El Gobierno Vasco regula los vertidos al mar, que serán controlados por la Agencia Vasca del Agua

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Sobre la Entidad

Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco es el gobierno autonómico del País Vasco (España).
  • El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que regula los vertidos efectuados desde tierra al mar y establece la reglamentación que determina los límites de vertido, el canon de vertido y el llamado Protocolo Opcional de SeguimientoLos límites de vertido tienen como objetivo la prevención del deterioro del estado de las masas de agua y la reducción progresiva de la contaminación por sustancias peligrosas prioritarias.
  • El canon de vertido da cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua respecto a la recuperación de los costes ambientales de las afecciones al medio.
  • El establecimiento del Protocolo opcional de seguimiento incentivará a los titulares de los vertidos a colaborar en la reducción de los vertidos y a procurar la mejora cualitativa de los mismos, posibilitando la liquidación del canon de vertido a la luz del vertido real —cuantitativo y cualitativo—constatado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula los vertidos efectuados desde tierra al mar y establece diversas medidas administrativas en materia de autorización y régimen ambiental con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales del Plan Hidrológico. Según explica el decreto elaborado por los departamentos de Hacienda y Medio Ambiente y Política Territorial, todos los vertidos requieren una autorización administrativa que tiene como objetivo la consecución del buen estado de las masas de aguas y de las zonas protegidas.

En el caso de vertidos contaminantes la persona o entidad peticionaria de la autorización deberá justificar previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos.

La Agencia Vasca del Agua-URA tramitará y resolverá los procedimientos de autorización de vertido

La Agencia Vasca del Agua-URA tramitará y resolverá los procedimientos de autorización de vertido. Según el decreto quedan prohibidos todos los vertidos, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que realizados de forma directa o indirecta desde tierra al mar no cuenten con la correspondiente autorización administrativa. Asimismo no podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente.

El objeto del Decreto sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar es completar el marco jurídico que debe afectar a los vertidos desde tierra a mar, incluidos los vertidos en las rías, tanto desde el punto de vista administrativo y ambiental, como desde el punto de vista tributario y sancionador.

El Decreto incorpora los fundamentos de la Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre de 2008 relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y su transposición a la normativa estatal conforme al Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de las aguas, e incide directamente en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que incorpora, dentro de sus objetivos ambientales, la prevención del deterioro del estado de todas las masas de agua superficiales y la reducción progresiva de la contaminación procedente de sustancias prioritarias impidiendo o suprimiendo los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

El decreto determina el régimen de autorización de los vertidos al medio; se autorizarán con arreglo a los valores límites de emisión y acorde a los objetivos medioambientales fijados para el medio receptor. Los límites de emisión se refieren a concentraciones máximas, sin que pueda superarse el valor señalado.

Asimismo se reglamenta el canon de vertido (previsto en el artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), dando cumplimiento a la Directiva Marco del Agua en lo relativo a la recuperación de los costes ambientales de las afecciones al medio.

El Decreto aporta una novedad adicional: el establecimiento del Protocolo opcional de seguimiento, encaminado a incentivar a los titulares de los vertidos a colaborar en la reducción de los vertidos y en la mejora cualitativa de los mismos.

La forma de procedimiento con los titulares que voluntariamente se adscriban al mismo consistirá básicamente en la liquidación del canon de vertido anual en función de la emisión real al medio, independientemente de los límites máximos recogidos en la pertinente autorización. Ello conllevará unos controles de vertidos concertados más rigurosos.

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