La Estación Biológica Internacional se querella contra el Gobierno de Castilla y León por la contaminación del lago de Sanabria

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  • Lago de Sanabria (Wikipedia).

Responsables de la Estación Biológica Internacional (EBI) han anunciado una querella criminal contra ocho responsables de Junta de Castilla y León, entre ellos el consejero Antonio Silván, por un presunto delito de prevaricación y contra el medio ambiente en el Lago de Sanabria (Zamora).

La denuncia, tal y como ha indicado en rueda de prensa David de Salvador, del EBI, que se interpuso el pasado mes de septiembre en el juzgado de Puebla de Sanabria y está a la espera de su admisión a trámite, se presentó una vez conocido el tercer informe sobre la situación del Lago que "evidenciaba la actuación irresponsable de las autoridades competentes".

Los que tratan de conseguir, según ha afirmado, es la paralización inmediata de vertidos activos sobre el Lago y evitar la desaparición de pruebas, por lo que también han interpuesto una denuncia complementaria ante el Seprona que se encuentra ya en la zona.

Los que tratan de conseguir es la paralización inmediata de vertidos activos sobre el Lago

Los afectados por esta denuncia de la EBI son el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván; el viceconsejero del área, José Manuel Jiménez; el delegado de la Junta en Zamora, Alberto Castro; el director general de Medio Ambiente, José Ángel Arranz; el jefe de Espacios Naturales de la Junta en Zamora, Jesús Palacios; el técnico adjunto, Pablo Santos, el adjudicatario del Laboratorio Limnológico gestionado por la Fundación de Patrominio, José Carlos Vega, y el técnico subcontratado a través de Tragsa por la Junta, Javier Morales.

A lo largo de la comparecencia, los responsables han hecho un repaso a los informes elaborados y han explicado que el pasado mes de abril se remitió una nueva alerta sobre la situación del Lago, que fue negada, tal y como han recordado, posteriormente por responsables autonómicos, lo que les llevó a elaborar un tercer informe complementario de 31 científicos y doctores.

Llegados a este punto, han indicado que "ante la negativa persistente de las autoridades de la Junta y Confederación Hidrográfica del Duero" sobre la existencia de un problema medioambiental en la zona, las descalificaciones a los informes avalados por una treintena de científicos y con el objetivo de evitar la desaparición de pruebas y pedir la paralización de vertidos, decidieron llevar a cabo este proceso judicial.

Pruebas

En cuanto a los pruebas, que han calificado de "irrefutables" han explicado que actualmente existen cuatro puntos de vertidos en la zona y en directo, desde el mismo Lago, han realizado conexiones y pruebas para medir el nivel de turbidez del agua "que está a los 3,8 metros" y el cúmulo de contaminantes en el sedimento del agua.

Además, han hablado en directo con el catedrático en Ciencias Naturales y coordinador de la investigación, el doctor Guillén, quien ha corroborado los informes presentados por la Estación Biológica Internacional.

Ante este hecho, han pedido a la administración que "ataje esta situación ahora que aún hay tiempo" y es que creen que a día de hoy hay posibilidad de reversión, si se actúa, además de afirmar que el estado del agua no tiene relación con las cenizas de los incendios sufridos en la zona.

Para ellos la solución pasa por la paralización de los vertidos y han recordado al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que su misión es la de proteger.

Por último, han explicado que la puesta en marcha de las depuradoras por parte de la Junta después de tantos años, así como las reparaciones de urgencia, "son un paso positivo pero insuficiente y evidencian un reconocimiento del problema".

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