Señoras y Señores Presidentes:
A veinte años de creada la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la que gobiernos y ciudadanos hemos puesto nuestras esperanzas, nos encontramos en vísperas de celebrar una reunión convocada por el Secretario de Naciones Unidas Ban Ki Moon, quien en 2009 reconoció el cambio climático como una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad.
Copenhague no sentó el precedente que esperábamos, vamos camino a un aumento de 4 °C y hasta 6 °C si no detenemos las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Cada años se vuelve más difícil cumplir con el objetivo de la Convención estipulado en su Artículo 2do, “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (Art. 2, CMNUCC).”
El proceso de negociación bajo la CMNUCC ha sido desgastante y en muchas ocasiones frustrante tanto para representes gubernamentales, como para personas de la sociedad civil que llegan con gran entusiasmo a querer cambiar las cosas y se van cabizbajos cada Conferencia de las Partes por verse imposibilitados para incidir con propuestas en el texto de negociación o para hablar con “sus” delegados.
Existe sin duda un componente dominante en el proceso climático y que pareciera pesar más que todos los ecosistemas y que toda la humanidad: el poder económico. Hay una necesidad casi generalizada de crecer económicamente y de ganar poder político. La pregunta por tanto es, ¿qué acaso las y los presidentes de los países del mundo no son personas? ¿no tienen familias? ¿no temen por su futuro? Quizá no por el de ellos, pero ¿no temen acaso por el futuro de sus hijos y nietos?
Es claro que lo que pase en un país tendrá repercusiones en los demás, por lo que todos son responsables de una u otra manera; no obstante, esta misiva va dirigida a los gobiernos de América Latina; a los gobiernos nacionales, así como a los gobiernos locales y municipales, en quienes radica buena parte de las responsabilidades ( en temas de adaptación, transporte y manejo de residuos); va dirigida a los congresistas ; a las agencias de cooperación, a los inversionistas y empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a las comunidades y a todo ciudadano y ciudadana, porque antes que ocupar un puesto o actuar bajo algún título, somos eso, ciudadanas y ciudadanos.
América Latina y el Caribe albergan el 34% de las especies de flora y el 27% de las especies de mamíferos del mundo[1]; es una región en la que se encuentran cinco de los diez países con más diversidad biológica del mundo (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú); así como el Amazonas, la zona de mayor biodiversidad del planeta, “solamente América del Sur contiene más del 40% de la biodiversidad de la Tierra y más de una cuarta parte de sus bosques”.[2] Estas cifras convierten a la región latinoamericana en una “superpotencia mundial en materia de biodiversidad” (Banco Mundial, 2012). Su diversidad cultural se compone de 522 pueblos y 420 lenguas indígenas en uso.[3] Dichas características nos hacen coincidir con el antropólogo Darcy Ribeiro, quien afirma que “Latinoamérica, más que una entidad sociocultural diferenciada y congruente, es una vocación, una promesa”.
No sólo compartimos una enorme diversidad biológica, cultural y lingüística; también compartimos la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Algunos países son más vulnerables que otros, como es el caso de los centroamericanos y los del Caribe, pero todos estamos expuestos y el cambio climático condiciona nuestras necesidades de desarrollo futuro. Por otro lado, 4 países, México, Brasil, Venezuela y Argentina concentran el 80% de las emisiones de la región[4] y en todos los casos su compromiso con acciones de mitigación ofrece importantes co-beneficios con otras necesidades de desarrollo.
América Latina tiene ventajas comparativas para responder a sus necesidades de desarrollo generando un modelo compatible con los nuevos desafíos del cambio climático. Esto está ligado a un buen y juicioso aprovechamiento de la riqueza natural, acompañado de estrictas reglas de convivencia con el entorno. Por ejemplo, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) señala que el potencial de la región para aprovechamiento de energía renovable podría cubrir en más de 22 veces la demanda eléctrica de la región en 2050. Aprovechar esos recursos en seguimiento a estrictos estándares ambientales y sociales, garantizaría a la región una transición energética y dejar de depender de combustibles fósiles.
En este sentido, ¿qué se necesita para cambiar las tendencias y transitar hacia una sociedad y desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima? Las decisiones políticas y económicas sobre nuestro capital natural en los próximos 15 años definirán cómo vamos a aprovechar esa “ventaja comparativa”.
El cambio climático nos ha enseñado que si bien hay poblaciones más vulnerables, todos y todas al final podemos vivirlo de forma diferente, pero cada vez más cercana. Es necesario comprender que el cambio climático es un problema de desarrollo que involucra desafíos sociales, ambientales, culturales y económicos para las sociedades modernas. Partir de la internalización del cambio climático como eje transversal en la planeación de los países es fundamental, no basta con la participación del sector ambiental, es necesario que los sectores energético, de transporte, de finanzas, de salud y demás ministerios, se integren a la acción.
Las redes y organizaciones que suscriben esta carta consideramos que una política climática debe contener al menos tres elementos: una estructura institucional fortalecida, marcos legales ambiciosos y asignación de presupuestos públicos que permitan poner en marcha estas acciones en diferentes niveles (federal, estatal y local). También creemos que se necesita de una clara definición de costos y de prioridades para identificar cuánto se requiere invertir y cuánto es posible cubrir con recursos privados e internacionales de manera complementaria. La consolidación de esquemas de monitoreo, reporte y verificación que permitan analizar de manera más clara la reducción de emisiones y el flujo de financiamiento, es un buen comienzo.
La región tiene como interés común prosperar y crecer económicamente en armonía con el medio ambiente, para evitar mayores impactos generados por el cambio climático. Aunque a muchos países se les ha dificultado desacoplar el crecimiento económico de la protección ambiental, hay un interés en mejorar los estándares ambientales y mejorar el nivel de vida de la población. El desafío es alcanzar al interior, la denominada triple “C”, comunicación, coordinación y colaboración entre actores tanto gubernamentales como no gubernamentales. Como bien dice Carlos Tünnermann[5], “sólo hablando en nombre de una América Latina integrada es que tenemos más posibilidades de ser un interlocutor en la mesa de negociaciones y no sólo un simple suscriptor, que se adhiere a lo que ya fue decidido por el más poderoso.” Para lograr lo anterior, es necesario garantizar un sistema transparente, que facilite la información, rinda cuentas e incite a la participación de la población.
El llamado de Ban Ki Moon es un momento clave para definir de manera más certera las contribuciones que los países harán en miras a la construcción de un acuerdo climático en 2015. La capitalización del Fondo Verde es un paso mínimo, pero la definición de contribuciones de mitigación, adaptación e incluso de financiamiento son importantes para trazar esa ruta de acción urgente. El reto es muy grande, pero en la región contamos con líderes y gente valiente que no teme en lanzar propuestas y acciones a pesar de la disconformidad de algunos sectores. Y confiamos en que la mayor parte de la población apoyará la valentía de sus representantes gubernamentales y no gubernamentales.
Necesitamos gente con ganas de cambiar las cosas. Alrededor hay muchas personas, organismos e instituciones trabajando y con ganas de apoyar. América Latina puede ser el ejemplo que el mundo necesita.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y colegas del Caribe Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominicana, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, este es el momento de hacer que las cosas cambien. La COP20 es nuestra COP y el futuro lo compartimos todos y todas ¡Juntos Elevemos la Voz!
[1]http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/10/17/america-latina-bi...
[2] Bovarnick A, F Alpizar, C Schnell, Editores. La Importancia de la Biodiversidad y de los Ecosistemas para el Crecimiento Económico y la Equidad en América Latina y el Caribe: Una Valoración Económica de los Ecosistemas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010.
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/175-spa-sum.pdf
[3] http://www.unicef.org/honduras/tomo_1_atlas.pdf
[4] CEPAL 2012
[5] http://polis.revues.org/4122
