bono social (Real Decreto 897/2017) y sobre todo con la aprobación del RDL 15/2018, que marcó las pautas para la elaboración de la mencionada estrategia e introdujo señales muy positivas, entre ellas, la aprobación de un bono social térmico (que consideraba por primera vez en una concepción global el problema) o las mejoras en la protección al consumidor (como la prohibición de la comercialización a puerta fría en los domicilios).

Desde ACA se considera que la estrategia permitirá afrontar el diálogo necesario para implicar a todos los agentes, generar debate social y reunir las voluntades esenciales para coordinar medidas entre las diferentes administraciones y políticas sectoriales. Asimismo, ayudará a que otras administraciones (autonómica y local), a partir de un marco común armonizado, puedan desarrollar sus propias estrategias en el ámbito de sus competencias combinando medidas a corto plazo que ayuden a paliar la situación de emergencia de determinados sectores más vulnerables con otras medidas más a largo plazo que mitiguen la pobreza energética existente y reduzcan la vulnerabilidad de la población a esta problemática. En este sentido, se evitará que, dentro del propio estado español, existan ciudadanos vulnerables que estén más o menos protegidos en función de la capacidad, proactividad o iniciativa de la administración local o autonómica como ocurrió con la Ley catalana 24/2015 contra la pobreza energética, que estableció el principio de precaución (obligada consulta previa a los Servicios Sociales por la comercializadora) antes de poder llevar a cabo una suspensión de suministro por impago, una medida más proteccionista que la estatal.

El agua y la energía están íntimamente unidos por muchos factores. Es necesario el uso de la energía para la gestión del agua, así como el agua es clave en muchas de los procesos de obtención de energía. Además se estima que la demanda de ambos crecerá en los próximos años. Ambos son servicios esenciales.

Durante esta semana, consideramos clave ser muy conscientes de la importancia de dicho documento, máxime con la incertidumbre existente al afrontar en los próximos meses unas nuevas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. Con motivo de la celebración de esta Semana Europea de la Pobreza Energética, queremos insistir a todas las opciones políticas sobre la necesidad de seguir apostando firmemente por hacer frente a este problema y por dar continuidad y desarrollar la estrategia que verá la luz próximamente.

Esta estrategia, además, será una forma decidida de dar respuesta y contribuir a otros objetivos. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7, que aboga por “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” y recoge metas específicas (Meta 7.1) que hacen referencia a la asequibilidad de los servicios energéticos para 2030. También contribuye al Pilar Europeo de Derechos Sociales (2017) que en su principio 20 atiende al acceso a los servicios esenciales al establecer que “Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios”.

Por otro lado, la estrategia se acerca a otros objetivos como la necesidad de abordar una transición energética justa con una visión amplia, en la que no sólo se considere la necesidad de reconvertir puestos de trabajo, sino que además englobe todo el conjunto de aspectos sociales que se pueden ver afectados en dicha transición, tal como se vislumbró en la última Conferencia de las Partes en Katowice (COP 24). La pobreza energética no es algo que quede al margen de esta visión ampliada de transición justa.

Así mismo, la estrategia marcará una serie de medidas para atajar el problema, como las que promuevan la mejora de la eficiencia energética. Este tipo de medidas contribuirán a los objetivos de mitigación, pero también los de adaptación de las personas a las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, los escenarios extremos de temperatura.

Durante esta semana, que se celebra del 17 al 23 de febrero, daremos visibilidad al problema y a los proyectos e iniciativas que se están desarrollando para hacer frente a este problema. Animamos a que todos nos sumemos a hacer de altavoz y que apostemos por seguir con paso firme para erradicar de una vez por todas la pobreza energética.

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