La experiencia de Chile en el proceso de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales fue compartida el jueves entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes de las organizaciones comunitarias del agua chilena y del gobierno en la octava edición de Conferencias Online InnContext que organiza Fundación Avina. Dicha experiencia constituye uno de los pocos casos de América Latina y el mundo donde se haya dado una colegislación entre dirigentes rurales de FENAPRU y el Parlamento para generar la ley de forma participativa.
“Queremos compartir estas buenas prácticas que los países realizan en el desafío de cerrar las brechas de cobertura, calidad de agua y saneamiento en América Latina", destacó Zoraida Sánchez, coordinadora programática de Fundación Avina.
El evento contó con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y de la Federación Nacional del Agua Potable Rural (FENAPRU).
“En un contexto de privatización en 1999 donde el Sector de Agua Potable Rural de Chile no tenía una norma propia, había débil asesoría y capacitación, baja escolaridad y los servicios de Agua Potable sin información ni preparación ante esta amenaza, hubo una reacción en dichos servicios, ¡Asociatividad! y se planteó el objetivo de poner en discusión una propuesta de política frente a problemas sentidos por el mundo del agua potable rural”, expresó Gloria Alvarado de FENAPRU.
Esta asociatividad, que partió desde lo provincial y regional hasta llegar a la asociatividad nacional con la creación de la Federación Nacional de Agua Potable Rural – FENAPRU Chile, permitió a los dirigentes de los comités y cooperativas trabajar y dialogar en igualdad de condiciones con distintos gobiernos y parlamentarios, generando un reconocimiento incluso a nivel internacional y por consiguiente desarrollar un proceso para la aprobación de la ley promulgada hace un año y con avances en la generación del reglamento.
La ley regula el funcionamiento del sector del Agua Potable Rural (APR), promueve su sustentabilidad en el tiempo y permite fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, preservando su carácter participativo y apoyando en el abordaje de los principales desafíos que hoy enfrentan.
Permite el reconocimiento a las comunidades organizadas que a lo largo de la historia han gestionado de manera autónoma los servicios de agua y saneamiento, la entrega un estatuto jurídico que regula el funcionamiento de las APR, ahora Servicios Sanitarios Rurales (SSR), en todo el país, protege el territorio operacional de los SSR y su modelo de administración comunitaria, define el rol del Estado y fortalece la asociatividad, entre otros aspectos.
“Tras un trabajo de más de 10 años, la votación de la ley de abril de 2016 fue de 112 votos a favor y 0 en contra. Se ha dado una capacitación y difusión a la legislación a casi 10.000 mil personas, destacó, Nicolás Gálvez, Subdirector de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas de Chile.
Por su parte, Cesarina Quintana, Oficial Senior de COSUDE, resaltó que son “pocos casos de América Latina y en el mundo donde existe una ley de Servicios Sanitarios Rurales como la de Chile. Es un ejemplo a seguir, con fuerte compromiso de los dirigentes y del gobierno”.
Chile presenta un nivel de cobertura en abastecimiento de agua potable rural en localidades concentradas del sector rural de un 99% y de un 15% en saneamiento. Actualmente, existen en el país más de 1.700 Servicios de Agua Potable Rural (APR), en la figura de comités y cooperativas, u Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento(OCSAS), como se conocen en el contexto latinoamericano. Estas APR han prestado sus servicios a más de dos millones de personas en todo Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, enfrentando desafíos como la escasez del recurso hídrico -sobre todo en el norte y sur del país-, la geografía, las distancias y la diversidad cultural en algunas regiones.
